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| Por Rubén Blades (*) |
Desde mediados del año 2015, cuando la operación "Lava
Jato" desató el escándalo de Odebrecht en Brasil, al revelarse el
constante pago de coimas a figuras públicas para obtener contratos
gubernamentales, se reciben cada más y más evidencias de actos ilícitos
adicionales, instigados o aceptados por ese grupo y ejecutados a través de una
asociación criminal compuesta por empresas privadas, burócratas y políticos, a
nivel internacional.
En Panamá, el proceso de identificación de la participación
de la corrupción gubernamental en el saqueo de las arcas nacionales, había
empezado un poco antes con múltiples denuncias, investigaciones y detenciones
de funcionarios y políticos del pasado gobierno 2009-2014, y de sus cómplices
en el sector económico privado, incluyendo a pseudo-empresarios e
intermediarios por ellos utilizados para la comisión de sus propósitos
criminales.
En Brasil, decenas de ejecutivos de la empresa Odebrecht
fueron interrogados y muchos comenzaron a establecer acuerdos con la justicia,
esperanzados en que su cooperación para probar la red de corrupción de la
empresa los ayudaría a obtener sentencias mas leves por su participación en el
ilícito. En Panamá, que yo recuerde, no hubo una reacción oficial inmediata a
los reportes emanados desde el Sur. Por el contrario, la constructora, que ya
había obtenido millonarios contratos en el país, continuó participando en las
licitaciones para obras públicas y ganándolas, como si los hechos del Brasil
estuvieran sucediendo en otra galaxia.
Aparentemente, a nadie en Panama se le ocurrió considerar la
posibilidad de que la empresa, a pesar de ya estar siendo investigada por
corrupción en esos precisos momentos en el Brasil, pudiese continuar sus prácticas
ilegales internacionalmente, incluso aun pagando coimas por los contratos
licitados y aun presentando a sus clientes un costo total de obra y de labor
falsos.
Recientemente, según lo que reportan los medios, como
resultado de una acción judicial del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, surge la noticia de que, efectivamente, los personeros de Odebrecht en
Brasil han admitido que la empresa no solo es culpable de cohecho en Brasil
sino que igualmente entregó sobornos a políticos en diversos países de
Latinoamérica, entre ellos Panamá. La suma entregada a los funcionarios
panameños sobornados, según el ejecutivo de Odebrecht, fue de 59 millones de
dólares. La primera reacción en nuestro país fue la de demonizar a Odebrecht, y
con justa razón. Pero una vez manifestada nuestra repulsión, lo normal es mirar
hacia el otro extremo de la dupla sobornador-sobornado. ¿Cómo y cuándo vamos a
identificar a nuestros demonios internos? ¿Vamos a saber quiénes cobraron la
coima y hurtaron los fondos públicos? ¿Quiénes traicionaron al país por
codicia? ¿Quiénes son, donde viven? Y los 59 millones pagados, que seguramente
no representan la totalidad de lo hurtado, coimeado, negociado: donde están
ocultos?
Lo cierto es que, nuevamente, nos hallamos ante una
encrucijada racional: si no identificamos y enjuiciamos, bajo el sistema penal
de nuestro país, a los que han sido señalados internacionalmente como
receptores de los sobornos, ¿en qué queda el asunto? Porque si dentro de un
tiempo no los hemos identificado y procesado, vamos a quedar otra vez señalados
ante el mundo como un país de maleantes y donde existe una total impunidad para
el crimen, la confirmación de que todo lo sugerido por los mal llamados
"Panama Papers" es cierto y aun, peor en sus efectos.
Por el momento, como es una penosa realidad en nuestras
sociedades, estamos en un limbo judicial, y como consecuencia de ello, en la
mítica "Babia". En Panamá habrá más de uno, estoy seguro, que
considera que podrá evadir su responsabilidad como generalmente ocurre, si es
capaz de soportar la inicial batahola mediática que caracteriza a las primeras
semanas de cualquier escándalo.
Yo abrigo la esperanza de que esta vez no será así. Es
imposible que vuelva a repetirse el asalto a la ciudadanía, sin que haya
reacción. Y por otro lado, ya las investigaciones están andando en Estados
Unidos, en Brasil y en Suiza, para mencionar solo tres jurisdicciones, y tarde
o temprano tendremos acceso a las identidades y a los hechos, igual que
sabremos cuáles autoridades les otorgaron la impunidad, como parte de la
memoria oficial de los procesos.
Su participación delictiva formará parte del récord público
y, por ende, accesible al interés de terceros.
