jueves, 17 de noviembre de 2016

IMPUTAN A LA MADRE DE CRISTINA KIRCHNER

La investigación se extenderá a todos los miembros de la cooperativa El Aldabón por “presunta simulación” contractual.

Ofelia Wilhelm, imputada por el fiscal Jorge Di Lello.
Judiciales - El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó este jueves una investigación a los miembros de la cooperativa El Aldabón, que integra, entre otros, la madre de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Ofelia Willhelm, así como a los directores y funcionarios del Correo Argentino cuando se firmó ese convenio para la distribución de correspondencia.

La requisitoria del fiscal pidió además los legajos de la Inspección General de Justicia para verificar en qué época se firmó el convenio dado que un directivo de la cooperativa aseguró que el acuerdo se habría rubricado cuando el Correo estaba concesionado a la empresa Socma, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri.

Se trata de la denuncia que presentó la diputada Elisa Carrió luego del informe del programa televisivo Periodismo para Todos pidiendo que se investigara una presunta "simulación contractual" entre la cooperativa y Arba para un desvío de fondos en detrimento del Correo Argentino.

El convenio era por un servicio conocido como "finishing", consistente en el empaquetado y distribución de piezas postales de la empresa recaudadora bonaerense por un monto de 61 millones de pesos, que la denuncia pide que se verifique si se realizó.

El grupo Socma se hizo cargo del Correo en 1997 hasta que fue reestatizado en 2003 luego de que entrara en convocatoria de acreedores.

El titular de la cooperativa, Franco Cuturis, declaró que el primer acuerdo había sido firmado con Socma "y nunca se interrumpió" hasta que en el 2011 y admitió que la madre de la ex presidenta, hoy de 87 años, actuaba como síndica suplente de la entidad, constituida por jubilados.

Según la denuncia, El Aldabón se constituyó 1994 con un artilugio para que empleados de la ex Dirección Provincial de Rentas (hoy Arba) pidieran repartir boletas de organismos en horas libres y "hacer un extra".

El caso habría sido investigado por el fiscal Carlos Stornelli luego de que le llamara la atención que la cooperativa, "sin licencia de operador postal, reclamara este año un pago de 61 millones y haya tenido el año pasado un nuevo contrato aprobado por 147 millones de pesos".

Di Lello pidió copia de los convenios firmado entre la cooperativa y el Correo, así como la nómina de directores y autoridades en atención "a la discrepancia en cuanto a la época en que se firmó el convenio".

Informe: Télam

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