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| Por Roberto García |
Hubo dos pronunciamientos de la Corte Suprema sobre la Ley
de Medios. Uno, aprueba la constitucionalidad de la norma (sólo votó en contra
Carlos Fayt). Dos, el controvertido plazo para que los grupos se desapoderen de
empresas que no se adapten al nuevo régimen (ejemplo: operar, bajo un mismo
dueño, Canal 13 y TN). El Gobierno piensa que las transferencias deben ser
inmediatas, no es lo que cree el Grupo Clarín.
Algo difuso el fallo en este
aspecto, le traslada las instancias resolutivas a distintas cámaras, le
complica la vida a otros jueces y alienta un fárrago de presentaciones y
pleitos. Todo ocurre bajo el paraguas de favorecer la libertad de expresión, según
se viste cada uno de los participantes, sea la Corte, el Gobierno o los grupos
concentrados, en un país donde el 80% del poder mediático se reparte entre dos
grupos identificables con la Casa Rosada y Clarín, al arbitrio o capricho de
una o dos personas (léase Cristina de Kirchner y Héctor Magnetto); donde se
administra la publicidad oficial según el gusto de la Presidenta, aun contra
las instrucciones de la misma Corte; donde se le impone a los empresarios en
qué medios debe aplicar su publicidad y, sobre todo, en cuáles no; donde se han
comprado medios estéticamente contrarios al gusto oficial nada más que para
suprimir periodistas; donde se violan las reglas de mercado (tiene menos
publicidad el que más rating cosecha por el temor de las compañías) y las
empresas ni compiten porque no les importa ganar, más bien su disposición es
perder para garantizar determinados propósitos políticos.
Una lista interminable de limitaciones anómalas que no se
modifica un gramo por la explicación cierta de que “el que puede, dice lo que
quiere”. Y el sayo, habrá que insistir, no le corresponde solo al Gobierno
–también a la trayectoria tentacular de Clarín– aunque la responsabilidad
oficial es superior debido a que utiliza las espadas del Estado para su
beneficio.
Ahora van algunas consideraciones sobre situaciones, atajos,
complementos y desviaciones de un fallo que, por el marco y entorno que lo
rodea, responde a los intereses políticos y económicos más que al propio
Derecho:
En menos de 48 horas, vía el dúctil Ricardo Lorenzetti,
durmió a Massa, Macri, Carrió y a cuanto ganador se impuso en la elección del
domingo. Al contrario, hizo festejar a la no tan convaleciente Cristina en
Olivos, a quien le atribuyen una conspiración con el titular de la Corte para
disipar juntos las tinieblas que envolvieron al Gobierno con la derrota. Nada
más erróneo, y no porque uno descrea de la inteligencia de los personajes.
Ocurre que la decisión se había tomado antes, fue advertida por algún
periodista y contrariaba la opinión presidencial: Ella quería ese fallo antes
de los comicios. Tanto presionó que, según otros miembros de la Corte, el
vocero de la Casa Rosada en el instituto, Raúl Zaffaroni, le reclamó ipsofacto
esa decisión a sus pares. No pudo, se fijó la fecha del martes siguiente al
voto siempre y cuando estuvieran presentes todos los firmantes (no es una
novedad que algunos viajan más que un embajador itinerante). Y, curiosamente,
el efecto del fallo resultó políticamente más satisfactorio.
Para Clarín, lo de Lorenzetti fue una traición, ya que fue
quien volcó la balanza. Al parecer, los representantes de la empresa se reunían
a menudo con el titular de la Corte, le masajeaban el ego sensible con
publicaciones favorables. Tanto vínculo produjo que el Gobierno lo sospechara
al jurista como enemigo, lo maltratara en publicaciones varias, le hiciera
campañas en contra, dudaran de su honorabilidad y patrimonio (empresas, el hijo
emprendedor, cuestiones íntimas). Fue pública y deshonrosa esta actitud
oficialista, bendecida por la Presidenta, quizás fundada en que podía ser un
eventual sucesor de la dama para el caso de una crisis. Lorenzetti admitió esa
obsesiva persecución, sus amigos sostenían que era espiado, fotografiado,
filmado y escuchado por diversos servicios de inteligencia para desfigurar su
prestigio y, luego, en el sometimiento de la vergüenza, arrebatarle dictámenes
a favor. Ahora todo se ha dado vuelta: quienes desempolvan esa campaña artera
son los que antes lo defendían y prohijaban.
Si hay sospechas en Clarín sobre el voto de Lorenzetti
(jamás aceptarán que fueron destruidos sus abogados famosos –Gelly, Carrió– por
una desconocida letrada de Lomas de Zamora –Graciana Peñafort– en las
audiencias públicas, a pesar inclusive de poseer las preguntas que les iban a
formular), otra preocupación se advierte en el diario La Nación: el titular de
la Corte inclinará su voto a favor o en contra de esa empresa por un litigio
monumental que le sigue la AFIP y le podría costar su supervivencia. Dicen
haberle escuchado decir a Lorenzetti que presentar una cautelar y al mismo
tiempo empezar a pagar la deuda exigida son determinaciones contradictorias,
que no favorecen al diario.
Más que singular resulta la afinidad obligada de Martín
Sabbatella con uno de los socios minoritarios de Clarín: le recomendó a
Magnetto que se integre al plan que presentó Fintech, con 40% del paquete de
Cablevisión, el que sería aceptado por las autoridades. Extraña recomendación
del Gobierno: a Fintech la preside David Martínez, un mexicano formado en la escuela
del Citibank (sobre todo para quedarse con empresas por el suelo en los 90),
viene a ser la encarnación de un “buitre”, al menos de los fondos que Cristina
cuestiona y denuncia por haber comprado papeles de la deuda argentina. Martínez
caracteriza su megafortuna por operar en parte de ese mercado basura, de ahí
que extraña la admiración de Sabbatella. Pero Martínez cultiva también a otro
funcionario, Carlos Zannini, al que visita en viajes relámpagos y exclusivos,
seguramente para tratar el tema de la Ley de Medios y, en especial, la
negociación con los hold outs a quien CFK dijo que nunca les iba a pagar. Como
ahora parece que está dispuesta a pagar, acaso por los fallos condicionantes
del juez Griessa, Martínez se ha vuelto cautivante para el Gobierno: sea para
juntar los fondos acreedores para una negociación o, tal vez, para comprar la
demanda de los más avanzados en la justicia norteamericana. Taciturno, discreto
en Capital Federal (menos en Nueva York y Londres, donde vive), Martínez
también visita a Sergio Massa y a otros empresarios que rodean al último
ganador de la elección en la provincia de Buenos Aires. Se supone que la
inquietud cristiana de un férreo creyente religioso es lo que anima a Martínez
para presentar el plan de adecuación que disgusta a Clarín y participar en la
negociación por los bonos caídos a través de Zannini, que domestique o compre a
los buitres y logre impedir un posible default después del primer semestre del
año próximo.
© Perfil
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