martes, 23 de agosto de 2016

El modelo Gómez Centurión

Por Pablo Mendelevich
"No busques en estas páginas la salvación de tu alma, ya es tarde. Confórmate con encontrar 'la guía' que te haga llevadero tu paso por el averno". Extraída de La divina comedia, esta recomendación aparece, solitaria, en la página 47 del Manual para la Gestión de crisis del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Junto con derrumbes, muertes e incendios, entre los posibles motivos de una crisis el Manual menciona al soborno. También están las "renuncias polémicas o cualquier otro evento que tome repercusión pública altamente negativa".

Por estas horas el mayor retirado Juan José Gómez Centurión podría recurrir a aquel manual tan útil. Él mismo lo elaboró hace tres años (junto al ingeniero Darío Costa), cuando era funcionario del Gobierno de la Ciudad. Es un texto en el que resplandece cierta meticulosidad organizativa comúnmente atribuida a las mentes militares. Desde luego, la obra está pensada para atender emergencias desde el interior de los organismos públicos, no se ocupa de la posibilidad de que el mismísimo director de la Aduana Nacional entre en crisis porque el presidente de la Nación lo suspendió bajo sospechas de corrupción.

¿Quién iba a prever una "crisis" así? Un verdadero visionario. Nunca ocurrió antes. La decisión del presidente Macri de separar del cargo sin vacilar a un alto funcionario hasta que la Justicia determine si una sospecha de corrupción que lo involucra tiene asidero (en términos oficiales, una "separación preventiva") no registra antecedentes en la era moderna. Más bien la era moderna está empachada de lo contrario, altos funcionarios, empezando por el vicepresidente, a quienes las sospechas de corrupción y los procesamientos judiciales les hacían lo mismo que la espinaca a Popeye. Sólo que el tonificante no estaba autoadministrado, era un teflón invisible, nunca discursivo, distribuido por la máxima autoridad del país con escalofriante desparpajo.

El sablazo que Macri le pegó el viernes a Gómez Centurión constituye una novedad gigantesca en el terreno de la lucha anticorrupción, cualquiera sea la evolución de las cosas. Hay tres posibilidades: que la Justicia determine que Gómez Centurión no es corrupto y el gobierno lo reponga en el cargo; que la Justicia determine que no incurrió en hechos de corrupción pero la suspensión se transforme en renuncia (o por distintos motivos no sea repuesto) y la tercera es que se lo encuentre culpable. Por cierto, las cosas en la Argentina no suelen ser lineales, abundan los desvíos y los imponderables. Pero Macri acaba de dejar sentado un modo de reaccionar de tono fundacional, insinuación que sólo se podrá verificar cuando se presente un segundo caso. Si la suspensión de un funcionario sospechoso se vuelve rutina el desaliento a la corrupción será palpable. Pero si a igual envergadura de sospecha con el segundo caso Macri reacciona distinto habrá una decepción colectiva y aullidos de alegría entre los opositores más furibundos. Gómez Centurión ya marca un hito. Salga él bien o mal parado, su renombre está garantizado.

Todos somos inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario, pero un funcionario sospechado no puede permanecer en el cargo mientras se lo investiga. Ese es el concepto que respalda el sablazo. Por supuesto que se le puede hacer una investigación interna mientras sigue en funciones, pero una vez que se difunde un audio incriminatorio, ¿qué podría decir el gobierno? ¿"Suponemos que el jefe de la Aduana es decente, pero téngannos paciencia que lo estamos investigando para sacarnos la duda"?

La doctrina anterior embrollaba todo (especialidad de la casa), mezclaba el principio jurídico de la inocencia con los requisitos políticos para ejercer un cargo y pretendía que un funcionario con sospechas firmes de corrupción siguiera lo más campante mientras no existiera una condena judicial inapelable. Esa doctrina hizo cumbre con Amado Boudu. Sin embargo, su expresión más terrible puede ser hallada en el peronismo verticalista de los setenta, cuando el tema no eran las coimas sino el incipiente terrorismo de Estado y la presidenta no era Cristina sino Isabel. El funcionario a quien se blindaba, José López Rega, ya había dado sobradas evidencias de sus andanzas criminales, pero el oficialismo repetía, cínico, que para la Justicia "Josecito" era inocente y eso resultaba sagrado porque nadie puede estar por encima de la Justicia.

El impetuoso Néstor Kirchner del principio echó (octubre de 2003) al comisario general Roberto Giacomino de la jefatura de la Policía Federal por irregularidades en una contratación directa de insumos y equipos. Kirchner tenía buena información, por ese asunto Giacomino terminaría yendo a juicio oral. Bueno, hay un detalle: el juicio oral comenzó el año pasado. Una investigación previa había sido la base del despido (por otra parte en una fuerza de seguridad la hipótesis de reposición no parece compatible con la disciplina). En los casos subsiguientes Kirchner fue bastante menos ampuloso, salvo cuando echó del ministerio de Economía a Roberto Lavagna, justo después de que éste denunció la cartelización de la obra pública.

Como los Kirchner eran binarios, a medida que pasaron los años se aferraron cada vez más a la idea de que no había que "entregarle" al enemigo (la oposición) a ningún funcionario cuya remoción fuese reclamada, aunque las denuncias tuvieran fácil comprobación. En el caso Gómez Centurión el verbo entregar reaparece ahora por vía del protagonismo que acá se le atribuye al oscuro mundo de los servicios de inteligencia. Si se trató de "una cama" que le armaron los servicios, ¿no envalentonará Macri con el apartamiento súbito de Gómez Centurión a ese poder residual para llevarse puestos mañana a otros funcionarios? Es indiscutible que la decisión de Macri tiene riesgos, lo que no significa que no sea la mejor de las opciones que tenía.

Los audios difundidos el fin de semana por Infobae no tendrían, al parecer, valor judicial, aunque es imposible saber de qué información complementaria dispone el presidente acerca de este funcionario singular en el que hasta ahora tenía enorme confianza. Haber puesto hace nueve meses a un militar carapintada al frente de la Aduana sólo fue una buena noticia por default, ya que el héroe de Malvinas, hijo del general Luis Carlos Gómez Centurión, quien gobernó la provincia de Corrientes durante casi toda la última dictadura, tenía aspiraciones como ministro de Defensa. Ilusión que el peronismo habilitó al brindarles confort democrático a los golpistas-gremialistas de los ochenta.

Quizás no sea un buen momento para reparar aquel error, harina de otro costal. Si Gómez Centurión saliera bien del examen judicial merecería ser repuesto en el cargo, lo que exige, claro, que la Justicia no se tome diez años. Debería ser cuestión de meses. Cualquier otra cosa alteraría el sentido del apartamiento preventivo dispuesto por Macri, un cambio concreto y audaz en el modo de tratar el problema de la corrupción.

© La Nación

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