ERRORES DE APRESURAMIENTO

Por J. Valeriano Colque (*)

Desde el mismo balotaje del 22 de noviembre pasado hasta después de hacerse cargo de la presidencia, la frase más escuchada por Mauricio Macri–además de las consabidas felicitaciones–fue: “Lo que no hagas en los primeros tres meses va a ser difícil que lo puedas hacer después”.

Es un clásico de la política argentina, fundado en la complejidad que deben afrontar las nuevas administraciones que no se suceden a sí mismas, y, en especial, aquellas que no provienen del peronismo. 

En línea con el consejo y convencido de su utilidad, Macri arremetió desde el primer día con decretos de necesidad y urgencia sobre distintas cuestiones conflictivas, aprovechando la conmoción que la derrota causó en el kirchnerismo.

En lo que no reparó el Presidente es en que, además de hacer rápido, hay que hacerlo bien, porque de lo contrario los costos políticos que se pagan pueden ser muy altos. El Gobierno tuvo que reconocer en estos 70 días de gestión que cometió errores de apresuramiento y, aunque dio marcha atrás y los enmendó–por caso, el nombramiento en comisión de dos nuevos miembros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación–, esos fallidos cuestan caro porque alteran las condiciones de negociación con la oposición.

En el caso del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), con el polémico desplazamiento de la especialista Graciela Bevacqua  después de haberla convocado como garantía de eficiencia, el precio se paga en términos de credibilidad. Precisamente, el Indec–uno de los focos más oscuros del kirchnerismo, que convirtió en relativas todas las estadísticas públicas–debía ser un faro confiable para la nueva etapa del Estado. Ahora surgirán dudas por la impaciencia oficial de acelerar los tiempos al compás de las presiones.

Lo mismo ocurre con otros temas cuyas consecuencias podrían haberse atenuado si las cosas se hubieran hecho de otra manera, entre ellos, la discutible eliminación de las retenciones a la minería.

Todo llega. La inflación siguió elevando las tensiones intersectoriales, al tiempo que los gremios preparan la ropa de combate para las paritarias. También en el Gobierno comenzaron a observarse discrepancias entre algunos miembros del equipo económico.

Esas discusiones, que cruzan al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, con otros funcionarios, como Carlos Melconian y Rogelio Frigerio, tuvieron un pacífico freno el martes, cuando el Presidente tuvo que insistir en la necesidad de consensuar las mejores soluciones. De allí salió la decisión de apurar el anuncio sobre la esperada suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, aunque 24 horas después el propio Macri anunció que las viejas escalas con que se aplica el tributo recién serán modificadas por ley el año próximo.

Lo que prometía ser entonces una medida con fuerte repercusión en los sectores laborales se quedó a mitad de camino. De todos modos, fuentes de los interbloques legislativos de Cambiemos sostienen que será casi imposible que cualquier proyecto de Ganancias sea aprobado en el Congreso sin la modificación de las escalas, y que eso ocurrirá en el transcurso de este año.

En el Gobierno, admiten a media lengua que la cuestión de las escalas puede ser una prenda de negociación para aflojar la inevitable conflictividad que se planteará con las discusiones paritarias.

Hugo Moyano y otros líderes sindicales advierten la estrategia, y ese es el motivo por el cual piden paciencia a los trabajadores. Ellos saben que, a menos de tres meses de haber asumido, los nuevos funcionarios no pueden sacar de la galera todas las soluciones que no llegaron en más de una década.

Herencia recibida. El de la herencia recibida es otro motivo de debate interno en el Gobierno. Los aliados radicales y buena parte de los funcionarios del PRO reclaman que el Presidente exponga de manera pública las condiciones en que recibió la administración.

Otros ocupantes de la Casa Rosada prefieren no abundar al respecto, porque sostienen que la sociedad quiere que se mire y se avance hacia adelante y no se insista en el pasado kirchnerista. Detrás de esas posturas, hay comprensibles razones políticas. Unos no quieren exculpar al anterior gobierno y que pasen al olvido las tropelías cometidas contra el Estado; otros temen que de ese modo se exacerben los enfrentamientos con el sector más duro de la oposición y no se puedan lograr acuerdos básicos de gobernabilidad.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habría zanjado la cuestión prometiendo que en el discurso del Presidente ante la Asamblea Legislativa, el 1º de marzo, habrá una breve pero contundente alusión a la herencia recibida. Macri no dejaría de mencionar que el reclamo del 15 % de coparticipación federal de impuestos que hacen ahora todas las provincias que no recurrieron a la Justicia–a diferencia de Santa Fe, Córdoba y San Luis–nunca le fue planteado al gobierno de Cristina Fernández. Soportaron en silencio el maltrato de la Nación por 12 años y ahora quieren, en cortísimo plazo, desfinanciar al Estado.

El toma y daca entre Gobierno y oposición indica el retorno del Congreso a una fuerte participación política, donde los acuerdos deben tejerse con agujas de cristal. En el oficialismo, confían en que los efectos de la ruptura producida entre peronistas y kirchneristas todavía no se agotaron, y que se podrá avanzar a pesar de los errores propios.

(*) Economista

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