El gobierno de José Manuel de la Sota se retiró del Pacto Social y ya no cederá sus fondos a la Nación para sostener el sistema previsional. |
Minutos después de la votación, José Manuel de la Sota , que había llegado a la Legislatura acompañado
por el jefe de Gabinete, Oscar González, y de Carlos Caserio, pronunció un
discurso en el que ratificó el reclamo ante la Nación y presentó tres
proyectos de ley.
La oposición se retiró y no participó del tratamiento de la
primera iniciativa, de reforma del sistema previsional, que fue finalmente
aprobado.
La “denuncia” del Pacto a través de una ley implica que la Provincia da por
extinguida la vigencia de aquel acuerdo, con el objetivo de que el Gobierno
nacional deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación que Córdoba y
el resto de las provincias argentinas cedieron hace 20 años para el
sostenimiento del sistema previsional nacional.
Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese
porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema
nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y
Pensiones (Afjp). Reestatizado el sistema, en noviembre de 2008, ese 15 por
ciento no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba,
muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado.
Como el Gobierno nacional no ha enviado, en el último año y
medio, los recursos comprometidos para que Córdoba pueda pagar los haberes a
sus jubilados, De la Sota
decidió reclamarlos ante la
Corte Suprema de Justicia.
Pero, además, recogió las sugerencias que, con espíritu de
crítica, le formularon los líderes de la oposición en el sentido de que debía
reclamar también el 15 por ciento de la coparticipación.
Se prevé que con esta aprobación la administración cordobesa
se ahorrará unos $2.300 millones.
El texto de la ley explica que los pesos que la provincia se
ahorre "se afecten directamente" para el pago de "los déficits
de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros", generados por "la desatención de la Nación en sus obligaciones
legales".
La aprobación del proyecto estuvo en duda ya que si bien la Unión Cívica Radical
y el Frente Cívico (que responde a Luis Juez y el Frente Amplio Progresista)
fueron los primeros en reclamar esta medida, aclararon que intentarían
modificar el párrafo que establece que los fondos sean utilizados para cubrir
el déficit de la Caja
de Jubilaciones.
El radicalismo presentó un proyecto propio para que el
dinero sea ingresado al departamento de Rentas Generales de la provincia para
luego ser distribuido entre los municipios por coparticipación. "Si no
aceptan los cambios que proponemos, votaremos nuestro proyecto", adelantó
antes de la sesión el titular del bloque radical, Luis Brouwer de Koning.
Por su parte, José Manuel de la Sota recibió este mismo
miércoles una buena noticia. A diferencia de Santa Fe y San Luis, Córdoba
recibió el visto bueno de la Procuración General de la Nación para que la Corte Suprema de Justicia
intervenga en la demanda que la provincia interpuso contra el Gobierno Nacional
para que cumpla con la deuda que mantiene con su Caja Previsional.
El procurador General de la Nación , Luis Santiago
González Warcalde, dictaminó que debe ser la Corte Suprema la que
intervenga en el reclamo por los fondos que la Anses le debe a la Caja de Jubilaciones
cordobesa, informó el sitio LaVoz.com.ar. Son $1.040 millones los que están en
juego.
"Toda vez que la provincia de Córdoba -a quien le
concierne la competencia originaria de la Corte de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-,
demanda al Estado Nacional (...) la única forma de conciliar ambas
prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta instancia
originaria", destacó el procurador.
No son pocos los que advierten que la cercana relación del
gobernador De la Sota
con el ministro de la
Suprema Corte , Juan Carlos Maqueda, quien fuera uno de sus
colaboradores, le permitió esquivar algunos baches administrativos en los que
incurrieron las otras provincias a la hora de recurrir al máximo tribunal.
La presentación de Córdoba se produjo por lo que se definió
como incumplimientos de lo pactado en el convenio 80/09, de armonización de
normas previsionales.
Informe: La Voz del Interior y Urgente24
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