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| Por Gabriel Profiti |
En pocos días, el Poder Judicial encadenó fallos avinagrados
para el Gobierno y desempolvó aquella regla no escrita sobre la propensión de
los jueces a dictaminar contra el poder cuando el fin de un ciclo político se
palpita o es un hecho.
El revés del vicepresidente Amado Boudou en la causa
Ciccone, los repetidos fallos contra la Anses por la actualización de jubilaciones,
la inconstitucionalidad del acuerdo con Irán, el blindaje de la Corte Suprema a
sumar conjueces propuestos por el Ejecutivo y hasta el aval a investigar un
decreto presidencial sobre la sociedad YPF-Chevron forman parte de esta
secuencia.
En verdad, el máximo tribunal mantuvo una línea de acción
desde que invalidó, el año pasado, la reforma judicial impulsada por la
Presidenta, aunque en aquel momento compensó la sonoridad de esa decisión con
el aval a la aplicación plena de la Ley de Medios.
Sin embargo, ahora los hombres de la Justicia se sentirían a
tempo para dar disgustos al Gobierno, pese a que todavía la administración
central tiene poder de fuego para tomar represalias vía Consejo de la
Magistratura.
La situación del Vicepresidente en el caso Ciccone se
complicó luego de que la Cámara de Casación rechazara un planteo de su para que
fuera sobreseído por negociaciones incompatibles con la función pública.
Realmente Boudou jugaba muchas fichas a ser exculpado en esa instancia, tras el
guiño de un fiscal.
Ahora sus abogados recurrirán a la Corte Suprema, aunque un
llamado a indagatoria por parte del juez Ariel Lijo suena previsible e
institucionalmente grave.
Esta tensión institucional sucede cuando la Corte Suprema se
dispone a trabajar, al menos por algunos meses, con seis miembros, tras el
fallecimiento de Carmen Argibay.
Los ministros del tribunal adelantaron que prefieren
postergar un fallo en caso de empate antes que sumar conjueces. Esto ocurre en
medio de la polémica por una lista de juristas propuesta por el Ejecutivo al
Senado para que se desempeñen como tales.
La balanza, símbolo de la Justicia, volvió a inclinar uno de
sus platillos contra el Gobierno en lo que concierne al acuerdo con Irán para
el juzgamiento en ese país de los acusados por el atentado a la AMIA, ocurrido
hace casi veinte años, en 1994.
El fallo revocó un pronunciamiento del juez federal Rodolfo
Canicoba Corral por considerar que el Ejecutivo invadió jurisdicción judicial y
pareció sellar la suerte de esa polémica iniciativa, pese a que el Gobierno
también apelará ese revés.
En verdad, la administración kirchnerista ya había perdido
esperanzas en que el acuerdo avanzara por las dilaciones de Irán y se había
movido intensamente en los últimos meses para suturar las relaciones con
Israel, amenazadas por ese pacto.
El canciller Héctor Timerman, protagonista de aquel acuerdo
firmado en Etiopía, viajó hace unas semanas a Israel y volvió muy satisfecho. El
Gobierno temía que en el año del vigésimo aniversario del ataque, ese
memorándum de entendimiento se convirtiera en una caja de resonancia de los
reclamos de la comunidad judía como en los tiempos de Carlos Menem.
Borrón y cuenta nueva
También hubo una reacción rápida para evitar males mayores
con la Iglesia de Francisco, luego del fuerte entredicho por el documento
crítico que publicó el Episcopado argentino, cuyo eje fue que la sociedad
argentina está "enferma de violencia".
"Ellos no retrocedieron en torno al documento, pero
dijeron que estaba dirigido a la sociedad en general y no al Gobierno.
Cristina por su lado fue muy franca, planteó lo que no
estaba de acuerdo y, lo importante es que más allá de las diferencias el tema
fue superado", señaló una fuente oficial a este columnista.
El repentino encuentro fue bordado por el secretario de
Culto, Guillermo Oliveri, y el secretario general del Episcopado, Enrique Eguía
Seguí, para evitar una escalada. Se acordó luego de que los obispos salieran a
moderar los alcances del texto. En otro momento, Cristina hubiera tensado la
cuerda al máximo.
Tras esta distensión cesaron las malos augurios oficiales de
que el Tedéum del próximo domingo por el 25 de Mayo podría ser marco para una
nueva bajada de línea contra el Gobierno desde el púlpito de la Catedral
Metropolitana.
Esta vez el encargado de dar la homilia será el cardenal
Mario Poli, pero un mensaje sumamente crítico iba hacer recordar los tiempos
tirantes del Arzobispado de Jorge Bergoglio.
La Presidenta confirmó su asistencia ante el titular del
Episcopado, José María Arancedo, y el obispo auxiliar de Poli, Joaquín Sucunza,
quien se llevó de la reunión datos sobre los puntos que pueden erizar de nuevo
la piel de la mandataria.
El pronunciamiento del Episcopado sobre la violencia -y
también sobre la corrupción- se incrustó en un momento difícil para el Gobierno.
La actividad económica entró técnicamente en recesión y siembra dudas sobre una
recuperación que en el Palacio de Hacienda preanuncian desde hace meses.
En ese contexto, la política apura los posicionamientos
antes del Mundial de Brasil, consciente de que no habrá vidriera posible cuando
empiece a rodar la pelota, o mejor dicho, la vidriera quedará asociada a la pelota.
El último en anotarse fue Julián Domínguez, presidente de la Cámara de
Diputados.
Mientras tanto, los ya posicionados, Daniel Scioli, Sergio
Massa y Mauricio Macri siguen de campaña por el interior del país ampliando su
álbum de fotos con posibles socios políticos. Lo curioso es que en muchos casos
se disputan las mismas adhesiones.
Massa -con opositores y exkirchneristas de todo el país- y
Scioli -rodeándose de dirigentes de peso del PJ oficial- parecen haber sacado
ventajas en ese juego. Macri apuesta a desprendimientos del radicalismo. No
obstante, todo indica que las encuestas ordenarán las alianzas a último
momento.
© NA
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