viernes, 13 de enero de 2017

Régimen Penal Juvenil / “Deuda con la democracia”

“La ley actual es un espanto; es una ley de Videla”, dijo 
el ministro de Justicia, Germán Garavano.

Los ministros Garavano y Bullrich presentaron el
proyecto de ley sobre Régimen Penal Juvenil.
Nacionales - El Gobierno dio inicio formal el jueves a la cruzada por el nuevo del Régimen Penal Juvenil e insistió con su intención de enmarcar la baja de la edad de imputabilidad en una reforma más amplia, que a pesar de los planes iniciales podría discutirse en el Congreso antes de las elecciones, si se logra un consenso generalizado.

El primer encuentro con especialistas fue encabezado por los ministros de Justicia, Germán Garavano, y de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes al finalizar ofrecieron una conferencia de prensa junto a los titulares de las comisiones de Legislación Penal de Diputados, Gabriela Burgos, y del Senado, Pedro Guastavino.

Garavano informó que, según se acordó en la reunión, “la discusión sobre la edad de imputabilidad” de 16 a 14 años “será el último punto” del debate, que se disparó luego del asesinato del joven Brian Aguinaco en el barrio porteño de Flores.

En la previa, el funcionario consideró que “la ley actual es un espanto” porque “es una ley de (Jorge) Videla, del año ‘80, de la dictadura, tiene más de 36 años y es una ley paternalista que no le reconoce derecho a los jóvenes, que no les permite a los jueces hacer un abordaje con una intervención más activas por parte del Estado”.

Además, no descartó que el proyecto de ley que surja de la ronda de consultas se trate finalmente en el Parlamento antes de las elecciones de octubre, lo que atravesaría fuerte las campañas de los candidatos.

“Si se construye previamente consenso con los distintos actores o si los partidos políticos quieren discutirlo en el Parlamento, nosotros no tenemos problemas. Lo que es importante es generar bases para saldar esta deuda que tenemos con la democracia”, explicó Garavano en diálogo con la prensa.

Por su parte, en la conferencia, Bullrich remarcó la importancia de avanzar en un “régimen de contención socioeducativo y de salud” y advirtió: “El encierro es una medida extremísima, pero luego están medidas como la reparación del daño”.

“Este es un tema que cruza a toda la sociedad, que involucra a la Justicia, a las provincias, a las intendencias, a los organismos de niñez, a los jueces de menores y al Parlamento. Será el Congreso el que resuelva el tema final”, dijo la ministra, quien destacó en esta discusión “un avance democrático muy importante”.

Por su parte, Guastavino recordó que “el Senado en 2009 dio media sanción a un proyecto de ley por amplísima mayoría”, el cual será utilizado como base para la redacción del nuevo Régimen Penal Juvenil.

De la reunión también participó el subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Casares, quien en diálogo con Radio Nacional opinó que “es imprescindible modificar la ley” penal juvenil, pero que también será necesario “dotar de recursos al sistema” para no quedar “con una discusión solamente normativa”.

“Queremos un sistema que permita avanzar en la responsabilidad penal juvenil, que el que comete un acto ilícito y comprende la criminalidad se pueda hacer responsable, porque sino no podemos avanzar en la sanción ni en que se pueda volver a integrar a la sociedad”, indicó Casares.

Asimismo, fueron de la partida el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, el senador Rodolfo Urtubey (PJ-Frente para la Victoria) y la diputada Mónica Litza (Frente Renovador-UNA), ambos especialistas en derecho penal y procesal, además de representantes del Poder Judicial y de organizaciones civiles.

Según un esquema de trabajo difundido por el Ministerio de Justicia, el proyecto debe estar “enfocado en la prevención y en la integración social” y “no en el castigo”, y en este sentido se propone un “abordaje integral” para los jóvenes en conflicto con la ley, que tenga como ejes la escolaridad, los deportes, el tratamiento de las adicciones, una formación con salida laboral y contención psicológica.

Por eso, buscan analizar no sólo la edad de imputabilidad, sino también “medidas alternativas al proceso judicial”, “una Justicia especializada”, “medidas alternativas a la privación de la libertad”, “las condiciones de los centros de detención” y “sanciones adecuadas a los jóvenes”.

Informe: Parlamentario.com

0 comentarios :

Publicar un comentario