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| Por Gabriel Profiti |
La confirmación oficial de que uno de cada tres argentinos
es pobre parece haber acercado al Gobierno, la CGT y los empresarios para
sentar las bases de un demorado acuerdo social y productivo.
Esa búsqueda de consensos, a la que el Poder Ejecutivo
apostó de manera aleatoria pero no institucional, ahora tiende a formalizarse
en una mesa de trabajo tripartita con objetivos de corto, mediano y largo
plazo.
El primer paso será la configuración de un esquema de
compensaciones de fin de año que incluirá la exención del pago de ganancias del
medio aguinaldo de diciembre y un bono para jubilados y desocupados.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay,
confirmó que se estudia también pagar una compensación "para los salarios
más bajos" del sector público.
También habrá una convocatoria a empresarios para ver cómo
se pueden implementar esos beneficios para el sector privado.
El Gobierno se comprometió a satisfacer con "lo más que
se pueda" a los pedidos de la CGT reunificada en la reunión que mantuvieron
el jueves en el Ministerio de Trabajo.
A ese encuentro los sindicalistas llegaron con un paro
lanzado desde hacía unos días pero con pocas ganas de concretarlo, de acuerdo
con fuentes de ambos sectores, y de movida, ni siquiera plantearon que el Gobierno
avale una reapertura de paritarias.
En ese encuentro quedaron bien expuestas las caras del
Gobierno para el diálogo social y político. El ministro de Trabajo, Jorge
Triaca, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se ocupan del día a día con
los gremios.
Quintana también asiste al jefe del área de Producción
Francisco Cabrera con los empresarios. El ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, se encarga de consensuar con los gobernadores - el nuevo esquema de
Ganancias tendrá esa base de apoyo- y Prat Gay busca afinar los números sin
disparar el gasto.
Cero en pobreza
Un día antes el INDEC había oficializado que el 32,2% de la
población argentina es pobre, con el agravante de que alcanza al 47% de los
chicos argentinos, y que el 6,3% vive en la indigencia, niveles que obligan a
una reflexión general.
Existe un consenso de que el kirchnerismo no eliminó la
pobreza aún con la universalización de la ayuda social y que además la
escondió, mientras que el macrismo la agravó en sus primeros meses en el poder
(la UCA había revelado que desde diciembre a agosto había 1.400.000 nuevos
pobres en el país).
La magnitud del problema impulsó a la Iglesia a llamar la
atención al Gobierno sobre la situación social y también a extremar el diálogo.
Pero la intención oficial es que esa mesa de trabajo no se
limite a los obsequios navideños, sino montar una hoja de ruta para avanzar en
el Plan Productivo Nacional, que el propio Quintana se ocupa de presentar a
empresarios y sindicalistas.
Ese programa, basado sobre el modelo de desarrollo
australiano, tiene ocho pilares de mediano y largo plazo con el objetivo final
de que la Argentina crezca y sea más competitiva sin una caída del poder
adquisitivo del salario.
Para ello se debe trabajar en herramientas que conduzcan a
una mayor productividad empresarial.
Pero no es sencillo, porque algunas de las medidas
anunciadas pusieron en alerta a sectores gremiales tradicionales y sobre todo a
los más combativos.
El Gobierno espera que del diálogo social surja el aval del
movimiento obrero para reformar la ley de Riesgos del Trabajo -vinculada a la
necesidad de bajar el alto nivel de litigiosidad que enfrentan las empresas- y
una ley de primer empleo que otorgue exenciones para quienes tomen a jóvenes de
hasta 25 años.
Además de la pobreza, el otro factor que está jugando en
todo este proceso es el de las expectativas. Las encuestas indican que las
figuras del oficialismo mantienen una relativa popularidad y que la confianza
sobre un porvenir más próspero se mantiene.
El Gobierno puede compensar los números fríos de la recesión
-esta semana se conocieron nuevos datos negativos de agosto de la construcción
y la industria- con una serie interminables de elogios del ámbito
internacional.
El último de ellos fue del FMI que concluyó el jueves su
primera misión de revisión integral en diez años. Luego de haberse reunido con
representantes de distintos sectores de la economía, el Fondo emitió un
comunicado con un fuerte respaldo a las medidas adoptadas por Macri, sin pedir
un ajuste inmediato.
La Argentina mantiene un alto nivel de déficit fiscal que el
Gobierno desistió de reducir drásticamente, sobre todo teniendo en cuenta los
coletazos del ajuste en la economía y el clima social (inflación y tarifas).
Pero está financiando ese déficit con deuda, un esquema que no puede volverse
permanente.
Los burócratas del fondo dijeron que "la corrección de
los graves desequilibrios y distorsiones" de la economía es necesaria para
"sentar las bases de un sólido crecimiento", pero produjo "un
impacto adverso en el corto plazo sobre la economía argentina" Y
remarcaron que "la velocidad de estas medidas, así como la composición del
cambio de la situación fiscal deberán tener en cuenta el impacto en el
crecimiento, el empleo y los segmentos más vulnerables de la población
argentina".
Así las cosas, el gobierno de Cambiemos espera que las
decisiones adoptadas empiecen a impactar positivamente en la actividad -ahora
se habla del último trimestre del año- para encaminar con algún resultado el
diálogo político.
En ese contexto, los armadores electorales buscan fortalecer
las bases de Cambiemos para 2017. Una multitudinaria reunión con intendentes en
Tecnópolis el viernes tuvo ese solapado objetivo sobre todo ante el millar de
jefes comunales vecinalistas que le pueden construir una nueva capilaridad al
oficialismo nacional.
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