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| Por Gabriel Profiti |
Aclamaciones del campo por un lado y reclamos gremiales por
otro musicalizaron esta semana los coletazos de las primeras medidas económicas
del Gobierno de Mauricio Macri, pensadas como parte de un programa estructural
pero con perjuicios coyunturales.
El Presidente fue a la muestra ExpoAgro en Ramallo -luego de
una década sin presencia de mandatarios nacionales- y recogió aplausos de los
productores agropecuarios, entusiasmados por las bajas de retenciones a las
exportaciones y otras medidas que favorecerán las actividades del sector.
Habrá que ver si ese probable repunte de la producción
agropecuaria ayuda a sacar al país de las papas del fuego, como cree Macri, o
solo beneficiará a los productores.
Paralelamente todos los sectores de la CGT que se fragmentó
durante el kirchnerismo -como otras veces en la historia- se reunieron en UPCN para
analizar el impacto de la inflación en el bolsillo de los trabajadores, el
desempleo público y privado y la limitada reforma en el impuesto a las
ganancias.
El gobierno no peronista de Macri y sus primeras medidas de
ajuste fertilizaron la reunificación cegetista que se concretará durante un
congreso normalizador en agosto. Además, habrá una marcha en 30 días para
exponer los reclamos.
Buena parte de esos sectores gremiales se habían distanciado
del kirchnerismo y entienden que la "herencia K" obligó al nuevo
gobierno a poner cuentas en orden, pero los favores de Macri a sectores más
privilegiados y el desempleo en alza pusieron al movimiento obrero en guardia.
Esas pérdidas de puestos de trabajo relegaron al habitual tira y afloje de las
paritarias.
Massa, Bossio y los
gobernadores
Así como la salida del cepo cambiario resultó menos
traumática que lo esperado, el combate a la inflación parece recorrer el camino
inverso. De acuerdo con el IPC Congreso, que elabora un sector de la oposición
con mediciones privadas, los precios subieron en febrero 4,8 por ciento y 8,6%
en el primer bimestre.
El resultado fue presentado por Sergio Massa y Margarita
Stolbizer, quienes testean una alianza política para 2017, con fuertes críticas
a la política oficial contra la escalada.
En los pasillos de la Casa Rosada y el Ministerio de
Economía insisten en que a mitad de año la tendencia se revertirá. El Gobierno
atribuye a los aumentos en las tarifas de la luz y a la devaluación las
principales razones de la inflación.
Según ese razonamiento, en adelante ya no habrá razones para
nuevos saltos, aunque el ministro de Energía, Juan José Aranguren, anticipó que
habrá nuevas revisiones tarifarias en junio y todavía está pendiente el
reordenamiento de las de gas.
Aquella conferencia de prensa no fue el único disgusto que
dio Massa al Gobierno en la semana. El tigrense propició el rechazo en la
Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del DNU de Macri que modificó el
impuesto a las ganancias, por insuficiente.
La negativa de la comisión cobró relevancia porque significó
la primera derrota legislativa de Cambiemos y mostró lo áspero que será salir a
la cancha en cada partido con jugadores que no sienten la camiseta. En
Cambiemos buscan ver cómo tejer otras alianzas para bajarle el precio a la
sociedad con Massa.
El DNU podría caer si es rechazado por ambas cámaras del
Congreso, pero en el oficialismo descartan esa posibilidad por dos motivos: por
un lado en las próximas semanas habilitarán el tratamiento de proyectos que
buscan una modificación integral del impuesto -el Gobierno prevé enviar una
iniciativa-; y por otro confían en la posición de los gobernadores en el Senado.
Según indicaron voceros partidarios, el 58% de lo que se
recauda por Ganancias va a las provincias, por lo que una merma de esa caja
complica a los gobernadores, quienes ya tienen apremios para afrontar sus
obligaciones.
Por lo pronto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio,
logró contentar a los mandatarios provinciales con una nueva propuesta de
devolución gradual del 15% de copartipación que pertenece a las provincias y
retiene la Nación.
En la Casa Rosada esperan que ese nuevo juego entre Nación y
provincias permita agilizar los trámites legislativos mientras la dotación de
Cambiemos siga en minoría en Diputados y en el Senado.
La primera prueba de fuego para la tropa integrada por
macristas, radicales y lilitos será el martes en la sesión prevista para tratar
el acuerdo entre el Gobierno y los holdouts.
Para esa discusión, Massa dio el sí. El líder del Frente
Renovador conduce una bancada de más de 30 díputados. El Gobierno también se
garantzó el aval del Bloque Justicialista, cuya referencia es el ex
kirchnerista Diego Bossio.
Ese acuerdo quedó envuelto en la polémica por un chat entre
Bossio y el presidente del bloque del PRO, Nicolás Massot, en el que
precisamente hablaban de ese entendimiento. El intercambio fue llevado a la
Justicia por el kirchnerismo que pide que se investigue si hay sobornos
comprometidos. Massot dice que no tiene problemas de mostrar la conversación
completa ante el juez.
Lo cierto es que el oficialismo cuenta a 150 legisladores
que inicialmente darán quórum y luego permitirán la aprobación. Además de los
propios, del FR y del Bloque Justicialista, el Gobierno tiene los votos del
sector progresista que conduce Stolbizer y espera más desprendimientos en el
FPV de legisladores que responden a gobernadores.
No obstante, hay previsiones. El radical Mario Negri, jefe
del interbloque oficialista, ya advirtió en una reunión con todos los diputados
que nadie podrá levantarse hasta que se vote, muy de madrugada. El oficialismo
prevé que el FPV inscribirá a más de 50 oradores para despotricar contra el
acuerdo y, de paso, buscar diezmar a las fuerzas aliadas con el paso de las
horas.
Para el Gobierno, el acuerdo significa el inicio de la
recuperación económica sobre la base del financiamiento y de la inversión
externa. Aun si ese derrame se cumple, Macri debería atender con mayor
sensibilidad los perjuicios del corto plazo.
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