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| El juez Jorge Villada se refirió a la "lucha desigual" contra la droga. |
Por Sergio Farella
Una ejecución por semana en ajustes de cuentas entre bandas
de narcos se registra en el norte de Salta, según alertó el presidente de la
Cámara Federal de esa provincia, el juez Jorge Villada, quien aseguró que en
esa región del país continúa "lloviendo droga", pese a los esfuerzos
de las autoridades por contener el avance de organizaciones que trafican
estupefacientes.
En una entrevista con NA,
Villada advirtió que se trata de una lucha "desigual" la que
mantienen las fuerzas de seguridad contra los narcotraficantes por la falta de
recursos y subrayó la necesidad de avanzar con la instalación de radares que
cubran la frontera norte del país en toda su extensión.
El juez viajó a Buenos Aires para asistir a una reunión con
el secretario de Seguridad, Sergio Berni, de la que tomaron parte varios
magistrados federales que se desempeñan en el convulsionado norte argentino, y
regresó a Salta esperanzado en que se cumplan las promesas del Ejecutivo
nacional de intensificar la batalla contra el crimen organizado: "Nosotros
solos no podemos salir a cazar narcos", enfatizó.
En mayo pasado, una docena de jueces federales emitió una
documento reclamando la instalación de radares en la zona, que se cubran las
vacantes en distintas dependencias judiciales, una mayor presencia de
Gendarmería en el norte del país y la construcción de cárceles para
descomprimir la situación de superpoblación que acusaron en los penales ya
existentes.
El martes último, la Corte Suprema de Justicia dictó una
resolución en la cual trasladó el reclamo de los jueces del norte e instó al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos así como al de Seguridad de la Nación
a atender la problemática con la mayor urgencia posible.
Además, el máximo tribunal hizo un llamado al Consejo de la
Magistratura a raíz de los pedidos de cubrir las vacantes en distintos
juzgados.
Según dijo Villada a NA,
en el límite norte de Salta funcionan en la actualidad dos radares móviles con
un alcance limitado de rastreo y que ofrecen apenas un "mapeo" en
tiempo real diario de "dos a tres horas".
El otro reclamo de los jueces es que la información
recopilada por los radares primero es dirigida a Buenos Aires y luego es
retransmitida a la provincia, lo que provoca que en ocasiones se reaccione
tardíamente frente al ingreso al territorio nacional de aviones narcos
provenientes de Bolivia o Paraguay.
A continuación, un
detalle de la entrevista con Jorge Villada, juez federal de Salta:
-En la actualidad
cuando se habla de narcotráfico se pone el foco en la grave situación que
existe en Rosario, pero ¿es un fenómeno que se puede nacionalizar?
-En el norte salteño hay una ejecución por semana a raíz de
ajustes de cuentas. Sí está la preocupación, toda la movida que hemos hechos
los jueces del NOA y NEA tiene que ver con llamar la atención a los poderes
públicos y la sociedad sobre el problema, convocarlos para luchar contra el
narcotráfico, ya que nosotros no podemos salir a cazar narcos, es una labor de
las áreas de seguridad u otras agencias estatales, porque por ejemplo la AFIP
puede intervenir con su base de datos y cruzar información.
-Hace un tiempo
algunos jueces describieron la grave situación en la frontera y dijeron que
llovía droga en el norte, ¿sigue siendo así?
-En el norte del país sí claro, sigue habiendo vuelos, la
gente los ve, los escucha. El otro día hubo en medio de un procedimiento, donde
detuvieron a un vuelo, otro que pasó en ese momento.
-¿Hay una lucha
desigual con el narcotráfico?
-Sí la hay, porque tecnológicamente no tenemos todas las
capacidades, la única buena noticia es que Gendarmería está en un número muy
importante en la frontera y están equipados mucho mejor que antes, le está
faltando solo estructura edilicia. El narcotráfico paga alta tecnología, mejor
que cualquier Estado.
-¿Mantuvieron un
encuentro con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y autoridades del
Gobierno a partir de reclamos que hicieron para combatir el narcotráfico y
otros delitos?
-Sí, se trabajó sobre los reclamos que hicimos. Como
primera cuestión van a crear una cárcel en la localidad salteña de Orán con
capacidad para 500 presos, una de las tantas cárceles que se van a hacer, y
estaría terminada en 2015. Van a ampliar la cárcel de General Güemes, Salta y
Jujuy. Planteamos hacer alcaldías de detención temporal, son más fáciles de
construir. También en el encuentro propusimos agilizar los procesos y
contemplar la posibilidad de que un solo juez que haga el juicio, para que se
abrevien.
-¿Uno de los puntos
del reclamo tiene que ver con tener más tecnología como ser el uso de radares?
-Se habló del tema, pero muy tangencialmente por el tema de
costos de los radares. Pedimos dos radares más para triangular toda la zona del
NOE y NOA, pero con la salvedad que ésta es una de las patas del problema,
porque si bien la mayoría de la droga creemos que ingresa vía aérea, tener
radar implica tener toda la tecnología para detectar el vuelo, identificarlo,
perseguirlo y eventualmente interceptarlo. En Santiago del Estero, hay un radar
grande, pero que rastrea desde los 2.000 metros para arriba y en general los
vuelos narco lo hacen más bajo y tienen la posibilidad de aterrizar en
cualquier lado, no necesariamente en ruta sino también en campos.
-¿Otra de las
demandas al Gobierno es ocupar la gran cantidad de vacantes que hay en los
juzgados de esa región?
-Se habló de la puesta en marcha de los juzgados. No son
tiempos cortos pero en un ano tener la infraestructura judicial que
necesitamos, en ese sentido se habló de la creación de juzgados, y el
Ministerio de Justicia lo tiene muy claro. Tenemos un promedio de 150 juicios al año en tiempos
normales pero en esta época los juicios de lesa humanidad ocupan un fuerte
espacio, y todos esos debates se van postergando y se amontonan. Hay jueces que trabajan lunes y martes en Santiago del Estero,
miércoles y jueves en Tucumán y el viernes en Catamarca. También se evalúa
crear en cada unidad judicial una secretaría temática dedicada al narcotráfico,
sería bárbaro pero le dijimos al Poder Ejecutivo que necesitamos los recursos.
-Es tema de debate
permanente si es conveniente la sanción de una ley de derribo, ¿es necesaria?
-Hay proyectos concretos. Yo he tenido oportunidad de
acceder a uno de ellos. Implica que tenemos que tener tecnología apta para
determinar cuál es un vuelo ilegal, para no involucrar a inocentes. Tomar la
decisión de derribar un avión supuestamente clandestino es mucho más difícil
que dictar una pena de muerte al cabo de un juicio. Hay que pensarla muy bien a
la ley, pero mientras tanto hay que hacer. En la actualidad, se puede
interceptar a un avión clandestino en vuelo, se lo puede obligar a bajar pero
se necesitan elementos aéreos, habría que poder cambiar la ley de seguridad
interior.
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