viernes, 19 de septiembre de 2014

Preocupa más la expectativa del nivel de ingresos

Por J. Valeriano Colque (*)
Hasta el año pasado, bastaba con una publicidad de 12 cuotas sin interés para atraer consumidores dispuestos a cambiar el televisor, hacer un viaje, comprarse una tablet , o un nuevo celular. Pero ahora está cada vez más difícil. Las cadenas de electrodomésticos difunden ofertas de 18 pagos por “tiempo limitado” pero el repunte de las ventas es mínimo.

¿Qué cambió? Es obvio que, si uno necesita comprar una computadora, sigue siendo conveniente (y lo es más aún con la suba de precios) pagarla hasta un año después al mismo precio de contado. Entonces, tener disponibles 12 cuotas puede ayudar a quienes ya tenían pensado el gasto.

El problema es que ahora este incentivo ya no lleva a la gente a consumir más. Lo que pesa en el ánimo de los consumidores ya no es la conveniencia en el precio sino la expectativa sobre su nivel de ingresos. Y hay tres razones que hacen que esta sea negativa.

Primero, la inflación este año fue tan alta (con algunos picos como en enero y febrero que luego no fueron compensados por los aumentos salariales) que cada vez más familias tienen dificultades para llegar a fin de mes. Si el dinero no les alcanza, tienen que recortar gastos y los primeros rubros son aquellos menos necesarios. Así, postergan el cambio del auto, mantienen el mismo televisor o esperan un poco para el nuevo celular. Y quienes hoy tienen algún saldo de ingresos, tienen temor de que el dinero no les alcance más adelante. Entonces, en lugar de embarcarse en una cuota que no saben si podrán pagar, la guardan.

Segundo, las tasas de interés pegaron un salto importante en febrero y no volvieron a bajar. Esto no sólo impacta en los créditos personales o en el financiamiento de tarjetas con recargo. También lo hacen en los planes sin interés, porque este costo financiero está implícito en el precio de contado.

Los productos se encarecieron tanto que acceder a ellos, incluso en cuotas, es cada vez más difícil.

Por último, impacta la situación del mercado laboral. Las suspensiones y despidos afectan sobre todo a la industria, un sector con salarios mayores que el resto de la economía, pero también se extienden a otros rubros. La incertidumbre sobre cuánto y cómo se va a cobrar de sueldo es, sin duda, otro freno al consumo.

Debería ser todo al revés. Pero no lo es

Entre enero y agosto, el gobierno nacional gastó en subsidiar a los colectivos de todo el país 11.580 millones de pesos. Significa que, en lo que va del año, el gobierno de Cristina Fernández gastó aproximadamente 290 pesos en subsidiar el transporte de cada uno de los 40 millones de argentinos. Es una simplificación: en buena parte del país ni siquiera hay un transporte público al cual subsidiar. Pero retenga esa cifra: 290 pesos por cabeza. Por otra parte, además, el Gobierno gastó:

4.500 millones de pesos en pagar los sueldos de los empleados de los ferrocarriles que sólo corren en Capital Federal y el conurbano bonaerense, o sea, el Gran Buenos Aires.

2.360 millones en subsidiar otros gastos de funcionamiento de esos mismos ferrocarriles del Gran Bueno Aires

Y 1.820 millones en comprar los vagones y locomotoras nuevos–también para el Gran Buenos Aires–que usted ve que pone en marcha cada tanto el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo. Ese gasto de fondos públicos es la base de la campaña política de Randazzo. Quiere ser presidente.

Sumemos: son 8.680 millones de pesos. Si los dividimos por cabeza, nos da 556 pesos por cada habitante del Gran Buenos Aires.

Claro que ellos también usan colectivos, así que reciben además los 290 pesos mencionados al principio, en su condición de argentinos, que también lo son.
Conclusión: el Gobierno de Cristina Fernández, en lo que va del año, ha gastado en servicios de transporte 846 pesos por cada habitante del Gran Buenos Aires. En cambio, por cada habitante del resto del país ha gastado sólo 290 pesos.

846 contra 290. Es un 190 % más, casi el triple. Esa es la diferencia entre un ciudadano del Gran Buenos Aires y un mero siervo del interior del país.

La cosa es más grave todavía. Porque estamos hablando de gastos de transporte. Como resulta obvio, el costo del transporte de pasajeros es, entre otras cosas, directamente proporcional a las distancias que se deben cubrir e inversamente proporcional a las densidades de población. O sea: cuanto más territorio hay que cubrir, más caro resulta. Y cuanto más densa es la población, más eficiente resulta (hay mayores posibilidades de que, por ejemplo, los colectivos circulen llenos, etc.).

Sin embargo, aproximadamente el 65 % de los subsidios nacionales al transporte público están volcados en una superficie–el Gran Buenos Aires–que no abarca mucho más que el 1 % del territorio nacional. Y donde vive aproximadamente el 39 % de la población. Debería ser todo al revés. Pero no lo es.

Todos los datos surgen del último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (Asap).

Más que negar la realidad, lo mejor es buscar soluciones

Los funcionarios del Gobierno nacional parecen haber adoptado una estrategia común ante los problemas: negar la realidad. Durante años, descartaron que existiera inflación en la Argentina, pese a que–como contrapartida–autorizaban aumentos que intentaban corregir en parte la pérdida del poder de compra de sueldos y jubilaciones.

También los principales exponentes de la administración nacional negaron la inseguridad, que desde hace tiempo preocupa a los argentinos. Hasta Aníbal Fernández, entonces jefe de Gabinete y hoy senador nacional por la provincia de Buenos Aires, llegó a hablar de que en realidad existía “una sensación de inseguridad”.

