martes, 30 de agosto de 2016

¿Mejoraría la política con 70 diputados más y 50% de mujeres?

Por Pablo Mendelevich
En los pasillos del Congreso se habla con sordina de la idea de agrandar la Cámara de Diputados hasta llevarla de las actuales 257 bancas a cerca de 328. Es una paradoja complicada. La sordina se debe a que el desajuste del número de bancas con relación al crecimiento demográfico que hubo en más de tres décadas crea un efectivo problema de representatividad, pero como la representatividad ya trae una vieja crisis de orden cualitativo, la clase política no se anima a explicarle a la sociedad que para cumplir con la Constitución habría que encargarle al carpintero nuevas bancas. 

No cuatro o cinco: setenta. Bueno, setenta bancas con sus correspondientes sillones automáticos, tarjetas magnéticas, adaptación del sistema de votación, dietas, secretarias, asesores, empleados, reformas edilicias, oficinas, sueldos, aguinaldos, pasajes aéreos y, probablemente también, nuevos baños en el Palacio.

Sí, se produciría un aumento considerable del presupuesto parlamentario y aunque genuinamente ello supondría cumplir con la Constitución, no van a faltar los ciudadanos de vida prosaica que pregunten por qué hay que hacer cumplir la letra constitucional justo ahora, cómo no se acordaron antes, cuál es el beneficio, cómo va a impactar esto entre los que escuchan a diario que la política sirve para mejorar la calidad de vida de la gente. Eso en la franja de los que preguntan con amabilidad.

Muchos políticos de diferentes partidos, tanto oficialistas como opositores, ven la idea con buenos ojos, si bien preferirían que a la gente se la explique alguien de otra bancada. Se estaba discutiendo cómo presentarla cuando se vio que ya que el rubro era ampliaciones quizás convenía ampliar en un mismo acto el cupo femenino, asunto que cae mejor y puede ser encuadrado dentro de lo políticamente correcto. La idea de subir el cupo femenino del tercio actual al 50 por ciento sería más conversable, entre otras cosas, porque no cuesta plata. La discusión sobre si el género o sólo la idoneidad deben primar como requisito para ser diputado ya animó en los últimos días varios debates radiales. Y a su vez ambos temas irían colgados de la reforma electoral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, uno de cuyos puntos más salientes es la boleta única electrónica. La rehabilitación del Congreso como lugar de discusión es ciertamente auspiciosa, aunque resulta indudable que ofrece más riesgos que el modelo vertical practicado en la Era K, porque en la complejidad de un tratamiento multifrontal la calidad legislativa está menos garantizada.

Pero volviendo a la ampliación, esta vez no se trata de agrandar la nómina de puestos electivos con diputados de cartón. No viene otro Parlasur como el que se votó al terminar 2014, ese reservorio de mercodiputados que se entrenan para cuando dentro de sólo tres años ya sean diputados grandecitos capaces de hacer leyes de verdad. Entrenamiento cuyo ejercicio más lustroso hasta ahora fue discutir la expulsión del colega José López, al final abortada porque el arrojador de bolsos se resignó a hacer lo que en el peronismo se llama dar un paso al costado y renunció a la banca (dicho banca aquí sólo en sentido parlamentario). Sería curioso que el kirchnerismo, que obligó a la ciudadanía a digerir dos nuevas secciones en una boleta electoral que ya era bien larga para elegir no una sino dos clases de mercodiputados -vale repetirlo, de baja o nula productividad-, ahora rechazase la ampliación constitucional de la cámara apelando a motivos de austeridad. En todo caso sólo sería una curiosidad más.

El incumplimiento de la Constitución en este rubro tiene una larga historia. Después de resolver que Clarín era el gran enemigo de la Patria, Néstor Kirchner puso todo el sistema de agitación estatal a trabajar por la causa de la ley de medios. Como se recuerda, su primer argumento, el más repetido, decía que la ley de Radiodifusión venía de Videla y que por eso no debía permanecer vigente ni un minuto más, pese a que el Frente para la Victoria llevaba seis años en el gobierno y apenas si había mencionado antes el asunto. Campeón mundial del silogismo retorcido, a cualquiera que osase objetar algo del proyecto oficial de la ley de medios el kirchnerismo le atribuía la intención de querer mantener la ley de Radiodifusión de Videla, lo cual significaba, según los generosos distribuidores de epítetos, ser apologista de la dictadura.

Lo paradójico es que a ese kirchnerismo que clamó hasta el cansancio que no podía subsistir la ley de radiodifusión (a esa altura reformada cien veces) porque era una ley de facto, nunca le importó que la Cámara de Diputados funcionara en cuanto a diseño y magnitud según dos decretos dictados en su despedida por el general Reinaldo Bignone, el último dictador. Esas instrucciones para la democracia son, créase o no, las que rigen hoy. En verdad, ningún gobierno hizo nada por modificarlas, pese a que el artículo 45° de la Constitución ordena actualizar la cantidad de diputados con cada censo nacional, es decir, cada diez años.

El sarcasmo de Georges Clemenceau que dice que la guerra es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de los militares se vuelve rocambolesco si en la frase se reemplaza guerra por democracia. Pero así fue. Bignone firmó en 1983 los decretos ley 22.838 y 22.847 para determinar cómo sería el nuevo Congreso. Todas las elecciones nacionales que desde entonces se hacen cada dos años para renovar la cámara por mitades se rigen por el método de representación que dejó Bignone en base al censo nacional de 1980.

Su segundo decreto, inspirado a su vez en una norma que había dictado el general Alejandro Lanusse en la desembocadura de la dictadura anterior, estableció una nueva base de reparto de un diputado cada 161 mil habitantes o fracción superior a 80.500, más la asignación de 3 diputados extra a cada provincia. Y estableció un piso de 5 diputados por provincia como mínimo.

El desbarajuste federal agravado por la mora determinó que haya algunas provincias subrepresentadas y otras sobrerrepresentadas. Eso no está bien, desde luego, y empeora a medida que la población aumenta. Pero para corregirlo se requiere consenso social, porque resolver el aspecto aritmético de la representación a costa de renovar la crisis de representatividad remanente de 2001 no parece un buen negocio.

El peor fantasma es el de una confluencia de las dos ampliaciones a favor del nepotismo practicado habitualmente por un sector de la clase política casi sin distinción de partidos y de territorios. No es un temor infundado, basta observar a modo de ejemplo que de entre las nuevas gobernadoras mujeres, una llegó al poder por su hermano (Alicia Kirchner), otra por su marido (Claudia Ledesma Abdala de Zamora). O que las dos presidentas que tuvo la Argentina sucedieron a sus respectivos cónyuges, quienes las habían encumbrado. Y si es por el cupo, en el Senado abundan los casos de esposas, hijas, hermanas y cuñadas de caudillos provinciales. Quiere decir que la posibilidad de que el beneficio sea usufructuado para consagrar castas familiares con regencia masculina existe. Quizás lo renovador sería pensar en mecanismos capaces de garantizar espacios a las mujeres con vocación política ajenas a los círculos feudales.

© La Nación

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