Ministro Juan Manzur, investigado por supuesto enriquecimiento ilícito. |
La instrucción de la causa que procura determinar si Juan
Manzur, vicegobernador (con licencia) y ministro de Salud de la Nación, se
enriqueció ilícitamente abordará la posible relación entre ese funcionario
público y dos fideicomisos inmobiliarios. La ampliación fue decidida durante la
segunda semana de este mes por Daniel Bejas, juez federal N°1, y director de la
pesquisa iniciada en 2010, a partir de una denuncia de Oscar López, letrado y
peronista disidente.
Como consecuencia de esa determinación, el magistrado
autorizó el envío de oficios a la empresa Atrio SA para que esta detalle
quiénes integran el fideicomiso Ibirá, que, según el denunciante, pretende
construir un complejo de torres en la esquina de la avenida Salta y la calle
Marcos Paz de esta capital. López sospecha que Manzur forma parte de ese
emprendimiento (involucraría una superficie de 7.000 metros cuadrados). A
posteriori, el juez dio el visto bueno a la propuesta de solicitar la nómina de
consorcistas del edificio ubicado en la calle San Juan 433, que fue levantado
por el fideicomiso Manos, también con la participación de la empresa Atrio SA.
"He recibido documentación probatoria que desconozco si existe o no en la
causa, de las propiedades que posee Manzur aparentemente como integrante de
Manos", expresó López en el pedido de ampliación de la denuncia.
El fideicomiso Manos aparece en las dos primeras
declaraciones juradas (ddjj) que el médico tucumano entregó a la Oficina
Anticorrupción (OA) del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación en su carácter de ministro del gabinete de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner. En la relación que confeccionó en julio de 2009, cuando
accedió al cargo, consignó que debía $ 450.000 a Manos; seis meses después, en
la ddjj 2009 (anual), apuntó que esa deuda ascendía a $ 390.000.
En 2007, cuando asumió como vicegobernador de Tucumán,
Manzur habría declarado asimismo la propiedad de siete departamentos en el
edificio de San Juan 433. Esa ddjj (al igual que la de 2003, correspondiente al
ingreso del profesional al equipo del gobernador José Alperovich), tiene
carácter secreto, según la Ley provincial N° 3.981, de 1973. Manzur habría
expresado que el conjunto de las siete unidades mencionadas entraron a su
patrimonio por un valor de $ 630.000. En la ddjj 2011, el funcionario consignó
que había percibido $ 2.401.252 por la venta de siete departamentos en el
centro de la capital tucumana (el formulario de la OA no exige precisar el domicilio).
Bejas accedió a ampliar la instrucción tras la intervención
de Carlos Brito, fiscal federal N°1 (también a cargo de la Fiscalía Federal
N°2). En una resolución del 28 de noviembre, el magistrado había desestimado el
pedido de López (respecto del fideicomiso Ibirá) con el argumento de que no era
viable la tramitación de constantes ampliaciones de la denuncia original (en
total, el peronista disidente aportó datos nuevos a la pesquisa en cinco
oportunidades, la última vez, a partir de tres informes publicados en este
diario).
Contra esa decisión, Brito planteó un recurso de reposición
y consiguió una respuesta favorable del juez. Entre otras razones, el fiscal
planteó: "con la investigación del hecho a que hace referencia la ampliación...
se estaría dando respuesta a los intereses generales de la sociedad".
Informe: La Gaceta
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