martes, 27 de enero de 2015

Los grandes temas nacionales

La dirigencia política debe involucrar y entusiasmar a la sociedad con 
los más importantes asuntos del país.

Por J. Valeriano Colque (*)

En medio del deterioro político, económico y social al que llegó Argentina, lo que más parecen ofrecer los candidatos a la Presidencia es concentrarse en “resolver los problemas de la gente”.

Según esta visión, a “la gente” no le interesan ni la política ni los problemas complejos.

Simplemente le interesan sus problemas inmediatos, como sus ingresos, su trabajo, su seguridad y muy pocas cosas más. Se trata entonces de la política reducida a “la gestión”. Escuchar a “la gente” y resolverle sus problemas.

Para salir de la situación actual, y no volver a ella, no alcanzará con un nuevo gobierno con una oferta tan pobre. La situación de Argentina no encaja en tal reduccionismo.

El deterioro político, económico y social del país es parte de un proceso más complejo que una simple falta de suficiente gestión. El núcleo de tal proceso es un deterioro institucional, que lleva décadas, pero profundizado en los últimos años.

Cuando es posible que un gobierno condicione a la Justicia, ataque frontalmente a la prensa independiente, maneje cuestiones sensibles como la inteligencia del Estado sin suficiente control parlamentario, utilice a discreción el Banco Central y decida cuestiones fiscales por decreto, a través de facultades delegadas por el Congreso, el deterioro político, económico y social es el resultado más probable, casi ineludible.

La clave no está en elegir gobernantes fuera de lo común que resistan la tentación de usar discrecional y arbitrariamente el margen de acción que le permitan instituciones relajadas. La clave está en crear instituciones que impidan condicionar a la Justicia, eliminar la prensa independiente, usar la inteligencia para fines políticos, esquilmar al Banco Central y usar los fondos públicos como si fueran una fortuna privada a dilapidar. Y en respetar tales instituciones.

De lo contrario son letra muerta. Como cuando la legislación establece que el Presidente de la Nación no puede despedir al Presidente del Banco Central sin dictamen previo del Senado, con justa causa, para resguardar su independencia, e igual se lo despide por decreto del poder Ejecutivo. Ahí es donde juega un rol muy importante la sociedad.

Una sociedad informada, comprometida, consciente de la importancia de respetar las instituciones, es el último resguardo de la institucionalidad, porque hace más difícil pasarla por alto.

Con una sociedad desinformada, no comprometida, sin consciencia de la importancia de la institucionalidad, los distintos gobiernos repetirán una y otra vez la historia de fracasos.

Porque tendrá sentido intentar acceder al poder con la promesa de “resolver los problemas de la gente” para gobernar luego con la misma discrecionalidad y arbitrariedad de los gobiernos previos.

Pensar que a “la gente” no le interesa, ni está en condiciones de comprender, problemas complejos, alternativas de políticas públicas, funcionamiento de las instituciones, es menospreciar la inteligencia de gran parte de la sociedad. Es un grave error.

Sólo es posible revertir una larga historia de fracasos políticos, económicos y sociales mediante una sociedad informada, comprometida y consciente de la importancia de respetar las instituciones que limiten la arbitrariedad en la conducción del Estado. Pero eso requiere no subestimar la inteligencia de “la gente”. Requiere, por el contrario, involucrar y entusiasmar a la sociedad con los grandes temas nacionales.

Pobreza, política e instituciones aunque parezcan inconexos, son tres hechos relacionados

No hace mucho tiempo murió un niño en el Chaco por derivaciones de su desnutrición. Una señal de un problema mayor de elevada pobreza, que el Gobierno oculta de manera inaceptable.

Posteriormente, el Gobierno publicó las estadísticas oficiales de inflación que, aún con marcadas inconsistencias con otras variables económicas, permitieron sospechar que la inflación real está por encima de lo publicado, igual reflejan un serio problema macroeconómico.

La semana que pasó, la muerte del fiscal que investigaba al Gobierno Nacional acusándolo de graves delitos refleja la magnitud del serio conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.

Aunque parezcan inconexos, son tres hechos relacionados.

La pobreza está estrechamente ligada a los desastres macroeconómicos. Es alta cada vez que hay elevado desempleo (finales de los ’90 y comienzos de los 2000), elevada inflación (fines de los ’80 y actualmente) o ambos a la vez (2002).

Claro que en una economía que funcione bien, sin desempleo ni inflación, también puede haber pobreza, y por eso las políticas sociales focalizadas son necesarias incluso en países estables, pero el problema es mucho mayor en medio de la inestabilidad macroeconómica, cuando no hay política social suficiente para hacer frente a la pobreza.

La macroeconomía, a su vez, puede funcionar mal, generando desempleo y/o inflación, por políticas económicas equivocadas. Pero Argentina tiene inflación crónica desde hace 70 años, y muy elevada inestabilidad económica desde hace al menos 40 años.

Cuando la economía funciona tan mal durante décadas, el problema excede a la política económica. Tiene que ver con la política y las instituciones que determinan sus reglas de juego.

Se trata de una cuestión en la que cada vez existe más consenso entre los economistas: las instituciones equivocadas están en la raíz de los fracasos económicos persistentes.

Cuando no funciona la separación de poderes, cuando no existe una prensa independiente, cuando no existe independencia del Banco Central, cuando el Gobierno puede gastar sin límites por decreto, los desastres económicos y sociales están prácticamente garantizados.

Esto es muy relevante para Argentina. Porque aún en su postura de que en la Justicia y la prensa hay opositores con ánimo “destituyente”, el Gobierno no disimula sus acciones para condicionar a ambos. Y no es un secreto para nadie que el Gobierno no cree en la independencia del Banco Central, y le parece natural que cuestiones fiscales relacionadas con gasto y deuda pública se decidan por decreto. Hay en el discurso oficial cierta idea de que el fin, en términos de ciertas políticas a defender, justifica los medios, aun en detrimento de ciertos principios constitucionales.

Cambiar de un modo definitivo este modo de hacer política requiere cambiar las instituciones, reforzando mecanismos para resguardar la separación de poderes, el respeto por la libertad de expresión y la independencia del Banco Central y eliminando la posibilidad de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo. El problema es que quienes tienen que cambiar estas instituciones, o reglas de juego, son justamente quienes se perjudican al hacerlo.

No sería extraño, en ese contexto, que el próximo Gobierno reprodujera esta situación solicitando, por ejemplo, facultades delegadas (vía ley de emergencia económica) justificadas en la magnitud de los problemas económicos que habrá heredado.

Esa es la naturaleza de la trampa en la que cayó en algún momento Argentina. Instituciones que conducen a políticas que generan inestabilidad económica y pobreza, y casi nadie con incentivos a cambiarlas. Por eso es tan importante discutir públicamente estos temas. Para no resignarnos a vivir en un país hundido absurdamente en la inestabilidad y la pobreza.

(*) Economista

© Agensur.info

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