Es por
enriquecimiento ilícito en la que se investiga, además,
a la esposa del
funcionario, Alessandra Minnicelli.
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| De Vido y su esposa, investigados por enriquecimiento ilícito. |
Judiciales - La
Cámara Federal de Casación Penal revocó el sobreseimiento del ministro de
Planificación Federal, Julio De Vido, y su esposa Alessandra Minnicelli, y
ordenó que se los siga investigando por presunto enriquecimiento ilícito. La
medida fue dispuesta por la Sala IV de la Cámara de Casación al hacer lugar a
un recurso de la fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas (FIA).
Los jueces Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo
Hornos hicieron lugar al recurso fiscal y dispusieron que se siga investigando,
al revocar un fallo de la Sala I de la Cámara Federal que había ratificado el
sobreseimiento del Ministro.
De Vido fue denunciado por la compra de una chacra de cuatro
hectáreas en Zárate mientras era funcionario público pero en 2009, el entonces
juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid lo sobreseyó al considerar que estuvo
justificado su incremento patrimonial y el de su esposa. En julio del año
pasado, la Cámara Federal porteña dejó firme el sobreseimiento al confirmar la
medida a favor de De Vido y su esposa, lo que ahora es revocado por la
Casación.
Para los jueces, se debe investigar en aquellos casos de
bienes de funcionarios públicos “cuando ese aumento del patrimonio excede
crecidamente y con evidencia las posibilidades económicas provenientes de los
ingresos legítimos del sujeto, sin justa causa comprobada”.
En la investigación se avanzó y luego se decidió sobreseer a
De Vido y su esposa, pero la Corte Suprema de Justicia el año pasado posibilitó
la prosecución de la causa al haber legitimado la intervención de la FIA,
puesto que el fiscal natural de la causa no se había pronunciado en ese
sentido.
En el fallo de Casación, el juez Borinsky sostuvo que “la
FIA ha fundado razonablemente el carácter al menos sospechoso que le atribuye a
distintas circunstancias, identificadas en las sucesivas presentaciones
efectuadas por los representantes del Ministerio Público Fiscal que tomaron
oportuna intervención en la causa”.
Sumado a la sospecha por la compra de una propiedad en
Zárate, provincia de Buenos Aires, también está el alquiler de otro en la
Capital Federal y “la relación de los imputados en autos con distintas
sociedades cuyos directivos y/o accionistas tomaron intervención en dichas
operaciones inmobiliarias”.
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