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| Por Gabriel Profiti |
El Gobierno ansía y confía en que la Corte Suprema de
Justicia permitirá la próxima semana aplicar la nueva tarifa de gas para salir
del atolladero económico y político en el que entró desde que un tribunal
platense frenó los aumentos en todo el país.
"Tarifas, paz social y reactivación", es la
reformulada lista de prioridades que tiene Mauricio Macri de cara al próximo
semestre, de acuerdo con uno de sus colaboradores.
Las idas y venidas respecto al nuevo cuadro tarifario siguen
generando costos políticos al Gobierno. En simultáneo, echan un manto de
incertidumbre sobre hogares y empresas -no se sabe cuándo ni cómo tendrán que
pagarlas- y ponen en revisión las metas oficiales de reducción del déficit
fiscal.
El último miércoles el oficialismo debió trajinar para
frenar una embestida opositora en el Congreso, pero cedió a que el ministro de
Energía, Juan José Aranguren, dé explicaciones el martes próximo ante un
plenario de comisiones.
Pese al apoyo firme de Macri hacia Aranguren, en el
Ejecutivo reprochaban la actitud de algunos referentes del interbloque
Cambiemos, especialmente al líder radical Mario Negri, por retacear energías en
la defensa del ministro.
Paralelamente, el Gobierno desistió de un llamado a
audiencias públicas en agosto para discutir los aumentos -se mantienen las
convocadas originalmente para octubre-, a la espera de que la Corte permita
preventivamente aplicarlos.
El máximo tribunal pidió la opinión de la procuradora
general Alejandra Gils Carbó, quien podría pronunciarse el miércoles, por lo
que el jueves la Corte estaría en condiciones de acomodar el entuerto originado
desde que la Cámara Federal de La Plata frenó el último esquema oficial con
subas de hasta 400 y 500% para usuarios residenciales, y pymes y comercios.
"Estamos confiados, aunque algún nivel de intriga
persiste", reconoció una fuente con llegada a los principales despachos
del Gobierno. Sucede que el tribunal suele dar fallos "salomónicos"
ante los pleitos de gran trascendencia nacional.
La Corte resolvería la cuestión con el actual plantel de
cuatro ministros: Ricardo Lorenzetti; Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y
Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz se incorporará el 22 de agosto. "Llama
la atención que haya postergado tanto su jura, quizá no quiera
intervenir", especularon en Gobierno.
A la espera del proncunciamiento, la Casa Rosada buscó crear
masa crítica en favor de las subas. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio,
sumó el respaldo público de gobernadores, aunque algunos se cubrieron de
cuestionar la implementación, mientras Aranguren hizo lo propio con
exsecretarios de Energía.
¿Paz social?
Marchas, agresiones y amenazas pintan un cuadro de
conflictividad creciente en torno al gobierno de Macri. Es cierto que las
acciones parecen obedecer a un sector radicalizado compuesto por militantes
kirchneristas y de la izquierda, porque el movimiento obrero muestra todavía
mayor tolerancia, pero la tensión social gana espacio en la agenda.
El viernes el Presidente fue insultado y su auto apedreado
en Mar del Plata. Un día ante Hebe de Bonafini había convocado a resistir en la
calle al Gobierno de Macri, al encabezar la ronda número dos mil de las Madres
de Plaza de Mayo.
Bonafini venía de sacarse una foto con Cristina Kirchner,
quien parece haber decidido defenderse de las múltiples acusaciones judiciales
retomando la actividad política. En ese marco, el control de la
"calle" sigue siendo K.
La ex presidenta también se sacó una foto con Daniel Scioli,
quien luego habló con el presidente del PJ, José Luis Gioja. Consecuencia:
volvió a postergarse la intención del sanjuanino de dividir los bloques
legislativos entre peronistas y kirchneristas.
Horas antes de aquellas palabras desafortunadas de Bonafini,
justo en un momento histórico, el Presidente había tenido el poco tino de
hablar de "guerra sucia" al referirse al Terrorismo de Estado
aplicado en la última dictadura.
Pese a que Macri prometió en campaña "unir a los
argentinos", en verdad rápidamente desechó esa abstracción y se puso a
trabajar para aislar a aquellos sectores. Políticamente no le fue mal, pero los
números de la economía no ayudan para nada.
El jueves último el informe del Barómetro de la Deuda Social
que elabora la UCA dio cuenta de la creación de 1,4 millones de pobres en el
primer trimestre del año y de que el 57% de la población tiene problemas de
empleo.
La respuesta oficial es que para revertir la tendencia -cada
vez más lejana aparece aquella otra promesa de la "pobreza cero"- hay
que comenzar con reducir la inflación. Ese plan tuvo un muy mal diagnóstico
inicial pero ahora, dicen, "está funcionando".
El Índice de Precios al consumidor que confecciona el Indec
dio un 2% para julio, luego de haber dado 4,2% en mayo y 3,1% en junio,
mientras que el promedio de las consultoras privadas que difunde el Congreso
dio 2,4% el último mes.
En ese contexto, los operadores de Cambiemos miran encuestas
y miden la temperatura social en la cuenta regresiva hacia fin de año, cuando
el calor escalda padecimientos y despierta agitadores.
Suena muy repetitivo pero Macri apuesta a que por fin la
obra pública reactive sectores golpeados de la economía y también permita
recuperar empleos. Solo en la provincia de Buenos Aires hablan de una inversión
de 40 mil millones de pesos en infraestructura para los próximos meses.
Sin embargo, hay cuestiones todavía poco claras en el
horizonte, como si la esperada aplicación del ajuste tarifario no volverá a
azuzar a la inflación y al mismo tiempo dará otro golpe a la actividad
económica.
"Para marzo de 2017 la cosa tiene que estar en marcha y
todo indica que así va a ser. Si no, con la campaña empezando vamos a tener
problemas". Palabra oficial.
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