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| Por Natalia Buira (*) |
El gobierno provincial y el gobierno municipal contando con
el auspicio del Banco Macro han decidido invisibilizar la lucha docente con el
muro metálico levantado hace unos escasos días en la Plaza 9 de Julio,
principal paseo público de nuestra ciudad, en donde se habían establecido las
carpas de los docentes hace más de 30 días a la fecha y donde los docentes
unidos habían anunciado públicamente el establecimiento de una gran carpa
blanca, al estilo de la que estuvo durante mucho tiempo en la Plaza de Mayo,
como símbolo de resistencia de los reclamos no escuchados por el gobierno
provincial.
Este vallado se levanta oportunamente con el pretexto de
embellecer la plaza principal, es decir que el gobierno provincial acude a la
cosmética urbana para soterrar y acallar derechos humanos fundamentales. Lo
extraño es que la cosmética iniciada es fuertemente custodiada durante día y
noche por las fuerzas policiales de la Provincia.
Cabe preguntarse si resulta necesario tanto despliegue de
fuerza para hermosear nuestra plaza principal.
El acudir a la cosmética urbana es un nuevo y creativo
método ya que la represión policial tradicional de los conflictos sociales y
gremiales resulta costosa públicamente sobre todo en períodos pre
eleccionarios.
El otro método de control social conocido frente a los que
osan reclamar por sus derechos es la criminalización de la protesta llevada a
cabo por el gobierno contando con el apoyo incondicional de fiscales y jueces
nada independientes que criminalizan la protesta mediante el dictado de
procesamientos a los líderes de los reclamos sociales y gremiales.
Cabe preguntarse por qué ocurre la criminalización de la
protesta social a través del Poder Judicial y del Ministerio Público, y la
respuesta la encontramos en lo que expresa el Dr. Roberto Gargarella: “El
derecho acostumbra a hacer lo que no se debe: maltrata a quienes debe cuidar,
persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención, y sirve
a quienes debe controlar”.
La protesta social es una práctica propia de democracias
reales, es impensable en regímenes dictatoriales, porque es una práctica
asentada en derechos constitucionales, a saber: derecho a la libertad de
expresión, derecho a peticionar a las autoridades, derecho a reunirse, derecho
a asociarse, derecho a actuar en la arena política dentro y fuera de los
partidos políticos, derecho a la resistencia civil, todos estos derechos
reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales
de Derechos Humanos.
El derecho a la protesta social es una llave de acceso a la
Justicia, entendida esta en un sentido más amplio que el Poder Judicial, pero
sin dudas debe incluir las respuestas que desde el mismo se pueden dar frente a
los conflictos sociales.
La protesta social en este caso es en defensa de la dignidad
y no precarización del trabajo docente, en defensa del cumplimiento de la ley
en la forma de pagar el aguinaldo, en defensa de escuelas públicas dignas y en
condiciones edilicias seguras para niños y maestros, en definitiva en defensa
de la educación pública provincial.
Es un derecho para lograr hacer efectivos derechos sociales,
económicos y culturales no garantizados por el Estado Provincial.
Frente a estos reclamos y quejas pacíficas sostenidas en el
tiempo sin ser escuchadas, mientras se gastan grandes sumas de dinero que no
están destinadas a efectivizar derechos de la población, cabe reflexionar-
justamente porque todo ocurre en el principal paseo público frente a la
Catedral- sobre las palabras del Papa Francisco pronunciadas el día lunes 16 de
junio durante la homilía que diera en Santa Marta hablando a propósito de los
corruptos políticos, los corruptos económicos y los corruptos eclesiásticos:
“Si hablamos de los corruptos políticos o de los economistas corruptos, ¿quién
paga esto? Pagan los hospitales sin medicinas, los enfermos que no tienen
cuidados, los niños sin educación. Ellos son los modernos Nabot, que pagan la
corrupción de los grandes”.
(*) Defensora Oficial
Nº4, Master en Derechos Fundamentales.
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