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| Cristina Kirchner aplicará la Ley Antiterrorista a una empresa gráfica. |
Nacionales – Cristina
Kirchner denunció este jueves que fondos buitre están detrás de la
"quiebra exprés" que tramitó la empresa gráfica de origen
estadounidense Donnelley, ubicada en Garín, con la presunta colaboración de la
Justicia argentina, de acuerdo con la Presidenta. Anunció que se le aplicará a la empresa la
llamada "Ley Antiterrorista, porque buscan alterar el orden económico y
financiero" del país, según justificó la mandataria.
Será la primera vez
que se utilizará esa norma para demandan a una compañía.
En un acto en la Casa Rosada, Cristina sugirió que la
quiebra de Donnelley, que amenaza dejar 400 despedidos, fue orquestada por los
fondos buitre, y anunció que la AFIP se presentó ante la Justicia para que
revierta esta situación: "Estamos ante un caso fraudulento para intentar
atemorizar a la población", denunció la jefa de Estado.
También dijo Argentina demandará a Donnelley en Estados
Unidos, donde tendrá que "justificar" por qué la firma dice haber
perdido 22 millones de dólares en la Argentina, perjudicando de esta manera a
los accionistas de la compañía.
Qué establece la ley
La ley antiterrorista (26.734) fue aprobada en el Congreso y
promulgada por Ejecutivo en diciembre de 2011 bajo fuertes cuestionamientos de
la oposición, movimientos sociales y organismos de derechos humanos.
Esta norma es la derogación del artículo 213 del Código
Penal (incisos ter y quater, incorporados en 2007) que penaba la participación
en una asociación ilícita destinada a generar terror en la población y el
financiamiento de organizaciones terroristas, respectivamente.
Incorpora como agravante de todos los delitos del Código
Penal su comisión con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a
las autoridades públicas nacionales a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Luego aclara que las agravantes no se aplicarán cuando
"los hechos que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional".
"Cuando alguno de los delitos previstos en este Código
hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar
a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una
organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la
escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes
previstas en este artículo no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales
o de cualquier otro derecho constitucional", establece el artículo 3 de la
ley 26.734.
El artículo 306 al Código Penal que establece que será
"reprimido con prisión de cinco (5) a quince (15) años y multa de dos (2)
a diez (10) veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente
recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se
utilicen" para "financiar la comisión de un delito" o una
"organización delictiva".
Por otra parte, la norma habilita a la Unidad de Información
Financiera (UIF), manejada por el Poder Ejecutivo, a disponer el congelamiento
de activos con el único requisito de comunicárselo a la Justicia.
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