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| Por James Neilson |
Es con toda seguridad por este motivo que se esfuerzan tanto
por convencerse de que la democracia es solo una fachada detrás de la cual los
militares y sus cómplices siguen en el poder, que con un grado de astucia
preternatural se las han ingeniado para engañar al pueblo disfrazándose de
civiles inofensivos cuando en realidad son los monstruos siniestros de siempre.
Puede que estos golpistas miserables ya no manejen tanques como en los buenos
viejos tiempos, pero, de tomarse en serio las advertencias de Cristina y sus
incondicionales, cuentan con unidades mediáticas que son igualmente mortíferas
y también, como los oficialistas más perspicaces acaban de enterarse, de
batallones de jueces que se han puesto a su servicio, además de columnas bien
armadas de chacareros oligárquicos, sindicalistas motorizados, economistas
neoliberales, jubilados carancho y otros enemigos del pueblo, para no hablar de
sus atroces aliados foráneos.
El que Cristina, flanqueada como está por la juventud
maravillosa de La Cámpora y por cohortes de dependientes serviciales, se
imagine una revolucionaria que lucha con heroísmo ejemplar contra una dictadura
castrense en las sombras, es claramente peligroso. Entraña el riesgo de que el
resto del país termine ajustándose a su pesadilla particular, que militantes
kirchneristas se atribuyan el derecho de recurrir a la violencia porque,
dirían, sus enemigos no titubearían en hacerlo. Por lo demás, la “crispación”
provocada por la retórica beligerante de una presidenta que habla de “fierros
judiciales” y por personajes como el ministro de Justicia, Julio Alak, que tomó
la decisión de extender la medida cautelar por un “alzamiento contra una ley de
la Nación”, no puede sino incidir en la conducta de muchos.
Si la Presidenta creyera que a pesar de todo la Argentina es
una democracia auténtica, una imperfecta, tal vez, pero así y todo digna de
conservar, se sentiría constreñida a acatar las reglas propias del sistema
imperante. En tal caso, negociaría con paciencia y buena fe con los adversarios
políticos, no se enojaría cuando los fallos de la Justicia resultan menos
contundentes de lo que quisiera, y soportaría con ecuanimidad aparente las
críticas por entender que no sería de su interés perder los estribos. Pero
parecería que Cristina no piensa así. Antes bien, se supone rodeada de enemigos
nada democráticos que están decididos a destituirla con los cuales sería inútil
dialogar, de “corpos” poderosísimas encabezadas por personajes tan temibles
como el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera. Así las
cosas, Cristina se cree facultada para ir a virtualmente cualquier extremo para
frustrar los planes malignos de los presuntamente resueltos a reanudar el
Proceso militar, razón por la que no ha vacilado en ensañarse con “la
corporación judicial” que, según ella, debería dejar de inquietarse por los
molestos detalles jurídicos, prestándose de este modo a una conspiración
golpista, y “respetar la voluntad popular”, es decir, la suya.
Pues bien: no cabe duda de que Cristina estallaría con
indignación si a un opositor se le ocurriera decir que, si bien conforme a la
Constitución el gran triunfo electoral que consiguió en octubre del 2011 le
aseguró el derecho a gobernar hasta diciembre del 2015, a partir de aquella
jornada de gloria “la voluntad popular” ha cambiado tanto que debería
respetarla abandonando ya la Casa Rosada. Felizmente para la Presidenta, merced
a la Constitución y el deseo mayoritario de respetarla, en octubre del año
pasado año la voluntad popular se quedó congelada hasta la segunda mitad del
2015, de suerte que, siempre y cuando el país no se aleje demasiado de la
legalidad, podrá seguir gobernando hasta fines de diciembre del 2015 sin tener
que preocuparse por los altibajos registrados por las encuestas de opinión. Lo
comprenda o no la Presidenta, su propio futuro, y aquel de sus subalternos,
depende de la estabilidad institucional.
Por cierto, puesto que la imagen de Cristina se ha
deslustrado tanto últimamente, no le convendría en absoluto que todo
permaneciera en manos de “la voluntad popular”, esta entelequia rousseauniana
que desde un par de siglos atrás ha brindado a revolucionarios de distinto
pelaje pretextos a su entender legítimos para perpetrar un sinnúmero de crímenes
de lesa humanidad. Sucede que, además de ser inasible, “la voluntad popular” es
veleidosa, de ahí la necesidad de que haya leyes firmes para defender a las
víctimas en potencia, entre ellas los mandatarios que por alguna que otra razón
se encuentran en apuros, de las caprichosas, y a veces terribles, pasiones
colectivas.
