Se le notificó la
orden de arresto por rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia
a la autoridad
y prevaricación.
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| Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat de Cataluña |
Mundo - El
expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos en
Bélgica se han entregado voluntariamente a las 9.17 (hora de España) en una
comisaría de Bruselas, donde se les notificó la orden europea de arresto que
pesa contra ellos por rebelión, sedición, malversación de fondos, desobediencia
a la autoridad y prevaricación.
La Fiscalía de lBruselas ha confirmado en rueda
de prensa que los políticos independentistas se han personado en las céntricas
dependencias policiales situadas en el número 202 de la rue Royale, tal como
habían pactado con las autoridades judiciales.
Desde allí se han trasladado hasta el edificio de la
fiscalía, donde se encuentran en estos momentos detenidos en compañía de sus
abogados. Esta tarde se les tomará declaración uno a uno en presencia de un
intérprete, dado que Puigdemont y sus exconsejeros han elegido que la audiencia
ante el juez se desarrolle en neerlandés, el idioma del letrado que les
representa en Bélgica, Paul Bekaert.
Con su entrega voluntaria, los miembros del Govern han
evitado la imagen de su arresto por parte de la policía. Ahora se inicia un
proceso que puede demorarse en torno a tres meses. El juez tendrá un máximo de
24 horas —hasta las 9.17 del lunes— para decidir entre dos opciones: mantener a
Puigdemont y sus compañeros del Govern en prisión provisional mientras la
justicia belga decide sobre la euroorden, o dejarlos en libertad bajo ciertas
condiciones como la imposibilidad de viajar o el pago de una fianza. También
otras que dificultarían que Puigdemont hiciera campaña desde Bélgica: "El
juez podría considerar que no debe tener contacto con los medios de
comunicación. Le corresponde a él decirlo", ha señalado el portavoz de la
fiscalía.
Después será el turno de la Cámara del Consejo, la primera
instancia judicial. Tendrá 15 días para pronunciarse sobre su entrega a la
justicia española, pero su decisión podrá ser recurrida sucesivamente ante la
Corte de Apelación y la de Casación, lo cual permitiría a Puigdemont seguir en
Bélgica hasta enero o febrero y hacer desde allí la campaña de unas elecciones
para las que se ha propuesto como candidato y ha pedido una lista unitaria
independentista. El organismo ha negado cualquier presión política sobre el
proceso: "Desde que recibimos la orden no hemos tenido ningún contacto con
ningún ministro de Bélgica ni de España".
Los abogados de Puigdemont y de los exmiembros de su
gabinete que siguen en Bruselas, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí
(Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) habían
mantenido contacto con las autoridades judiciales belgas para concretar cómo se
realizaría la entrega. "En casos mediatizados y en los que sabemos dónde
está la persona, a veces no es necesario un despliegue de fuerza si está
dispuesta a entregarse voluntariamente", ha explicado la fiscalía..Gonzalo
Boye, letrado de Comín y Serrell, ha destacado su actitud de colaboración.
"Nos personamos voluntariamente en la Audiencia Nacional y, ahora, ante
autoridades belgas. No hay miedo a la justicia sino a la injusticia".
Si los acusados aceptaran ser juzgados en España, el proceso
se aceleraría y serían entregados a las autoridades españolas en breve. Pero
esa opción es del todo improbable. Como remarcó la última vez que se ha dejado
ver, durante la entrevista a la televisión pública belga, el expresidente no
cree en la imparcialidad de la justicia española. “Está politizada. No hay
garantías de un juicio justo e independiente", aseguró. En el estudio de
la televisión francófona, Puigdemont dijo querer ser juzgado por "la
justicia verdadera", una categoría en la que no incluye a la española.
El expresidente había reiterado en los últimos días su
disposición a cooperar y no había mostrado intención alguna de resistirse.
"Estamos dispuestos a colaborar plenamente con la justicia belga con
respecto a la orden de arresto europea emitida por España", afirmó ayer
sábado en un mensaje publicado en neerlandés en su cuenta de Twitter, señal
inequívoca de que pensaba acudir voluntariamente a que le tomen declaración.
El experto en extradiciones Paul Bekaert, antiguo defensor
de presos etarras, ha mostrado la misma desconfianza hacia la justicia española
que su cliente. Planea utilizar como argumentos para paralizar su entrega el
riesgo de que en España no se respeten los derechos fundamentales y la
imposibilidad de un juicio justo. El titular de Justicia belga ha querido
alejar cualquier sospecha de interferencia del Gobierno de su país en el
proceso. "El poder ejecutivo no juega ningún papel en el procedimiento.
Todo se desarrolla mediante contactos directos entre autoridades judiciales",
afirmó en un comunicado la noche del viernes.
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