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| Por Gabriel Profiti |
El fallo de la Corte Suprema que avaló la aplicación del 2x1
para un condenado por delitos de lesa humanidad volvió a pinzar un nervio muy
sensible de la sociedad argentina.
Una decisión de tamaña implicancia, que podría deparar la
libertad de represores emblemáticos, fue adoptada por el máximo tribunal por
una mayoría estrecha (3 a 2), es decir que tiene un vicio de origen: su
condición de discutible.
Los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y
Horacio Rosatti aplicaron el criterio de la "ley más benigna" al
beneficiar con el 2x1 a un imputado por delitos de lesa humanidad, pero los
otros dos miembros de la Corte, su presidente Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos
Maqueda consideraron que esa interpretación "es insuficiente para dar una
solución adecuada a un tema de indudable relevancia institucional".
Además de los esperados rechazos de organismos de Derechos
Humanos, el kirchnerismo y la izquierda; el Gobierno y prácticamente todo el
arco político discreparon con la decisión. La objeción hermanó a sectores
enfrentados.
En la Justicia también había disidencias con la decisión del
máximo tribunal por ésa y otras razones, como la vigencia de la ley 24.390 del
2x1 derogada en 2001.
Algunos conceden que la norma no excluyó a los acusados por
delitos contra la humanidad como adujeron Highton, Rosatti y Rosenkrantz.
Una primera reacción de fiscales y magistrados fue postergar
decisiones o considerar que el fallo no es aplicable a otros casos.
Lo hicieron al rechazar planteos de abogados de represores
que se apuraron a pedir el mismo tratamiento que el favorecido por la Corte,
Luis Muiña, un civil condenado por su actuación en la desaparición de personas
en el Hospital Posadas.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) se negó a aplicar el
fallo al caso de Héctor Girbone, condenado por robo de bebés y al obstetra en
la ESMA, José Luis Magnacco.
Una resolución similar - aunque preliminar- adoptó el TOF 2
de Mendoza ante un planteo del expolicía Norberto Mercado, quien está detenido
desde 2012.
No está claro el alcance de la "rebelión" y si
propiciará una aplicación restrictiva de la resolución.
Un camarista reconoció en privado que "es complicado
desobedecer a la Corte pero el fallo es flojo jurídicamente" y "su
conclusión desnaturaliza la pena para este tipo de delitos".
La posibilidad de que la decisión sea revertida en el
exterior es limitada: otro pronunciamiento reciente de la Corte Suprema señala
que un tribunal internacional no puede actuar como instancia revisora de sus
sentencias.
El fallo colocó en una posición incómoda a la administración
macrista, que viene siendo acusada de querer tender un manto de impunidad sobre
los delitos de lesa humanidad.
Los dirigentes de Derechos Humanos, enrolados en el
kirchnerismo, y la oposición más dura acusaron al Gobierno de estar detrás de
la resolución tomada por Highton, Rosenkrantz y Rosatti, los dos últimos
promovidos por el Gobierno.
Como es bien sabido, la lucha para que la Justicia condene a
los responsables del Terrorismo de Estado fue larga y dura, hasta que el
kirchnerismo lo tomó como bandera, muchas veces de manera sesgada y partidista,
pero las causas avanzaron.
Desde el 10 de diciembre de 2015, el Ejecutivo concedió el
marco para una "desaceleración" judicial en esta materia, poniendo en
tela de juicio algunos ángulos de la política de Memoria, Verdad y Justicia.
Entre otras cosas, el Presidente habló del "curro de
los Derechos Humanos" generalizando el caso de corrupción detectado bajo
un programa de construcción de viviendas de las Madres de Plaza de Mayo; luego
quiso hacer movible el feriado del 24 de Marzo y el jefe de la Aduana, Juan
José Gómez Centurión, llegó a negar que haya habido un plan genocida durante la
dictadura.
En ese contexto de heridas reabiertas, la Iglesia formuló
una convocatoria a escuchar testimonios de familiares de víctimas de la
represión ilegal y de militares, a fin de impulsar una
"reconciliación" por lo ocurrido durante la última dictadura.
Evidentemente no es el momento para intentarlo.
¿Cristinismo sin
Cristina?
El camino a las elecciones va despejándose.
Tras la decisión de Elisa Carrió de competir en la Ciudad de
Buenos Aires, ahora Cristina Kirchner pareció excluirse como candidata en las
próximas elecciones, uno de los grandes interrogantes pendientes.
Al menos eso respondió cuando le pidieron que
"vuelva" durante un acto ante dirigentes sindicales que significó su
reaparición pública en Buenos Aires, antes de emprender un viaje con agenda
limitada por Grecia y Bélgica.
No obstante, como suele ocurrir con la exmandataria, la
respuesta no fue tajante y algunos dirigentes salieron a negar que su jefa se
haya bajado de la contienda.
Horas antes de esa disertación en el gremio SADOP, Cristina
había encabezado una reunión con el núcleo duro del kirchnerismo bonaerense que
incluyó a 17 intendentes.
Entre los asistentes sobresalieron Martín Insaurralde (Lomas
de Zamora) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), quienes formaron parte del
Grupo Esmeralda, la escudería del PJ que impulsó la renovación partidaria luego
de la derrota electoral.
El objetivo de la reunión fue mostrar poder territorial y
obligar a Florencio Randazzo a integrar una lista de unidad con el kirchnerismo
duro.
El oriundo de Chivilcoy mantiene su intención de competir en
las primarias.
Esa pulseada concentrará todas las miradas en los próximos
meses.
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