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Por Ana Gerschenson |
Supo ser funcional al menemismo en los 90, pero hoy la jueza
María Romilda Servini de Cubría es la pesadilla del final del kirchnerismo.
Basta con repasar las decisiones que en las últimas semanas tomó en causas por
corrupción que apuntan al Gobierno: dictó el procesamiento del ex titular del
Sedronar, José Granero, por no controlar la importación de efedrina que se
utiliza para la fabricación de drogas sintéticas.
Esta semana también procesó a
la ex secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, por "despilfarro"
de fondos públicos. Y a horas de finalizado el entierro de Julio Grondona,
ordenó el allanamiento de la sede de la AFA para comprobar si hubo
"malversación de fondos" del Estado en los contratos de Fútbol para
Todos, una investigación que involucra a los jefes de Gabinete (ex y actual)
Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich.
"Es probable que influya el final del kirchnerismo,
pero Servini tiene una larga trayectoria y hoy está más allá del bien y del
mal. En el Fuero Federal está llegando el momento de madurar algunas causas, no
sólo en el juzgado de Servini, también en los otros", asegura el
constitucionalista radical, Ricardo Gil Lavedra, ante 3Días.
A cargo del Juzgado Federal Número 1, con competencia
electoral, la "Chuchi", como la apodan desde chica en su San Nicolás
natal, también acumula otras causas judiciales incómodas para la Rosada:
investiga al ex presidente Amado Boudou por irregularidades en el manejo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES.
Servini intenta establecer si se compraron acciones de
empresas sospechadas de estar vinculadas a funcionarios kirchneristas con
fondos de la ANSES. En el expediente figura también el ex ministro de Economía,
Hernán Lorenzino.
En su despacho se tramita, además, una acusación a la
presidenta Cristina Kirchner por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento
de los deberes de funcionario público y tentativa de contaminación ambiental, a
partir de la firma del acuerdo secreto entre la Argentina y la petrolera Chevrón
por la explotación de Vaca Muerta.
De familia judicial, con abuelo camarista y padre
magistrado, trabajó primero como escribana, se casó antes de recibirse con Juan
Tomás Cubría, capitán de la Fuerza Aérea, y recién después de haber tenido su
segundo hijo se decidió a terminar sus estudios de Derecho en la UBA.
En 1976 Isabel Perón firmó el ascenso a jueza de menores de
quien era una joven defensora oficial. Un año más tarde de su derrocamiento, su
esposo fue pasado a retiro por el brigadier Ramón Agosti.
La jueza es apreciada por los organismos de DD.HH.. Durante
la dictadura, como jueza de menores, logró restituir a sus abuelos a nietos
apropiados por el gobierno militar. Atesora una carta de las Abuelas de Plaza
de Mayo en donde le agradecen el haber sido recibidas desde 1977", años
complicados para reclamar justicia por los desaparecidos que entonces se
multiplicaban.
Esta semana, Servini fue la encargada de comunicarle a
Estela de Carlotto que su nieto finalmente había sido encontrado. Y es que tenía
en su juzgado la causa por la búsqueda de Guido desde 1998.
Su década más cuestionada fue la menemista. Fue el riojano
quien la convirtió en jueza federal, el 19 de noviembre de 1990. Y casi en
continuado, en su juzgado recayó el escándalo del Yomagate, un expediente por
narcolavado que involucraba a Amira Yoma, cuñada de Menem y entonces jefa de
Audiencias del jefe de Estado. Su accionar fue criticado fuertemente. Demoras y
trabas a los pedidos del ex juez español, Baltasar Garzón, que investigaba el
caso con ramificaciones internacionales, terminaron convirtiéndola en el
símbolo de la sumisión de la Justicia al poder político del menemismo. Los
pedidos de juicio político en su contra fueron convenientemente frenados por el
PJ en el Congreso.
La "Chuchi" ha trabajado duro desde entonces para
revertir esa imagen. Durante los años del kirchnerismo se ha mostrado, con
cintura política, a prudente distancia de la Casa Rosada.
Esta coleccionista de lechuzas de 77 años, es reconocida por
su colegas de Tribunales como polémica, aunque también como una funcionaria
judicial que no se ha enriquecido con su cargo, como lamentablemente se
sospecha de algunos de sus colegas en el fuero federal.
Su momento de fama lo tuvo en 1992, cuando protagonizó el
episodio de censura más resonante en democracia, al prohibirle al gran cómico
Tato Bores que la mencionara en su programa. Un coro de famosos integrado por
Alejandro Dolina, Luis Alberto Spinetta, Magdalena Ruiz Guiñazú, y Susana
Giménez, entre otros, terminaron cantando "La Jueza Buruburubudía es lo
más grande que hay", irónicamente en su honor.
Veintidós años después, ante el avance de las
investigaciones de funcionarios kirchneristas por corrupción, dirigentes de la
oposición estarían dispuestos a volver a cantar la misma canción, pero ya sin
ironías.
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