jueves, 17 de marzo de 2016

Recuperar la estabilidad y combatir la inflación


Por Felipe Frydman

Los argentinos nos hemos acostumbrado a la pérdida del valor del peso. Sin ir muy lejos, desde el retorno de la democracias en 1983 se han conocido varias denominaciones del peso y cada uno de los cambios ha significado una desvalorización  frente al dólar que actúa como referente a nivel internacional.

El austral en los ochenta, el tipo de cambio fijo en los 90 para estabilizar la economía, la extraordinaria devaluación del 2002 para abandonar la relación de 1:1 con el dólar; cuatro años de estabilidad   y la persistente devaluación a partir del 2007 de 3 a 15 pesos.

No son muchos los países que pueden exhibir estos bruscos cambios. Brasil  adoptó el real en 1994 bajo la Presidencia de Itamar Franco a un tipo de cambio de 1,21 por dólar. Esta moneda sufrió la crisis de los mercados emergentes de 1997 y  pasó a 1,80 donde permaneció con oscilaciones hasta el año pasado.    En 1990, el peso chileno tenía una cotización de 304 por dólar y en la actualidad, después de veinticinco años, varía alrededor de los 650.

La importancia de la estabilidad monetaria es reconocida por la mayoría de los economistas en el mundo excepto en la Argentina donde siempre se pueden encontrar motivos para discrepar y elaborar  teorías alternativas para diferenciarse del resto. La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de 2012 formó parte de la discusión doctrinaria. Los considerandos de la propuesta realzaron la intención de convertir  al organismo en un instrumento para lograr “la soberanía monetaria y cambiaria y establecer una política financiera basada en objetivos nacionales” dejando para un lugar secundario la defensa de la estabilidad monetaria y la lucha contra la inflación. El parafraseo de objetivos nacionales como presentación siempre es atractivo pero también lo suficientemente vago por sus connotaciones valorativas que puede dar lugar a diferentes interpretaciones según quien ejerza el mandato.  Marcó del Pont seguramente no coincida con Federico Sturzenegger en la definición de “objetivos nacionales” sin negarle a ninguno de ellos la honestidad de sus planteos.

La desvalorización de la moneda se produce por el incremento de precios internos que al cambiar la relación con los precios internacionales  convierte a los productos extranjeros en más competitivos respecto a los nacionales. La devaluación aparece como la forma más rápida para aumentar la protección y compensar los efectos de la inflación sin afectar la competitividad. En los últimos años, la inflación pasó a formar parte de los instrumentos de política económica como consecuencia de utilizar la política monetaria para financiar el déficit presupuestario. Ni Axel Kicillof ni Marcó del Pont tienen en su agenda los problemas que pueden causar las políticas monetarias porque su visión está enfocada a las cuestiones de la estructura productiva. La estructura es el factor determinante de las relaciones y los temas monetarios son considerados como un reflejo. Esta explicación donde no se perciben las interrelaciones entre los factores reales y monetarios podría denominarse mecanicista.

La inflación fue también reconocida como un mecanismo para impulsar el consumo. Ante el temor al aumento futuro de los precios los consumidores adelantarían sus compras creando un mecanismo virtuoso de crecimiento. Muchos economistas elogiaron este mecanismo  luego de la crisis del 2008/2009 para restablecer la confianza de los consumidores y traccionar la producción.

En la vereda de enfrente se encuentran los economistas que priorizan la  estabilidad del valor de la moneda para impulsar las inversiones productivas. Si los cambios monetarios son neutros existirían mayores posibilidades para efectuar inversiones sin preocuparse por las alteraciones financieras. El valor implícito sería constante y las inversiones dependerían de la rentabilidad esperada. Es interesante notar que la diferencia en los argumentos entre uno y otro constituye una reversión de las posiciones ideológicas. La famosa derecha centrada en lo que sucede en la superestructura financiera prioriza las inversiones en la estructura productiva mientras que aquellos interesados en producir cambios en esta última hacen de las variables monetarias el eje de su política económica a través de la inflación y el déficit presupuestario. El mundo al revés.

El uso de la inflación como política económica también perjudicó la distribución del ingreso. El Gobierno sostenía que los ajustes anuales del salario de los trabajadores organizados servían para compensar el aumento de los precios manteniendo el consumo pero al mismo tiempo afectaba las expectativas porque la aceleración del ritmo inflacionario era percibido como una pérdida del poder adquisitivo tanto de los consumidores como de los ahorristas.

El Gobierno de Cristina Fernández fue quizás el gobierno que más intentó alentar la utilización del peso criticando y persiguiendo aquellos que buscaban refugio en el dólar. La batería de controles para controlar la utilización de la divisas extranjero actuó como aliciente para atesorar el dólar y evadir los controles. El resultado fue que en los ocho años de gobierno la desvalorización pasó del famoso 3 a 15 pesos/dólar. Cuánto más se insistía en forzar la utilización del peso más se recurría a la divisa extranjera quedando la cotización oficial reducida a escasas operaciones controladas por el Banco Central.

La inflación ha recorrido la historia argentina convirtiéndose en un escollo para transitar el camino de un crecimiento con equidad. Desde el famoso rodrigazo, los años finales de la dictadura después de la tablita, el fracaso del plan austral que llevó a la convertibilidad y el desmadre del período 2001/2002. Desde el año 2007 el país atravesó  un camino de improvisación y devaluaciones aceleradas. La racionalidad económica no tiene posicionamiento y recuperar la estabilidad debería ser una prioridad para convertirse en un país maduro con posibilidades de expandir la estructura productiva para mejorar los niveles y las retribuciones del empleo.

© La Vanguardia

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