Es por supuestas
irregularidades en fondos destinados
a esa universidad, provenientes de una
empresa
de Mina La Alumbrera.
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| Juan Alberto Cerisola, exrector de la Universidad Nacional de Tucumán. (Foto / La Gaceta) |
Tucumán - En el
marco de la causa en la que se investiga el manejo fraudulento de los fondos
provenientes de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) -empresa
explotada comercialmente por Minera La Alumbrera Ltda-, que tenían como destino
la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el fiscal federal general, Antonio
Gustavo Gómez, solicitó la detención de Juan Alberto Cerisola, exrector en el
período 2006-2014.
También pidió la detención de la suspendida directora
general de Construcciones Universitarias, Olga Cudmani; del exsubsecretario de
Políticas Administrativas y Gestión, y exdiputado nacional radical Luis Sacca
(empleado no docente de la UNT con la máxima categoría), y del jubilado
director de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino.
A través de un documento, el representante del ministerio
público federal consideró que es importante para la profundización de la causa,
en la recolección de más elementos de pruebas, lograr la detención de Cerisola
y de los otros involucrados en la causa a fin de evitar el entorpecimiento en
la investigación.
La solicitud del fiscal General llega días después que la
Cámara Federal no hiciera lugar a los recursos de apelación interpuestas por
las defensas técnicas de los procesados. En la misma sentencia, los magistrados
recomendaron profundizar la investigación con relación a los hechos
denunciados.
La sentencia de 182 carillas, que no está firme, dispuso en
forma expresa que se analice el circuito de los $ 342 millones asignados a la
casa de estudios superiores en concepto de utilidades durante el período
2006-2009.
En el tercer punto de la resolución que firmó y presentó el
fiscal Gómez, indicó que "se disponga, por los medios pertinentes, instar
a la evaluación de la conveniencia del dictado de una orden de detención en
contra de los procesados Juan Carlos Cerisola, Luis Fernando Sacca, Olga
Graciela Cudmani y Osvaldo Venturino".
Los presuntos hechos ilícitos vinculados al manejo del
dinero remitido por YMAD, en concepto de utilidades abarcan la configuración de
un régimen especial de contratación de obras públicas por fuera de la ley;
irregularidades diversas en la ejecución de estos proyectos; colocaciones
financieras anómalas y, por fin, la renuncia a la percepción de la mitad de los
beneficios originales: todo ello en perjuicio del patrimonio de la UNT.
El cúmulo de conductas impugnadas y las pruebas recolectadas
desde 2010 llevaron al juez Fernando Poviña a procesar a Cerisola, Cudmani,
Sacca y Venturino, y a trabar respectivamente embargos por $ 50 millones; $ 30
millones; $ 10 millones y $ 3 millones.
Estas novedades judiciales constan en la sentencia del 7 de
julio de 2016, que recurrieron los defensores Silvia Peyracchia (por Cerisola);
Alfredo Falú (por Cudmani), y Carlos Marcelo Seidan y Francisco y Adriano Luna
Ladettto (por Sacca). El recurso de Venturino fue articulado por la defensa
pública.
La pesquisa se centra en supuestas maniobras del entonces
rector Cerisola y presuntos cómplices. Se le imputó haber incurrido en fraude a
la Universidad Nacional de Tucumán al
haber reconocido a una empresa contratista mayores costos por el alquiler de un
inmueble, en el marco de una obra desarrollada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de esa casa de estudios, al tiempo que también se le endilga
haber defraudado a la Administración Pública al disponer imposiciones financieras
de los fondos recibidos de Yacimientos Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD)
–explotado por Minera La Alumbrera Ltda.-, depositados en entidades bancarias
de alto riesgo sin aval del Tesoro Nacional, lo que causó un perjuicio de
$60.000.000.
Por otra parte, también se investiga a Cerisola por fraude a
la Administración Pública, al haber aceptado la reducción de utilidades
provenientes del yacimiento, cuando no
se habían cumplido las condiciones que permitían realizar tal disminución; y
haber sustraído fondos del cheque recibido
por la UNT –de parte de la YMAD- por $20.296.000, informaron fuentes de
la causa.
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