La demanda fue
presentada en abril de 2015,
a tres años de la estatización de
la petrolera.
Nacionales - La
Corte Suprema de Estados Unidos le dio este lunes un poco de aire a la
Argentina en el marco de un juicio millonario que lideran fondos buitre contra
el país e YPF por la estatización de la compañía. El máximo tribunal decidió
pedirle opinión al procurador general norteamericano para dar su mirada con
respecto al tema sin plazos predefinidos. Se trata del abogado de la Casa
Blanca.
"El procurador es invitado a presentar un informe en
estos casos expresando la mirada de los Estados Unidos", es la expresión
textual que usó el máximo tribunal norteamericana.
La Corte tenía tres alternativas: aceptar la apelación
argentina, rechazarla o pedirle opinión al gobierno norteamericano, algo que
finalmente ocurrió. Si bien la primera opción era la más auspiciosa, el
procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, está satisfecho con la tercera.
Los abogados argentinos consideran que la buena relación
entre Trump y Mauricio Macri puede tallar a favor del país en la opinión que
aporten los asesores de la Casa Blanca a la Corte Suprema de ese país. Es el
paso previo a dar sentencia.
La Casa Rosada considera que la decisión es buena para el
país por diversos motivos. En primer término, demuestra la importancia del
caso, porque de otro modo se hubiera rechazado el pedido.
Además, es muy infrecuente que la Corte haga este tipo de
convocatorias.
Aunque no es vinculante, la opinión del "Solicitor
General", como se dice en inglés, es tenida en cuenta especialmente por la
Corte.
El Gobierno también cree que fue bien recibida por parte de
la Corte la presentación de los "amici", como Chile y México, que se
mostraron a favor de la Argentina y pusieron de manifiesto la importancia del
tema desde el punto de vista internacional para EE. UU.
Seis días antes del
tercer aniversario de la estatización del control de la petrolera por parte del
kirchnerismo, en abril de 2015, Burford Capital Limited, un megabufete con
activos por más de US$ 500 millones, presentó en la Corte de Distrito Sur de
Nueva York una demanda contra la petrolera y el Estado por el supuesto
incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores de acciones de YPF.
El reclamo no tiene un monto establecido, pero en el mercado
sostienen que rondaría los US$3000 millones. El punto débil para el país es el
lastre que dejó la familia Eskenazi, que en 2008 ingresó a la compañía en una
operación cuestionada.
Entre otras firmas, los Eskenazi crearon las compañías
Petersen Energía Inversora y Petersen Energía. Burford compró la quiebra de
ambas -ocurrió tras la estatización-, que utiliza para litigar contra el país.
Los demandantes sostienen que la estatización de la petrolera violó derechos de
los accionistas minoritarios, que no recibieron una oferta para vender su
participación.
En 1993, en el marco de la privatización de YPF, el gobierno
de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa a través de
acciones clase D y listó los ADR -el título bajo el cual se negocian los
papeles extranjeros en los Estados Unidos- en la Bolsa de Nueva York. En ese
momento, tanto el país como la empresa se comprometieron a que cualquier otra
adquisición posterior de una porción de control de la empresa obligaría a hacer
una oferta por el total de las acciones. Esa salvedad figura en los documentos
que YPF envió a la SEC (el regulador bursátil norteamericano), así como en su
viejo estatuto.
El argumento de los abogados locales es que la estatización
de YPF se hizo bajo la ley de inmunidad soberana, no violó las leyes de oferta
pública en los EE.UU. Esta opción obligaría a Burford Capital a recurrir a los
tribunales argentinos, como quiere el Gobierno. Pero la justicia norteamericana
ya rechazó ese argumento en dos ocasiones: en primera instancia y en segunda
instancia, por una decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Kicillof rechazó en el Senado que el país tuviera la
posibilidad de ofertar por todo. "Créanme que si uno quería comprar
acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y
tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque
los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar
todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!", dijo.
Esas palabras usaron los demandantes para justificar que el
país no cumplió con las leyes.
Informe: La Nación
0 comments :
Publicar un comentario