El monumento al Virrey Toledo por ahora, no será removido. El Concejo Deliberante devolvió el proyecto a comisión. |
Aunque algunas versiones aludieron a que el cambio de
posición de los concejales oficiales se debió a una nota enviada al Concejo
Deliberante de la Ciudad de Salta por parte de la COPAUS (Comisión de
Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia de
Salta) advirtiendo que el sitio donde está emplazado el monumento al Virrey
Toledo pertenece a la provincia, que es la que debe autorizar su desplazamiento,
otras especies señalaron que parece haber pesado más la palabra del propio intendente
Miguel Isa quien horas antes había declarado: “No creo que el monumento se mueva”.
No hay que olvidar que el jefe comunal tiene el poder de
veto sobre las ordenanzas que apruebe el Concejo.
Sean cuáles fueren los motivos, el presidente del cuerpo, Tomás Rodríguez, autor
del polémico proyecto, se encargó de desarticular el nerviosismo que reinó
durante toda la jornada y él mismo pidió que su iniciativa vuelva a comisión.
Cabe destacar que hasta el propio gobernador Juan Manuel
Urtubey había dicho que le parecía “inconveniente” tratar la remoción del
monumento. De este modo, el traslado ha quedado suspendido hasta que la citada
comisión se expida al respecto.
Sin embargo, tras varias horas de tedioso debate, muchas veces enredado por la poca
claridad de los conceptos de varios ediles, el cuerpo decidió avanzar en la
aprobación del proyecto para cambiar el nombre de la avenida Virrey Toledo, en
el barrio Tres Cerritos, por el de Bicentenario de la Batalla de Salta, iniciativa
que registró varias modificaciones propuestas por ediles que acompañaron al
oficialismo en el voto a favor.
Hubo menciones entre los propios concejales con acusaciones
sobre si se habían cumplido a no todas las normas para el cambio de nombre de
la avenida y sobre las prerrogativas y atribuciones del cuerpo para efectuar
tales modificaciones. Incluso, hubo ediles, como Gustavo Castro, que hizo
referencia a “un exceso de legalidad” cuando concejales opositores cuestionaron
el cambio de nombre por no ajustarse a las ordenanzas en vigencia.
Informe: Agensur.info
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