jueves, 9 de agosto de 2012

Córdoba abandona definitivamente el Pacto Fiscal y deja de ceder fondos a la Nación

El gobierno de José Manuel de la Sota se retiró
del Pacto Social y ya no cederá sus fondos a la
Nación para sostener el sistema previsional.
Nacionales Con la denuncia del Pacto Social que las provincias firmaron con la Nación en 1992, Córdoba dejará de ceder el 15 por ciento de la coparticipación para sostener el sistema previsional nacional. Así quedó resuelto tras la aprobación por parte de la Legislatura cordobesa del proyecto de ley enviado por el gobernador José Manuel de la Sota. La provincia de Córdoba se ahorrará, así, unos $2.300 millones.

La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad el proyecto de ley que envió el Ejecutivo para denunciar el Pacto Fiscal firmado por todas las provincias y la Nación en 1992.

Minutos después de la votación, José Manuel de la Sota, que había llegado a la Legislatura acompañado por el jefe de Gabinete, Oscar González, y de Carlos Caserio, pronunció un discurso en el que ratificó el reclamo ante la Nación y presentó tres proyectos de ley.

La oposición se retiró y no participó del tratamiento de la primera iniciativa, de reforma del sistema previsional, que fue finalmente aprobado.

La “denuncia” del Pacto a través de una ley implica que la Provincia da por extinguida la vigencia de aquel acuerdo, con el objetivo de que el Gobierno nacional deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron hace 20 años para el sostenimiento del sistema previsional nacional.

Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afjp). Reestatizado el sistema, en noviembre de 2008, ese 15 por ciento no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado.

Como el Gobierno nacional no ha enviado, en el último año y medio, los recursos comprometidos para que Córdoba pueda pagar los haberes a sus jubilados, De la Sota decidió reclamarlos ante la Corte Suprema de Justicia.

Pero, además, recogió las sugerencias que, con espíritu de crítica, le formularon los líderes de la oposición en el sentido de que debía reclamar también el 15 por ciento de la coparticipación.

Se prevé que con esta aprobación la administración cordobesa se ahorrará unos $2.300 millones.

El texto de la ley explica que los pesos que la provincia se ahorre "se afecten directamente" para el pago de "los déficits de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros", generados por "la desatención de la Nación en sus obligaciones legales".

La aprobación del proyecto estuvo en duda ya que si bien la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico (que responde a Luis Juez y el Frente Amplio Progresista) fueron los primeros en reclamar esta medida, aclararon que intentarían modificar el párrafo que establece que los fondos sean utilizados para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El radicalismo presentó un proyecto propio para que el dinero sea ingresado al departamento de Rentas Generales de la provincia para luego ser distribuido entre los municipios por coparticipación. "Si no aceptan los cambios que proponemos, votaremos nuestro proyecto", adelantó antes de la sesión el titular del bloque radical, Luis Brouwer de Koning.

Por su parte, José Manuel de la Sota recibió este mismo miércoles una buena noticia. A diferencia de Santa Fe y San Luis, Córdoba recibió el visto bueno de la Procuración General de la Nación para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en la demanda que la provincia interpuso contra el Gobierno Nacional para que cumpla con la deuda que mantiene con su Caja Previsional.

El procurador General de la Nación, Luis Santiago González Warcalde, dictaminó que debe ser la Corte Suprema la que intervenga en el reclamo por los fondos que la Anses le debe a la Caja de Jubilaciones cordobesa, informó el sitio LaVoz.com.ar. Son $1.040 millones los que están en juego.

"Toda vez que la provincia de Córdoba -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional (...) la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta instancia originaria", destacó el procurador.

No son pocos los que advierten que la cercana relación del gobernador De la Sota con el ministro de la Suprema Corte, Juan Carlos Maqueda, quien fuera uno de sus colaboradores, le permitió esquivar algunos baches administrativos en los que incurrieron las otras provincias a la hora de recurrir al máximo tribunal.

La presentación de Córdoba se produjo por lo que se definió como incumplimientos de lo pactado en el convenio 80/09, de armonización de normas previsionales.

Informe: La Voz del Interior y Urgente24

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