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| Por Gabriel Profiti |
La inseguridad volvió a ser la principal preocupación de los
argentinos, la provincia de Buenos Aires volverá a ser clave en las elecciones
de 2017 -y en adelante- y las fuerzas federales regresarán a las zonas
calientes del territorio bonaerense.
La secuencia, casi lógica, supone un cambio sobre la marcha respecto
del diseño que el Gobierno nacional había realizado de la política de seguridad
y la lucha contra el narcotráfico y está enmarcada por urgencias políticas y
fuertes internas.
Así como en los aumentos tarifarios de los servicios
públicos, la Casa Rosada debió recular en la intención de que las fuerzas
federales se ocupen de sus menesteres específicos como la atención de delitos
federales complejos o de las fronteras. Puntualmente, de la lucha contra el
narcotráfico.
En los procesadores de tendencias, imagen y prioridades del
oficialismo, que capitanea el asesor presidencial Jaime Durán Barba, no pasaron
por alto encuestas reveladoras de que la inseguridad volvió al tope de las
prioridades argentinas.
Así fue prácticamente en los últimos diez años, pero durante
el primer tramo de gobierno macrista la corrupción y distintas variables de una
economía convaleciente habían relegado al delito a un segundo o tercer plano.
Hasta que homicidios resonantes y casos de justicia por mano propia ganaron la
agenda nacional.
Ejemplos: un sondeo de Raúl Aragón & Asociados indicó
que para un 45,6% de los bonaerenses el principal problema es la inseguridad,
seguido por la inflación (16,9%) y la desocupación (12%); mientras que otro
realizado por la UADE y Voices reveló que el 79% de los argentinos no confía en
la policía.
Tiempos violentos
En el Ministerio de Seguridad nacional señalan que el número
de delitos se mantiene de estable a decreciente en el último año, pero cada vez
son más los hechos violentos, protagonizados por asaltantes que atacan
alcoholizados o drogados.
Con esos datos, el macrismo volvió a tirar de la manta
corta. Después de haber recibido el reclamo de varios intendentes del Conurbano
-donde los casos de homicidio en ocasión de robo más que duplican a la media
nacional- la gobernadora María Eugenia Vidal planteó al presidente Mauricio
Macri la necesidad de que los gendarmes vuelvan al terreno de manera urgente.
Vidal viene denunciando que las policías municipales
-creadas por Scioli como un trampolín hacia la Casa Rosada en el último tramo
de su Gobierno- tienen múltiples falencias, pero al mismo tiempo no hay
solución inmediata para el problema.
La recreación del operativo Centinela que el kirchnerismo
puso en marcha en 2009 -con otro nombre-, 2010 y 2013 se preparaba para fin de
año, cuando las fiestas exacerban tensiones sociales y aclimata a agitadores,
pero finalmente fue adelantado.
En la reunión llevada a cabo en la Casa de Gobierno quedaron
expuestas las diferencias entre la ministra de Seguridad nacional, Patricia
Bullrich y su par bonaerense, Cristian Ritondo. Son conocidos también los
cortocircuitos entre la ex diputada y su número dos, Eugenio Burzaco.
La intención de Bullrich era continuar con el blindaje de
las fronteras, pero el nuevo operativo busca ahora blindar a Vidal, estrella
electoral macrista.
La gobernadora es la dirigente con mejor imagen del país,
pero su figura está expuesta en un distrito caliente, que pone en juego la
mayor cantidad de bancas para el Congreso nacional y donde la oposición va a
jugar cartas fuertes en 2017.
El operativo implica que unos seis mil efectivos de la
Gendarmería, la Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad
Aeroportuaria vuelvan al Conurbano y zonas calientes alejadas del primer cordón
que bordea a la Ciudad de Buenos Aires en operativos de control o vigilancia.
En el trasfondo del nuevo esquema tambien se encuentra el
problema que la gobernadora enfrenta con la Policía Bonaerense, una fuerza en
la que muchos de sus jefes se acostumbraron durante años a trabajar con
"cajas negras" de recaudación.
El plan sorprendió en algún punto a los responsables de las
distintas fuerzas de seguridad nacionales, que habían tomado el caso Rosario y
Santa Fe como un "conejillo de indias" del nuevo trabajo en el
terreno bajo la conducción del macrismo.
En Santa Fe, incluso, se había hablado de la posibilidad de
una intervención de la Policía provincial para que el trabajo de coordinación
con las fuerzas nacionales sea más aceitado, pero el gobernador Miguel
Lifschitz lo rechazó.
Así, las cuatro fuerzas federales desembarcaron en Rosario
sin grandes anuncios ni precisiones. Si bien los vecinos quieren ver a los
gendarmes en su cuadra, la intención es concentrarse en la inteligencia
criminal dentro de un distrito cuyas instituciones parecen haber sido permeadas
por los narcos.
El jefe de Gobierno porteño anunció esta semana la Policía,
surgida a raíz de la fusión de la Metropolitana y de los efectivos de la
Federal que fueron transferidos a la órbita porteña. Allí también hay mar de
fondo: unos 500 agentes que se niegan a ser transferidos de la Federal a la
Porteña ya iniciaron consultas en estudios de abogados para litigar contra el
Estado.
El problema es nacional, pero las fuerzas federales son
finitas. Tras la llegada a Santa Fe, otros gobernadores se apuraron a pedir
refuerzos como Juan Manzur (Tucumán), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo
Cornejo (Mendoza), Juan Schiaretti (Córdoba) y Carlos Verna (La Pampa). El jefe
de Gabinete y presidente bis, Marcos Peña, fue el encargado de anticipar públicamente
que el cupo está agotado.
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