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| Ricardo Echegaray negó que se esté por aplicar la ley antiterrorista. |
El administrador federal de Ingresos Públicos, Ricardo
Echegaray, aseguró que su organismo no sería el eventual encargado de aplicar
la ley antiterrorista contra quienes retienen las liquidaciones de soja, sino
que “la AFIP aplica la Ley Penal Tributaria”.
Durante la conferencia de prensa en la que se refirió al
plan de regularización fiscal, Echegaray sostuvo que “las versiones (sobre la
eventual aplicación de la ley antiterrorista contra quienes retengan soja)
corren por cuenta del diario que las publicó” y que el organismo que encabeza
“sólo aplica la Ley Penal Tributaria”.
El funcionario se refirió así, ante una consulta, sobre la
información anticipada este lunes por El Cronista, sobre la existencia de una
iniciativa en el Gobierno para aplicar la denominada Ley Antiterrorista, que
por impulso del GAFI se votó a fines de 2011 para reprimir el lavado de dinero.
Con esa herramienta, el Gobierno buscaría castigar lo que
considera manipulaciones del mercado, y forzar así a las empresas a inyectar
dólares al mercado.
La respuesta de la Sociedad Rural no se hizo esperar. Este
lunes a la mañana, el titular de la entidad, Luis Miguel Etchevehere, calificó
la medida como "fascista".
De todos modos, el funcionario criticó a las cerealeras y
sostuvo que las que mantienen deudas con el Fisco por hacer “una viveza”, la de
“preanotar existencias para descontar impuestos”, no están incluidas en el plan
de facilidades lanzado este lunes.
En ese sentido, puntualizó que Cargill le debe al Fisco 228
millones de dólares, Bunge 126 millones de dólares, LDC 141 millones, Aceitera
General Deheza 48 millones, Molinos 197 millones, Nidera 132 millones, Vicentín
62 millones, y Oleaginosas Moreno 17 millones de dólares.
Informe: EC
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