El relato de estas peripecias no ha concluido, porque ahora otros funcionarios se han dado a la tarea de negar que exista pobreza y miseria en la Argentina y acuden, en cambio, a comparar los actuales indicadores con los que se registraban en la crisis de 2001-2002, pese a que el kirchnerismo lleva ya más de una década en el poder.

El cuarto informe del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia elaborado por la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtió que el 38,8 % de los niños y jóvenes se encuentra en situación de pobreza, en tanto 1 de cada 4 de ellos vive en hogares con necesidades básicas insatisfechas (NBI); es decir que, además de la carencia de alimentos y servicios esenciales, no poseen un ambiente físico adecuado para su desarrollo humano.  El informe puso de relieve que el 17,5 % de ese grupo etario reside en viviendas precarias en la Argentina; el 44 % convive con algún problema de saneamiento y el 19 % se halla en hogares en condiciones de hacinamiento. El Barómetro destacó, no obstante, que esos tres indicadores habían experimentado progresos significativos.

De inmediato, el actual jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, desacreditaron el informe, sin brindar datos oficiales. El Gobierno se niega a proporcionar las cifras de pobreza desde enero último, cuando modificó el índice de precios al consumidor. Capitanich, quien días atrás aseguró que casi se había erradicado la pobreza, insistió en sus conceptos y sostuvo que “la reducción de la pobreza en la Argentina ha sido abrupta e intensa”. Una expresión que está lejos de una realidad palpable en su provincia natal, Chaco, y en la vecina Formosa, donde según los indicadores oficiales casi no existen pobladores con hambre, mientras que recientes informes periodísticos mostraron cuadros dramáticos de subsistencia.
Más que negar la realidad, lo mejor que puede hacer el Gobierno es buscar soluciones, con apoyo de los diversos estamentos del Estado y de las organizaciones sociales. Lo contrario aleja las posibilidades de una solución duradera.

La banalización de la pobreza

La eliminación de la pobreza es una deuda pendiente de todos los gobiernos desde la recuperación democrática. No hay registros, en los últimos 30 años, de un nivel de pobreza inferior al 16 %. Demasiado alto para la historia y los recursos del país.

La pobreza fue muy alta al final del gobierno de Raúl Alfonsín, como consecuencia de la hiperinflación (47,3 % en octubre de 1989).

La década del ‘90 comenzó con pobreza en torno al 40 %, estuvo apenas por debajo del 20 % a mediados de la década, y terminó en torno al 30 %.

Y la década que comienza en 2003 tuvo, paradójicamente, un desempeño casi idéntico: alrededor del 40 % al comienzo, casi 20 % en el mejor momento, y alrededor del 30 % al final.  Entre ambas décadas, el desastre de 2002, con pobreza por encima del 5% (54,3 % en octubre de ese año). La curiosa similitud entre los ’90 y la última década, a pesar de políticas e ideologías tan diferentes, muestra el impacto de los desastres macroeconómicos sobre la pobreza: la década menemista comenzó con alta inflación y terminó con alto desempleo, mientras que la década kirchnerista comenzó con alto desempleo y termina con alta inflación.

Por eso el primer paso para reducir la pobreza es diseñar y ejecutar políticas económicas que permitan un mínimo de estabilidad, para evitar tanto el desempleo como la inflación. De lo contrario, toda política social estará destinada al fracaso.

Y esto requiere instituciones políticas y económicas que reduzcan el margen de discrecionalidad de los gobiernos sobre la economía. El único reaseguro de que los desastres macroeconómicos de los últimos 40 años no vuelvan a ocurrir. Por supuesto que una macroeconomía bien gestionada no elimina la pobreza. Porque no funciona la “teoría del derrame”, según la cual el crecimiento sostenido necesariamente beneficia a toda la sociedad, ya que existen personas que no pueden acceder a buenos empleos por insuficiente educación o por periodos demasiado extensos fuera del mercado laboral.

Por eso son necesarias, aun con una macroeconomía estable, política sociales focalizadas, primero para evitar que esas personas caigan en la indigencia, y luego para tratar de que adquieran las competencias necesarias para integrarse al mercado laboral.  En este contexto, la banalización de la pobreza es la peor señal para millones de argentinos que merecen un futuro mejor. Porque al banalizar la pobreza resulta difícil que se ejecuten las políticas que permitan eliminarla.

Hay banalización de la pobreza cuando un periodista argumenta que los pobres eligen vivir en villas miseria por conveniencia. Para acortar traslados. Con la ventaja de estar cerca de un cine.
Con más dignidad que en algunos lugares de París. Más grave aún, hay banalización de la pobreza cuando la propia Presidente de la Nación plantea, como indicador de la calidad de vida en el país, que hay antenas de Direct TV en las villas.

También cuando el Ministro de Economía plantea que una familia que tenga vivienda propia no es pobre, aun cuando no tenga ingresos suficientes para vivir dignamente.  O cuando justifica, con argumentos inaceptables como la existencia de “severas carencias metodológicas” del Indec, la imposibilidad de publicar índices oficiales de pobreza e indigencia. Y entonces el Jefe de Gabinete afirma que la pobreza se redujo drásticamente, aunque no pueda decir cuánto. Como es bien sabido, no puede gestionarse adecuadamente lo que no se mide. Por eso es necesario dejar de banalizar la pobreza y comenzar a considerarla con seriedad, para que millones de niños pobres tengan la oportunidad de un futuro mejor.

Futuro mejor que nunca llegará si, encima, permitimos que se banalice la educación.

(*) Economista

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