La dirigencia
política debe involucrar y entusiasmar a la sociedad con
los más importantes asuntos
del país.
Por J. Valeriano Colque (*) |
En medio del deterioro político, económico y social al que
llegó Argentina, lo que más parecen ofrecer los candidatos a la Presidencia es
concentrarse en “resolver los problemas de la gente”.
Según esta visión, a “la gente” no le interesan ni la
política ni los problemas complejos.
Simplemente le interesan sus problemas inmediatos, como sus
ingresos, su trabajo, su seguridad y muy pocas cosas más. Se trata entonces de
la política reducida a “la gestión”. Escuchar a “la gente” y resolverle sus
problemas.
Para salir de la situación actual, y no volver a ella, no
alcanzará con un nuevo gobierno con una oferta tan pobre. La situación de
Argentina no encaja en tal reduccionismo.
El deterioro político, económico y social del país es parte
de un proceso más complejo que una simple falta de suficiente gestión. El
núcleo de tal proceso es un deterioro institucional, que lleva décadas, pero
profundizado en los últimos años.
Cuando es posible que un gobierno condicione a la Justicia,
ataque frontalmente a la prensa independiente, maneje cuestiones sensibles como
la inteligencia del Estado sin suficiente control parlamentario, utilice a
discreción el Banco Central y decida cuestiones fiscales por decreto, a través
de facultades delegadas por el Congreso, el deterioro político, económico y
social es el resultado más probable, casi ineludible.
La clave no está en elegir gobernantes fuera de lo común que
resistan la tentación de usar discrecional y arbitrariamente el margen de
acción que le permitan instituciones relajadas. La clave está en crear
instituciones que impidan condicionar a la Justicia, eliminar la prensa
independiente, usar la inteligencia para fines políticos, esquilmar al Banco
Central y usar los fondos públicos como si fueran una fortuna privada a
dilapidar. Y en respetar tales instituciones.
De lo contrario son letra muerta. Como cuando la legislación
establece que el Presidente de la Nación no puede despedir al Presidente del
Banco Central sin dictamen previo del Senado, con justa causa, para resguardar
su independencia, e igual se lo despide por decreto del poder Ejecutivo. Ahí es
donde juega un rol muy importante la sociedad.
Una sociedad informada, comprometida, consciente de la
importancia de respetar las instituciones, es el último resguardo de la institucionalidad,
porque hace más difícil pasarla por alto.
Con una sociedad desinformada, no comprometida, sin
consciencia de la importancia de la institucionalidad, los distintos gobiernos
repetirán una y otra vez la historia de fracasos.
Porque tendrá sentido intentar acceder al poder con la
promesa de “resolver los problemas de la gente” para gobernar luego con la
misma discrecionalidad y arbitrariedad de los gobiernos previos.
Pensar que a “la gente” no le interesa, ni está en
condiciones de comprender, problemas complejos, alternativas de políticas
públicas, funcionamiento de las instituciones, es menospreciar la inteligencia
de gran parte de la sociedad. Es un grave error.
Sólo es posible revertir una larga historia de fracasos
políticos, económicos y sociales mediante una sociedad informada, comprometida
y consciente de la importancia de respetar las instituciones que limiten la
arbitrariedad en la conducción del Estado. Pero eso requiere no subestimar la
inteligencia de “la gente”. Requiere, por el contrario, involucrar y
entusiasmar a la sociedad con los grandes temas nacionales.
Pobreza, política e instituciones aunque parezcan inconexos,
son tres hechos relacionados
No hace mucho tiempo murió un niño en el Chaco por
derivaciones de su desnutrición. Una señal de un problema mayor de elevada
pobreza, que el Gobierno oculta de manera inaceptable.
Posteriormente, el Gobierno publicó las estadísticas
oficiales de inflación que, aún con marcadas inconsistencias con otras
variables económicas, permitieron sospechar que la inflación real está por
encima de lo publicado, igual reflejan un serio problema macroeconómico.
La semana que pasó, la muerte del fiscal que investigaba al
Gobierno Nacional acusándolo de graves delitos refleja la magnitud del serio
conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
Aunque parezcan inconexos, son tres hechos relacionados.
La pobreza está estrechamente ligada a los desastres
macroeconómicos. Es alta cada vez que hay elevado desempleo (finales de los ’90
y comienzos de los 2000), elevada inflación (fines de los ’80 y actualmente) o
ambos a la vez (2002).
Claro que en una economía que funcione bien, sin desempleo
ni inflación, también puede haber pobreza, y por eso las políticas sociales
focalizadas son necesarias incluso en países estables, pero el problema es
mucho mayor en medio de la inestabilidad macroeconómica, cuando no hay política
social suficiente para hacer frente a la pobreza.
La macroeconomía, a su vez, puede funcionar mal, generando
desempleo y/o inflación, por políticas económicas equivocadas. Pero Argentina
tiene inflación crónica desde hace 70 años, y muy elevada inestabilidad
económica desde hace al menos 40 años.
Cuando la economía funciona tan mal durante décadas, el
problema excede a la política económica. Tiene que ver con la política y las
instituciones que determinan sus reglas de juego.
Se trata de una cuestión en la que cada vez existe más
consenso entre los economistas: las instituciones equivocadas están en la raíz
de los fracasos económicos persistentes.
Cuando no funciona la separación de poderes, cuando no
existe una prensa independiente, cuando no existe independencia del Banco
Central, cuando el Gobierno puede gastar sin límites por decreto, los desastres
económicos y sociales están prácticamente garantizados.
Esto es muy relevante para Argentina. Porque aún en su
postura de que en la Justicia y la prensa hay opositores con ánimo
“destituyente”, el Gobierno no disimula sus acciones para condicionar a ambos.
Y no es un secreto para nadie que el Gobierno no cree en la independencia del
Banco Central, y le parece natural que cuestiones fiscales relacionadas con
gasto y deuda pública se decidan por decreto. Hay en el discurso oficial cierta
idea de que el fin, en términos de ciertas políticas a defender, justifica los
medios, aun en detrimento de ciertos principios constitucionales.
Cambiar de un modo definitivo este modo de hacer política
requiere cambiar las instituciones, reforzando mecanismos para resguardar la
separación de poderes, el respeto por la libertad de expresión y la
independencia del Banco Central y eliminando la posibilidad de facultades
legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo. El problema es que quienes tienen
que cambiar estas instituciones, o reglas de juego, son justamente quienes se
perjudican al hacerlo.
No sería extraño, en ese contexto, que el próximo Gobierno
reprodujera esta situación solicitando, por ejemplo, facultades delegadas (vía
ley de emergencia económica) justificadas en la magnitud de los problemas
económicos que habrá heredado.
Esa es la naturaleza de la trampa en la que cayó en algún
momento Argentina. Instituciones que conducen a políticas que generan
inestabilidad económica y pobreza, y casi nadie con incentivos a cambiarlas.
Por eso es tan importante discutir públicamente estos temas. Para no
resignarnos a vivir en un país hundido absurdamente en la inestabilidad y la
pobreza.
(*) Economista
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