miércoles, 23 de diciembre de 2015

Denuncian penalmente a Sabbatella

Es por “abuso de poder” y por incumplimiento de los deberes de funcionario público, según lo presentado por el interventor de la AFSCA, Agustín Garzón.

Martín Sabbatella fue denunciado ante la Justicia por
"abuso de poder" y seguir en el cargo pese a su remoción.
Nacionales - El Gobierno intervino este miércoles a la mañana la AFSCA y removió de su cargo al kirchnerista Martín Sabbatella. Pese a esto, el exfuncionario se atrincheró en su despacho y se negó a dejar su cargo en la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Ante esto, el interventor del organismo, Agustín Garzón, presentó una denuncia penal contra Sabbatella por abuso de poder y por mantenerse en el cargo pese a haber sido removido. 

La denuncia cayó en el Juzgado 10 de Comodoro Py, a cargo de Julián Ercolini, quien enviará la causa a sorteo.

El Gobierno decretó la intervención por 180 días de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y de la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para remover a sus autoridades, a las que consideró en "rebeldía".

Esta determinación generó un rechazo de diputados y senadores del Frente para la Victoria que manifestaron su "más rotundo rechazo a las conductas antidemocráticas" del Gobierno, al tiempo que el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, consideró la medida un "brutal atropello" y recurrió a la Justicia para intentar frenar la intervención.

El ministro de Comunicación, Oscar Aguad, sostuvo que Sabbatella (AFSCA) y Norberto Berner (AFTIC) "no responden a la nueva estructura orgánica de ministerios" lo que "ha llevado a un caos" y anunció que serán reemplazados por Agustín Garzón y Mario Frigerio, respectivamente.

Tras acusar a Sabbatella de "militante político" que "llenó de militantes" al organismo, Aguad aclaró que "por ahora no se toca la Ley de Medios" sancionada durante el gobierno anterior, ya que indicó que con el decreto de la intervención "lo único que hemos hecho es remover las autoridades".

Acusaciones contra Sabbatella

En el decreto 236/2015 de intervención a la AFSCA, el Poder Ejecutivo explicó que "el artículo 42 de la Constitución establece que los consumidores tienen derecho a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno", y para ello "coloca en cabeza de las autoridades proveer a la protección de esos derechos".

"El artículo 1° de la Ley N° 26.522 establece como políticas de Estado la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación", subrayó el Gobierno, pero señaló que "desde 2009 no se han logrado avances significativos en el desarrollo de mecanismos destinados al cumplimiento de la materia".

Según señala el decreto, firmado por el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, "las autoridades competentes no han instrumentado los mecanismos establecidos en la ley, omitiendo efectuar revisiones regulatorias por más de un lustro, lo que implica un claro perjuicio para el sector y, especialmente, para los usuarios y consumidores y la población en general".

"Durante los seis años transcurridos desde la sanción de la Ley N° 26.522, tanto la industria de los servicios audiovisuales como la tecnología de trasmisión de datos, han sufrido cambios sustanciales debido a la incorporación de diversas tecnologías y el ingreso de nuevos actores no advertidos por las autoridades de ambos entes, que han omitido la instrumentación de medidas específicas para afrontar los cambios necesarios", resaltó el DNU.

"La evidente falta de adecuación de la normativa vigente en el país a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores involucrados, así como el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley N° 26.522 por parte de las autoridades públicas en los últimos seis años, afecta derechos constitucionales básicos de acceso a la información fidedigna y veraz", subrayó el texto.

Informe: Infobae y NA

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