martes, 26 de abril de 2016

Plan Qunita / Confirman procesamiento de Aníbal Fernández

La Cámara Federal ratificó el fallo y el embargo al exjefe de Gabinete por la suma de 440 millones de pesos. Dictan falta 
de mérito para Juan Manzur.

Judiciales - La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos sin prisión preventiva del exjefe de Gabinete Aníbal Fernández y del exministro de Salud Daniel Gollán, además de siete proveedores del Estado, por supuesto fraude en el Plan Qunita.

Fuentes judiciales informaron este martes que la Sala II del tribunal de alzada también ratificó los embargos contra el exjefe de Gabinete de Ministros y los otros procesados -excepto Gollán- hasta cubrir la suma de 440 millones de pesos.

En cambio la Cámara revocó por falta de mérito los procesamientos del gobernador de Tucumán y exministro de Salud, Juan Manzur, más otros cuatro proveedores del Estado.

En la causa por el plan Qunita, el juez federal Claudio Bonadio procesó a Fernández y otros ex funcionarios por irregularidades en la licitación del plan Qunita, de reparto de kits maternales a embarazadas.

Según el juez, las licitaciones tenían "seis ganadores prefijados" que "no tenían experiencia en los rubros licitados" y que presentaron ofertas con precios "elevados y abusivos".

La lista de los procesados -23 en total- incluye también a Nicolás Kreplak, ex secretario de Salud Comunitaria, el funcionario que requirió la compra y pidió modificaciones al pliego; a varios ex funcionarios de rango menor del Ministerio de Salud y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y a los empresarios que fueron parte de la maniobra investigada.

Todos los exfuncionarios fueron procesados por el delito de "fraude en perjuicio de la administración pública", "abuso de autoridad" y "violación de los deberes de funcionario". Bonadio trabó además un embargo sobre los bienes de todos ellos de 440 millones de pesos. El monto fue fijado "en virtud del perjuicio patrimonial ocasionado al Estado", explicó el juez. Calculó que el sobreprecio fue de unos 3000 pesos por cada uno de los 140.000 kits.

Esta causa se inició el año pasado, con la denuncia que presentó el 23 de junio de 2015 la legisladora porteña Graciela Ocaña.

Informe: LN

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