Claudio "Chiqui" Tapia
Judiciales - El juez federal Ariel Lijo ordenó una serie de medidas de prueba sobre el patrimonio del presidente
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito, según señalaron fuentes judiciales a la
Agencia Noticias Argentinas.
Se trata de las 20 medidas que había solicitado el fiscal Gerardo Pollicita el pasado viernes, entre ellas el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero para determinar si tuvo un incremento desmedido en su situación patrimonial.
La investigación se inició tras una denuncia del empresario Guillermo Tofoni. La Justicia busca determinar si Tapia tuvo un incremento “injustificado” entre 2016 y 2025, debido a inconsistencias en sus declaraciones juradas.
Según el denunciante, las presentaciones que realizó sobre su patrimonio serían “falsas”, ya que tuvo una suba del 1.000% en ocho años que no tendría correlación con los ingresos que tuvo durante el mismo período. También lo acusan de tener bienes “no declarados”.
Tras haberse sorteado la causa, Pollicita solicitó que se levante el secreto fiscal, bancario y financiero y acceder a todas las declaraciones juradas del mandamás de la AFA durante el período investigado y pidió las declaraciones juradas de Tapia en su carácter de funcionario público en el CEAMSE, informes de salidas del país, de sus sueldos en ese organismo y en la CONMEBOL.
El juzgado reclamó “todas las declaraciones juradas patrimoniales presentadas por Tapia en todos los períodos en los que prestó funciones en el CEAMSE, junto con sus anexos reservados”, según la resolución.
También pidió informes a CONMEBOL sobre los cargos que tuvo Tapia en la entidad y los montos que recibió; a Migraciones sobre sus movimientos migratorios; a ARCA sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera histórica; y al Banco Central sobre sus cuentas y operaciones bancarias.
El juzgado instruyó al Banco Central para que distribuya una circular entre las entidades bajo su órbita en busca de establecer si Tapia tuvo productos bancarios o crediticios en cualquier carácter, como titular, cotitular, apoderado, autorizado o firmante.
En caso de existir registros, los bancos deberán entregar información sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, préstamos, operaciones de cambio, tarjetas, cajas de seguridad y transferencias al exterior. El requerimiento incluye los movimientos de crédito y débito, las fechas de apertura y cierre, los domicilios asociados y los antecedentes de apertura de cada cuenta.
También se solicitó información sobre billeteras virtuales, CVU, alias y cuentas de pago, además de los productos registrados por las entidades que integran el Sistema Nacional de Pagos. La Compensadora Electrónica S.A. (COELSA) deberá aportar los datos disponibles sobre cuentas, transferencias, destinatarios, originantes y trazabilidad de fondos.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) deberá requerir datos a los proveedores de servicios de activos virtuales inscriptos en su registro. El oficio contempla la identificación de cuentas o billeteras, documentación de conocimiento del cliente, movimientos, saldos mensuales, direcciones de billeteras externas, transacciones en cadena y datos técnicos de acceso.
En paralelo, el juzgado libró pedidos a Binance, Ripio, Belo, Ualá, OKX y otras plataformas de criptoactivos para que informen dentro de las próximas 72 horas si Tapia operó en ellas. Si hubiera registros, deberán remitir el legajo completo del cliente, las cuentas bancarias vinculadas, las direcciones de activos virtuales, las conexiones IP y las operaciones realizadas.
Informe: NA, Infobae, agencias y Agensur.info
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