sábado, 28 de julio de 2012

Gobernadores de provincias petroleras cuestionan duramente avances de Kicillof en yacimientos


Axel Kicillof tiene amplias facultades sobre los
yacimientos, lo que ha despertado la furia
de los gobernadores de provincias petroleras.
NacionalesJuan Manuel Urtubey, de Salta, y Jorge Sapag, de Neuquén, se encuentran entre los gobernadores con mayor fuerza en la OFEPHI (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos), desde donde se lanzaron fuertes cuestionamientos a los avances de Axel Kicillof sobre los yacimientos provinciales. “Nos usaron para la foto”, dijeron enojados los mandatarios.

Frente a la sanción del Decreto 1277, que reglamenta la Ley 26.741 (de Soberanía Energética), publicado este viernes en el Boletín oficial, que otorga amplias facultades para intervenir en el negocio del petróleo y el gas a una comisión tripartita integrada por Axel Kicillof, viceministro de Economía y director de la petrolera estatal, Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior, y Daniel Cameron, secretario de Energía, los gobernadores de las provincias hidrocarburíferas advirtieron a funcionarios nacionales sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia para frenar la implementación de la medida.

Entienden que la norma vulnera los principios básicos de la Ley Corta de Hidrocarburos, que en 2006 transfirió a los estados productores la titularidad de los yacimientos petroleros, así como también la autoridad de aplicación y el poder de policía sobre la industria.

En líneas generales, el Decreto 1277 autoriza al Gobierno nacional a evaluar los planes de trabajo presentados por las petroleras y las inversiones realizadas, e incluso habilita a la Casa Rosada a revertir las concesiones hidrocarburos en caso de “encontrar incumplimientos severos de la normativa”.

“Esos son atributos que por Ley pertenecen a las gobernaciones petroleras. No vamos a permitir que avancen sobre derechos fundamentales de las provincias, que apoyamos gran parte de nuestros presupuestos en ingresos impositivos derivados de la explotación petrolera”, cuestionó duramente un alto funcionario de la OFEPHI (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos), que es presidida por Martín Buzzi, gobernador de Chubut, y encuentra entre sus hombres fuertes a Jorge Sapag, de Neuquén, y Juan Manuel Urtubey, de Salta.

“Nos usaron. En enero, en pleno conflicto contra Repsol, nos convocaban para la foto Hoy nos esteramos por los diarios de una sanción que, a largo plazo, compromete la autonomía fiscal y política de los estados productores”, añadió.

La norma creó una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector, que depende del secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, Axel Kicillof.

El nuevo órgano podrá “asegurar precios comerciales razonables” y tendrá la facultad para “evitar y/o corregir conductas distorsivas”.

A su vez, tendrá como objetivo “asegurar precios comerciales razonables”, para lo cual podrá utilizar, tal como lo establece el artículo 27 de la norma, “criterios que regirán las operaciones en el mercado interno y publicará precios de referencia de cada uno de los componentes de los costos y precios de referencia de venta de hidrocarburos y combustibles, los cuales deberán permitir cubrir los costos de producción atribuibles a la actividad y la obtención de un margen de ganancia razonable”.

En la industria, las empresas comparten una lectura inicial: el sentido de la medida retoma el proyecto original de renacionalización de YPF, que trascendió unos días antes de que el texto ingresara al Congreso y luego fue moderado por presión de las provincias que se negaban a apoyar esa versión de la ley.

“Ese proyecto incluía un anexo que acentuaba la regulación sobre el sector y el intervencionismo del Estado en materia de precios, oferta, inversiones y rentabilidad.

Está claro que si la idea era atraer a inversores extranjeros, el decreto 1277 va en la dirección contraria”, cuestionó un encumbrado petrolero que prefirió la confidencialidad.

Informe: LPO

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