lunes, 22 de septiembre de 2014

Quieren cancelar en 2015 sentencias a favor de jubilados

Nacionales - En el proyecto de Presupuesto 2015 el Gobierno prevé pagar el año próximo $10.500 millones por sentencias a favor de los jubilados de la ANSES. Y otros $1.456,5 millones para los fallos que benefician a retirados y pensionados de la Policía, de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se estima que estos fondos alcanzarían para cancelar unas 60.000 sentencias, de las cuales 50.000 corresponderían a beneficiarios de la ANSES y los otros 10.000 a las FF.AA. y de Seguridad.

De acuerdo con lo presupuestado para 2015 -el año de las elecciones presidenciales- el monto es un 65 % superior a lo que se fijó para 2014. En esa ocasión fue de $ 6.500 millones para los jubilados de la ANSeS (con un aumento de 61,5%) y de $ 755,8 millones (un 92,8% más) para los retirados y pensionados de las FF.AA. y de Seguridad, indicó Clarín.

Se estima, además, que en 2015 tendrá una incidencia plena la moratoria previsional recientemente sancionada por el Gobierno, por la que se estima que se podrán jubilar 500.000 trabajadores que tienen la edad requerida pero les faltan años de aportes para acceder al beneficio.

Y como está previsto en la ley de movilidad, en marzo y septiembre deberán aplicarse los aumentos que surjan de los índices de salarios y recaudación. Los aumentos de este año (11,31% en marzo y 17,21%, lo que da un acumulado del 30,4% anual) resultaron inferiores a la inflación real que se proyecta al 40%. Ahora, el haber mínimo que cobra más de la mitad de los jubilados es de $ 3.231 mensuales.

Según la Cámara de la Seguridad Social, en los primeros 8 meses de este año la ANSES interpuso 19.587 apelaciones contra las sentencias que favorecieron a los jubilados conforme a la doctrina de la Corte Suprema, agregó el matutino.

A su vez estaban pendiente de elevación a la Cámara 67.931 causas (depositadas en el edificio anexo de Lavalle 1441 a la espera de poder ingresar a las Salas) y 21.006 expedientes también sorteados a la Cámara pero sin giro de elevación por falta de espacio físico, en el edificio de Marcelo. T. de Alvear 1840 (sede de los juzgados de primera instancia) Por su parte, el proyecto de Presupuesto 2015 prevé que la ANSES le transfiera al Tesoro Nacional los intereses del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES que se estima será de $ 48.048,5 millones, más de 4 veces lo que se destinará para el pago de juicios.

Aunque el incremento de la partida para el pago de juicios es importante, más aún por tratarse de un año electoral, el stock de juicios es elevado aunque los jueces de la Seguridad Social están dictando más sentencias.

Según la ANSES, “existen 303.630 causas en trámite de naturaleza previsional. De ese total, 265.307 son por reajuste de haberes y el resto son juicios en los que se cuestiona el derecho al beneficio, el grado de invalidez del titular y otras cuestiones”.

En tanto, “durante los primeros ocho meses de 2014, la ANSES resolvió 28.139 sentencias, un 11,8% más con respecto al mismo período del año anterior, mientras las nuevas demandas contra la ANSES llegaron a 25.981 casos”.

En promedio las sentencias que se pagan rondan los $ 200.000, más el reajuste del haber de acuerdo a lo que fije la sentencia.

La mayoría de los juicios son por reajustes de los haberes luego de la crisis de 2001-2002. Y crecieron luego que la Corte Suprema dictara varios fallos favorables a las demandas de los jubilados, como el caso Badaro o Eliff o las demandas de los retirados de las FF.AA. y de Seguridad porque les liquidaron las jubilaciones sin incluir los rubros no remunerativos.

Ahora están ingresando menos demandas porque el reclamo por Badaro abarca a los que se jubilaron antes de diciembre de 2006, mientras la demanda por Eliff tiene menos impacto a partir de la aplicación de los índices de movilidad en 2009.


Para cobrar lo que ya determinó la Justicia, cada jubilado debe iniciar un juicio porque el Gobierno no extiende la doctrina de la Corte a todos los jubilados que están en la misma situación. Este reclamo está hace varios años en la Corte Suprema por una demanda colectiva presentada por la Defensoría del Pueblo. También la Corte tiene una gran demora en resolver las demandas de los jubilados de las Cajas provinciales transferidas a la ANSeS porque no se les aplican los beneficios de las leyes por las que se jubilaron. Y días atrás, el Alto Tribunal revocó las medidas cautelares dictadas por jueces a favor de los jubilados.

Informe: Agencias

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