Por Daniel Santa Cruz
“A los idiotas les digo que la Argentina de los vivos se terminó. Al que viola la cuarentena, le va a caer todo el rigor de la ley, y si va en su auto, se le secuestra el auto, porque es una persona muy peligrosa, que está exponiendo a todos los demás”, resaltó Alberto Fernández en marzo de 2020, cuando anunciaba con todo rigor las medidas restrictivas que él mismo establecía para controlar el tránsito comunitario durante la pandemia. Normas que no parecieron ser tan estrictas ni necesarias porque el propio Presidente no cumplió.
Meses después, el 14 de julio, Fernández, la primera dama, y un grupo de amigos, celebraban el cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos. Con el tiempo aparecieron fotos y videos del evento que llevó a todos los participantes ante la justicia, que pudieron eludir gracias a la complicidad de los funcionarios judiciales que aceptaron una caución monetaria a cambio de quedar absueltos.
Hoy se cumplen dos años de esa reunión que, para muchos, terminó siendo una suerte de oprobio a la sociedad, con un resultante de impunidad que aún golpea en la cara de todos los argentinos.
Eran épocas donde Fernández hacía comparaciones absurdas sobre el manejo de la pandemia, que nos ubicaba infundadamente como ejemplo en el mundo. De hecho, horas después de una de esas tantas veces donde caía en esa tentación mentirosa, renunciaba su ministro de Salud. También, días atrás, luego de señalar que la economía estaba creciendo, al otro día renunció su ministro de Economía. Evidentemente el tino no es su mejor virtud.
Los resultados finales del manejo de la pandemia demostraron que fuimos parte del grupo de países que adoptaron las estrategias más equivocadas, manchadas con hechos de corrupción aberrantes, como el vacunatorio vip, (la inmoralidad ejercida por el poder político más grande desde el retorno de la democracia) sesgada por privilegios inmorales y que lastimó profundamente la razón de una sociedad que perdió vidas de seres queridos sin poder acompañarlos ni despedirlos; se quedó sin trabajo, sufrió penurias económicas y lo peor, que alguna vez debe ser investigado: fue víctima de flagelos y violaciones a los derechos humanos y civiles, que dejaron 23 muertes, según informes que manejan diputados opositores, persecuciones, violencia policial, apremios ilegales y torturas. Mientras todo esto pasaba, en Olivos sucedían cosas, desfilaban peluqueros, coloristas, amigos, hasta la mascota del Presidente, Dylan, tenía clases de adiestramiento. Al mismo tiempo, 11 millones de alumnos tenían que hacer malabares por zoom para educarse con los perjuicios que esto trajo para ellos, los docentes y las familias.
La foto del llamado Olivosgate es una suerte de “selfie de la impunidad”, constituyó un agravio para los ciudadanos y puso en evidencia la incapacidad del gobierno para reconocer a las víctimas como personas poseedoras de una identidad respetable y merecedoras de reparación por los daños sufridos. La resolución que le dio la justicia también colaboró en demostrar la incapacidad del Estado para asegurar las condiciones de su propia legitimidad por vía de la garantía del Poder Judicial. Todos fuimos las víctimas, directas o indirectas, de los delitos nombrados en esta columna, y asistimos azorados a la impunidad de quienes marcaban las normas y establecían reglas de juego, así experimentamos pena, rabia o indignación, la acumulación de bronca social ante semejante muestra de impunidad generó una impresión general de desamparo, temor y desconfianza en relación con el Estado que debe tener el rol, por definición, de evitar las condiciones sociales que generan esas emociones.
Es que el resultado final que dejó la foto del Olivosgate fue terminante, porque gran parte sintió no todos somos iguales ante la ley con un poder de turno que nos hizo sentir ciudadanos de segunda, exponiendo un comportamiento de casta poderosa y privilegiada, con derechos que colisionan con el sentido republicano que debe imperar en democracia. El Presidente no colaboró, primero negando los hechos, luego culpando a su esposa. Así fue que su credibilidad y palabra entraron en un tobogán que aún no encontró su piso y generó una gran desconfianza, no solo hacia su figura política y su gobierno, sino también a las instituciones, que termina siendo lo más grave de todo este asunto.
La justicia, tan vapuleada por el kirchnerismo, quedó expuesta y deslegitimada por la manera en como el juez Lino Mirabelli resuelve la situación, de esta manera a muchos de nosotros nos quedó el convencimiento que, durante el control de la pandemia, no solo falló el gobierno sino que también fracasaron las fuerzas de seguridad, los fiscales y los jueces, que fueron vistos como cómplices de la arbitrariedad imperante que el gobierno nos enrostraba diariamente y que se evidenciaron con los privilegios en el orden de la vacunación, un escándalo que fue mucho más que los 40 vacunados vip que reconoció el gobierno en su momento. Días atrás, el fiscal Sergio Rodríguez, al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), realizó cinco denuncias penales para que se determine quiénes fueron los responsables de otorgar 1200 vacunas a personas que no estaban dentro de las prioridades establecidas por la emergencia sanitaria de 2020, en el llamado vacunatorio vip.
Por todo esto, la foto del Olivosgate fue algo más que una imprudencia o un error del Presidente y su círculo íntimo. Esa imagen dejó expuesto, como un eslabón más en una cadena de acciones abusivas, que cuando las decisiones institucionales no son respetadas y ejercidas por nuestros representantes terminan no ofreciendo a los ciudadanos certidumbre sobre la aplicación equitativa de las leyes y su eficacia para la construcción del orden público, entonces dejan de ser una opción válida para la gente y esto es lo peor que le puede pasar a un sistema regido por normas constitucionales.
Esa imagen del Presidente de fiesta cuando todos teníamos prohibido casi asomarnos a la calle pasó a ser un símbolo vergonzante de un momento –seguramente, el más doloroso- de nuestra historia reciente, y que dejó como secuela irreparable 130 mil muertes. Pero también significó un golpe demasiado duro para las instituciones democráticas, como fue perder la valoración y la confianza de la sociedad.
La impunidad, que no es nueva y suele aparecer cada tanto para afectar nuestras vidas, esa vez fue más allá y decidió sacarse una selfie, la dejó como prueba y, ante la falta de un castigo ejemplar de parte de la justicia, ahora depende de la sociedad saber qué hacer con ella.
© La Nación
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