La senadora publicó
en las redes sociales un documento de
su abogado y denunció que en su
departamento colocaron “tóxico de contacto”.
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Cristina
Kirchner negó que en los allanamientos hayan encontrado bóvedas o
documentos ilícitos. (Foto/NA) |
Nacionales - Mediante
un comunicado difundido a través de las redes sociales, Cristina Kirchner, publicó
un documento de su abogado, Carlos Beraldi, negando la existencia de bóvedas en
el chalet de El Calafate y denunció que en el departamento de Recoleta se
colocó un “tóxico de contacto” tras el allanamiento.
Luego de que este fin de semana se concretaran los
procedimientos en tres propiedades de expresidenta, ordenados por el juez
Claudio Bonadio que lleva la causa de los “cuadernos de las coimas”, Beraldi
cuestionó que no se lo haya dejado participar del operativo en el edificio de
Uruguay y Juncal, “violándose expresamente las disposiciones constitucionales,
la ley dictada en consecuencia y lo que el Senado de la Nación dispuso en
particular para este allanamiento”.
“Todas estas ilegalidades ya fueron denunciadas ante la
justicia penal competente, el Consejo de la Magistratura, el Colegio de
Abogados y será puntualizada a cada uno de los jefes de bloque del Senado de la
Nación”, expresó.
Además, cuestionó que el allanamiento realizado en la casa
de El Calafate “fue extendido en el tiempo de manera ilegal y deliberada con el
inequívoco propósito de seguir generando estrépito y material para las tapas de
diario del fin de semana”.
“Se filtró a la prensa, como es costumbre, datos
absolutamente falsos: en ninguno de los domicilios hay bóvedas ni documentos u
objetos que puedan tener una procedencia ilícita”, remarcó Beraldi.
El abogado de la senadora también sostuvo que los objetos
secuestrados por orden de Bonadio “no guardan relación con el objeto de la
causa” sino que “son efectos que integran el ajuar del hogar, cuya incautación
no tiene otro propósito que generar daño y humillación”.
“Pero además y como muestra de la persecución política de la
que mi defendida es objeto, se apoderaron de documentación que guarda relación
directa con el cargo de Senadora de la Nación que le fuera conferido por el
voto popular de millones de argentinos en la provincia de Buenos Aires. Ni
siquiera se salvó el único auto que mi representada tiene: una camioneta Honda
del año 2009”, agregó.
El letrado ahondó que en el caso de El Calafate, donde la
requisa se extendió por tres días, “en cada interrupción”, el domicilio quedó
“bajo la disposición discrecional de la fuerza policial destacada por el
magistrado, sin que se pueda tener supervisión alguna sobre ellos”. Por eso,
planteó que en las noches del viernes y del sábado no se supo quién entró o
salió de la casa “y, mucho menos, si se planta cualquier tipo de prueba falsa”.
Por otro lado, Beraldi relató que el sábado 25 de agosto,
tras el allanamiento en el departamento de Recoleta, tres personas del personal
doméstico “cuando estaban ordenando la ropa y limpiando los estantes en el vestidor
del dormitorio de mi representada, sintieron mareos, fuerte picazón en la
garganta y los ojos y dificultades para respirar”.
Por este motivo, dice el abogado, fueron atendidas al día
siguiente en el Hospital de Clínicas, donde “luego de efectuarse los controles
médicos de rigor, se constató que las dolencias padecidas tienen como origen un
tóxico de contacto, recomendándose evitar, por todos los medios, una nueva re
exposición al mismo ambiente”.
“Por esa razón mi representada decidió no regresar a ese
departamento hasta tanto no se tenga una certera evaluación sobre el lugar y
las cosas que fueron objeto de manipulación durante el allanamiento”, subrayó.
Hacia el final del comunicado, el defensor de la legisladora
se quejó de que el CIJ (Centro de
Información Judicial) haya difundido un informe de Bonadio, en el que
“anticipa la decisión que adoptará respecto de mi defendida, prejuzgando sobre
su supuesto carácter de jefa de una asociación ilícita. Es decir que sería la
cuarta asociación ilícita de la cual mi representada resultaría ser siempre la
jefa”.
“Este nuevo capítulo, que se suma a la saga de dos años y
medio de hostigamientos y persecuciones hacia la Dra. Fernández de Kirchner, en
las que ni siquiera se han privado de escuchar y difundir sus conversaciones
privadas, seguir sus movimientos utilizando personal de inteligencia del Estado
e involucrar a los miembros de su familia en las distintas asociaciones
ilícitas, constituye una etapa institucional que nos lleva a una sociedad pre
democrática, en la que los derechos y garantías ciudadanos, al menos de los
opositores al gobierno actual, son directamente eliminados”, concluyó.
Informe: Parlamentario.com
y Agensur.info
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