En Panamá, como parte de nuestra cultura, poco acostumbramos
a analizar los hechos desde la realidad objetiva. Preferimos exhibir una condescendencia
a veces hipócrita, quizás porque las autoridades nos han acostumbrado a que, en
el campo político, el que acusa normalmente es el que termina siendo
investigado. Lo cierto es que ya no podemos continuar viviendo de mentiras, de
concesiones y de eufemismos sin pagar un precio internacional por ello
Les entrego una serie de consideraciones que debe hacerse la
ciudadanía, de manera responsable, para preservar el uso correcto de nuestros
impuestos. Sobre todo porque los dos últimos gobiernos -si los números que he
leído son ciertos- han doblado la deuda del país. Hasta el 2009, la deuda
pública era de 9,977 millones de dólares. El gobierno de Martinelli la aumentó
hasta 17,668 millones de dólares. A noviembre de 2016, ya el gobierno de Varela
había subido la deuda pública a 21,542 millones de dólares. Es decir, entre los
dos últimos gobiernos ya van más de 11,000 millones de dólares en deuda
pública. En medio de todo este escándalo de coimas, ¿sabe cuánto representa una
coima del 30% por 10,000 millones? La pérdida material para el país sería de
tres mil millones de dólares.
1. ¿Cuál puede ser la razón para pagar coimas? Inicialmente,
para agilizar los procesos y/o para que la empresa gane el contrato;
posteriormente, para que se acepten y renegocien sobreprecios, o para que se
pase por alto la supervisión requerida; también para evitar paros, huelgas, o
sabotaje por parte de grupos sindicales y gremiales;
2. ¿Preferirían las empresas competir en licitaciones
equitativamente, sin tener que pagar coimas? Indudablemente que las empresas
legítimas y honestas, que saben que para ganar dinero hay que trabajar,
preferirían el juego limpio. Pero, cuidado con esas empresas fabricadas
súbitamente, por intermediarios con acceso a figuras del gobierno, o por corruptos
dentro del sector privado, con el exclusivo propósito de participar para hurtar
lo posible de ser hurtado;
3. Si, de hecho, la coima representa un sobreprecio, ¿Cuál
es entonces el precio real de la obra? ¿Quién lo verifica?
4. ¿Existirá entre los políticos una tarifa uniforme de
coimas? ¿Es automática, se solicita, se ofrece? ¿Está vigente?
5. ¿Es acaso capaz nuestro actual sistema judicial, de
investigar adecuada y objetivamente un sistema de criminalidad administrativa
organizado e institucionalizado en nuestros países, desde hace mucho tiempo?
Lo dudo mucho.
6. ¿Hubo o hay indicios de coima en los proyectos del Metro,
que valen miles de millones? ¿Se investiga esto hoy?
7. ¿Qué significa la cifra de "175 millones"? Si
representa el total de algunos contratos obtenidos, la coima de los 59 millones
de dólares fue de casi 34%. Pero si la cifra de 175 millones solo representa
las utilidades de la empresa, ¿Cuáles son los proyectos involucrados en esos
pagos? En que años, bajo cuales administraciones? ¿Y qué de los proyectos
posteriores, los que sumaron miles de millones de dólares? Cuanto se pagó por
esos, a quienes y cuándo?
8. ¿Cómo y quienes devolverán lo que nos hurtaron? No se
puede permitir, ahora ni nunca, que se queden con lo hurtado a la ciudadanía,
una vez comprobado el hecho. En principio, considero a Odebrecht la directa
responsable por cada centavo perdido por nuestro país y por nosotros, los
contribuyentes. Esa empresa asumirá la perdida?
Que sea ella entonces la que, después de pagarle al Tesoro
Nacional de Panama, vaya a reclamarle el retorno de sus coimas, por la via que
considere necesaria, a los que ella beneficio con su cohecho.
9. Si Estados Unidos y Brasil no hubiesen investigado y
hecho pública su intervención, quizás nunca hubiéramos sabido con certeza en
Panamá cuanto nos estaban hurtando los políticos, ni sus identidades. ¿Cómo
vamos a hacer con los casos que no sean investigados afuera? Que grupo en Panama
judicialmente se encargara de esto?
Con que recursos humanos y apoyos económicos piensa el
Ejecutivo apoyarlos? Los va a apoyar, correcto?
10. ¿Y ahora, cómo sabemos si solo se pagaron 59 millones y
no más? ¿Se está investigando en Panamá, una por una y de manera total, cada
inversión estatal y cada Mega proyecto en que participó Odebrecht, desde el
2004?
11. Ahora que sabemos el modus operandi, ¿se revisaron las
normas de contratación pública actuales para licitar?
12. Si lo denunciado en 2009-14 es comprobado, ¿Se está
investigando, o se investigará, si el actual presidente participó también en
actos ilícitos, por acción u omisión, durante su gestión vice-presidencial en
ese periodo?
13. El Presidente de la República, en su informe a la
Nación, habló de billones de dólares en obras; ¿Se ha realizado una revisión
pública para determinar cómo se elaboraron los presupuestos de esas obras públicas?
Sobre cómo se otorgaron las licitaciones para tales obras?
14. ¿Cuáles áreas del sistema de administración pública
ofrecen mayor vulnerabilidad a las posibilidades de hurto y de peculado? ¿Qué
se está haciendo para eliminar esos riesgos? ¿Quién supervisa esta tarea?
15. ¿Qué responsabilidad tienen los partidos políticos en
todo esto? ¿Cómo proponen evitar que se repita todo esto, para que el panameño
común no siga pagando el dinero que se roban los políticos y perdiendo acceso a
su futuro?
(*) Cantante,
compositor, músico, actor, abogado y excandidato presidencial de Panamá.
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