“La ley actual es un espanto; es una ley de Videla”, dijo
el ministro de
Justicia, Germán Garavano.
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| Los ministros Garavano y Bullrich presentaron el proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil. |
Nacionales - El
Gobierno dio inicio formal el jueves a la cruzada por el nuevo del Régimen
Penal Juvenil e insistió con su intención de enmarcar la baja de la edad de
imputabilidad en una reforma más amplia, que a pesar de los planes iniciales
podría discutirse en el Congreso antes de las elecciones, si se logra un
consenso generalizado.
El primer encuentro con especialistas fue encabezado por los
ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes
al finalizar ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las
comisiones de Legislación Penal de Diputados, Gabriela Burgos, y del Senado,
Pedro Guastavino.
Garavano informó que, según se acordó en la reunión, “la
discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años “será el último
punto” del debate, que se disparó luego del asesinato del joven Brian Aguinaco
en el barrio porteño de Flores.
En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es
un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año ‘80, de la dictadura,
tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los
jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención
más activas por parte del Estado”.
Además, no descartó que el proyecto de ley que surja de la
ronda de consultas se trate finalmente en el Parlamento antes de las elecciones
de octubre, lo que atravesaría fuerte las campañas de los candidatos.
“Si se construye previamente consenso con los distintos
actores o si los partidos políticos quieren discutirlo en el Parlamento,
nosotros no tenemos problemas. Lo que es importante es generar bases para
saldar esta deuda que tenemos con la democracia”, explicó Garavano en diálogo
con la prensa.
Por su parte, en la conferencia, Bullrich remarcó la
importancia de avanzar en un “régimen de contención socioeducativo y de salud”
y advirtió: “El encierro es una medida extremísima, pero luego están medidas
como la reparación del daño”.
“Este es un tema que cruza a toda la sociedad, que involucra
a la Justicia, a las provincias, a las intendencias, a los organismos de niñez,
a los jueces de menores y al Parlamento. Será el Congreso el que resuelva el
tema final”, dijo la ministra, quien destacó en esta discusión “un avance
democrático muy importante”.
Por su parte, Guastavino recordó que “el Senado en 2009 dio
media sanción a un proyecto de ley por amplísima mayoría”, el cual será
utilizado como base para la redacción del nuevo Régimen Penal Juvenil.
De la reunión también participó el subsecretario de Política
Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín
Casares, quien en diálogo con Radio Nacional opinó que “es imprescindible
modificar la ley” penal juvenil, pero que también será necesario “dotar de
recursos al sistema” para no quedar “con una discusión solamente normativa”.
“Queremos un sistema que permita avanzar en la
responsabilidad penal juvenil, que el que comete un acto ilícito y comprende la
criminalidad se pueda hacer responsable, porque sino no podemos avanzar en la
sanción ni en que se pueda volver a integrar a la sociedad”, indicó Casares.
Asimismo, fueron de la partida el ministro de Justicia de la
provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, el senador Rodolfo Urtubey (PJ-Frente
para la Victoria) y la diputada Mónica Litza (Frente Renovador-UNA), ambos
especialistas en derecho penal y procesal, además de representantes del Poder
Judicial y de organizaciones civiles.
Según un esquema de trabajo difundido por el Ministerio de
Justicia, el proyecto debe estar “enfocado en la prevención y en la integración
social” y “no en el castigo”, y en este sentido se propone un “abordaje
integral” para los jóvenes en conflicto con la ley, que tenga como ejes la
escolaridad, los deportes, el tratamiento de las adicciones, una formación con
salida laboral y contención psicológica.
Por eso, buscan analizar no sólo la edad de imputabilidad,
sino también “medidas alternativas al proceso judicial”, “una Justicia
especializada”, “medidas alternativas a la privación de la libertad”, “las
condiciones de los centros de detención” y “sanciones adecuadas a los jóvenes”.
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