La Argentina hizo la
presentación de la Ley 27.360 adhiriendo a la Convención Interamericana y comenzará
a regir en 30 días.
Nacionales - El
Poder Ejecutivo presentó en la Organización de los Estados Americanos (OEA) el
instrumento de ratificación de la Convención, que entrará en vigor para nuestro
país pasados los 30 días de la presentación.
La Ley 27.360, Convención Interamericana sobre protección de
los Derechos Humanos de las personas mayores, fue aprobada el 9 de mayo de 2017
por el Congreso Nacional argentino.
La diputada nacional Samanta Acerenza (Cambiemos) una de las
impulsoras de la sanción de la ley, afirmó al respecto que “el proyecto para
aprobar la convención interamericana de derechos humanos para las personas
mayores fue de los primeros que presenté como diputada nacional por entender
que es algo prioritario para la protección y respeto de los adultos mayores.
Desde mi gestión en el área de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires,
antes de acceder a la banca legislativa, trabajé involucrándome particularmente
con la tercera edad porque creo que fueron durante décadas los grandes
olvidados del estado argentino”.
“No sólo me alegra, sino que me enorgullece, ser parte de un
equipo político que está recuperando el respeto por los mayores -agregó-. Como
sociedad nos falta recorrer un largo camino y volver a comprender que la
experiencia que ellos tienen para aportar debe ser tomada en cuenta. Si
queremos crecer como país, debemos recuperar el rol de los adultos mayores,
cuidándolos, respetándolos y haciendo cumplir sus derechos”, y destacó: “El
trabajo de consensos y construcción que se realiza desde la OEA es fundamental,
este es el primer instrumento jurídico vinculante en materia de protección de
derechos de las personas mayores en el mundo, sabemos que es una Organización
pionera en el tratamiento e instalación de herramientas que sirvan para avanzar
en la protección de los derechos y las personas mayores que son, también en
muchos casos, los más vulnerables necesitan estar protegidos. Argentina fue de
los primeros países en plantear un instrumento vinculante de este tipo para
proteger a los mayores de 60 años fomentando un envejecimiento activo y
autónomo y promoviendo la vida plena de cada ciudadano”.
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