Cristina Kirchner
Judiciales - El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, le pidió este jueves a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación que se revise y se agrave la pena a la expresidenta Cristina Kirchner y sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita en la causa de Vialidad por la obra
pública en Santa Cruz.
Casal respaldó la apelación del fiscal ante Casación Mario Villar, quien presentó una queja ante la Corte para que se duplique y se lleve de seis a doce años la condena a la ex vicepresidenta.
Para ello reclaman que se revoque su absolución por asociación ilícita y también se la condene por este delito.
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, en un veredicto del Tribunal Oral Federal 2 que está confirmado por la Cámara Federal de Casación.
Se trata de la causa que investigó el direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.
Resta ahora que la Corte Suprema de Justicia dicte su fallo y decida si rechaza todos los recursos presentados por la defensa y la parte acusatoria, y confirma la condena a 6 años de prisión, o si, por el contrario, abre el recurso de queja de la expresidenta o el del Procurador.
La primera alternativa -el rechazo de todos los planteos- implica que la condena se ejecute de inmediato, con la prisión de la expresidenta y su inhabilitación para postularse a cargos públicos nacionales o provinciales. En cambio, si la Corte hace lugar al plateo del Ministerio Público, el caso debe regresar a la Cámara Federal de Casación para revisar si se agrava la pena, con lo que Cristina Kirchner ganaría tiempo y no correría riesgo de que se activara su inhabilitación para postularse en las elecciones del año en curso. El cierre de las candidaturas en la provincia de Buenos Aires será el 19 de julio.
Dictamen del Procurador
En un documento de 13 páginas, el Procurador General de la Nación interino respaldó la apelación presentada por el fiscal Mario Alberto Villar. Casal señaló que, según el fiscal, no existe justificación para usar "artificios legales" cuando se trata de la adjudicación fraudulenta de 51 contratos de obra pública dentro de un claro esquema de corrupción.
También explicó que la existencia de un solo plan no impide que se configure el delito de asociación ilícita, ya que no depende de la ejecución concreta de actos. Además, destacó que la Cámara de Casación no respondió al argumento de la Fiscalía que indica que los hechos investigados abarcan tres gobiernos y 12 años.
El procurador apoyó también la solicitud de revocar las absoluciones del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; del exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala; y del expresidente de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Héctor Garro.
A la par, respaldó el pedido del fiscal Villar para que se decomise a los condenados una suma superior a los 5.300 millones de pesos, que representa el valor actualizado de la defraudación al momento de ejecutar la sentencia. Este monto había sido reducido por la Cámara de Casación y, el procurador criticó que el Ministerio Público presentó un cálculo detallado que fue rechazado sin un análisis profundo, solo con una fórmula abstracta.
Con este dictamen, Casal pidió que Cristina Kirchner, José López, José Periotti y Lázaro Báez sean condenados por asociación ilícita. En cambio, reclamó la absolución de Julio De Vido, porque “su aporte fue material al asignar fondos para Austral Construcciones, aunque las obras presentaban demoras y falta de avance”, explicó el procurador.
Informe: NA, LN, agencias y Agensur.info
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