Virtualmente todos los políticos opositores entienden muy
bien que procurar subordinar todo a la voluntad, debidamente interpretada por
ideólogos oficialistas, de una mayoría coyuntural abriría las puertas a la
anarquía, pero parecería que los kirchneristas más agresivos, encabezados por
Cristina, prefieren la alternativa así supuesta a la prevista por el imperio
pleno del Estado de derecho. Claro, cuando hablan de “voluntad popular”, lo que
tienen en mente Cristina y sus militantes no es la versión actualizada, captada
por las encuestas de opinión, que se expresa a través de cacerolazos
multitudinarios, sino la que fue manifestada por los resultados electorales de
hace más de un año, cuando no la propuesta por ciertos teóricos vanguardistas
que prescinden por completo del “pueblo” de carne y hueso, reemplazándolo por
otro más revolucionario inventado por ellos mismos.
Para explicar la negativa del pueblo que efectivamente
existe a respaldar con el fervor indicado a quienes dicen ser sus amigos,
dichos teóricos tienen a mano la teoría marxista de “la conciencia falsa”, de
la incapacidad de la gente común para liberarse de las cadenas mentales
impuestas por el clero, el feudalismo, el capitalismo o la democracia burguesa;
en su opinión, lo entienda o no el grueso de la población del país, Cristina
encarna la voluntad popular.
Por fortuna, con algunas excepciones, los miembros de la
corpo judicial no parecen sentirse tentados a acompañar a los kirchneristas en
su viaje en el tiempo. Prefieren seguir en la Argentina maltrecha del 2012 a
regresar al país arbitrario y cruel de casi medio siglo antes cuando era
“normal” que, con cierta frecuencia, los militares se instalaran en el gobierno
ya que, como sus enemigos “de izquierda” de ideas no tan diferentes, daban por
descontado que el poder nace de la boca del fusil. Asimismo, a los jueces no
les gusta para nada la prepotencia de la Presidenta y sus operadores que, por
lo de la hipotética voluntad popular, se creen por encima de la ley.
Fue en parte por este motivo, y también por razones
técnicas, que, además de hacer del “7D” un día cualquiera la Cámara de
Apelaciones, la Corte Suprema por unanimidad se las arregló para rechazar el
“per saltum”, o sea, el “por salto”, con el que el Gobierno esperaba despejar
el camino legal para iniciar ya el desmembramiento expeditivo del odiado Grupo
Clarín. Tal vez los jueces, que es de suponer son latinistas eximios, hayan
recordado que la locución tiene otros sentidos, entre ellos “por el barranco”,
y que Tito Livio lo usaba al aludir a lugares en que serían masacrados quienes
cayeron en la tentación suicida de buscar un atajo “per saltum”.
De todas formas, el Poder Judicial no parece estar dispuesto
a resignarse a compartir el destino poco feliz del Poder Legislativo que,
merced a la presencia hasta nuevo aviso de una mayoría automática y una
oposición fragmentada, se ha habituado a obedecer las órdenes del Ejecutivo. El
“6D”, dos juezas de la Corte Suprema y los integrantes de varias asociaciones
de magistrados firmaron un pronunciamiento en que reivindicaron con vigor la
independencia de la Justicia y protestaron en contra del “uso de mecanismos
directos e indirectos de presión sobre los jueces”. Es que, por razones
evidentes, los magistrados que no quieren ser meros “militantes” del
oficialismo de turno están hartos de ser blancos de las presiones y aprietes de
quienes los tratan como subordinados. De acuerdo común, desde 1983 ningún
gobierno democrático ha actuado con más brutalidad hacia los jueces que el
kirchnerista, cuya conducta en este ámbito como en muchos otros se asemeja
mucho a la de la dictadura militar, lo que en cierto modo es lógico porque
Cristina se ha acostumbrado a emplear métodos que a su juicio hubieran sido
apropiados en vísperas del golpe de 1976, cuando las reglas del juego político
y jurídico eran muy distintas de las supuestamente vigentes en la actualidad.
(*) PERIODISTA y
analista político, ex director de “The Buenos Aires Herald”.
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