Tras la decisión de
los jueces, la causa por la compra de la imprenta Ciccone
está en condiciones
de ser elevada a juicio oral.
Judiciales - Los
tres jueces que integran la Sala IV de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky,
Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, confirmaron el procesamiento del
vicepresidente Amado Boudou y el resto de los procesados en relación a la
adquisición de la imprenta Ciccone Calcográfica.
Los magistrados rechazaron de manera unánime todas y cada
una de las peticiones que la defensa del vice hizo a la tercera instancia de
revisión.
De esta manera la causa por la que Boudou se encuentra
procesado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función
pública, se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio oral.
Sin embargo, en plena etapa electoral 2015, la causa tras un
recurso extraordinario de la defensa del vice arribará a la Corte Suprema
quienes deberán decidir si avalan el trabajo del juez de primera instancia
Ariel Lijo como los procesamientos.
La cuestión encubre para el oficialismo una especie de
tragedia griega por lo que podría intervenir el secretario de la Legal y
Técnica, Carlos Zannini, para que los ministros dilaten la resolución final
post octubre.
El escándalo Ciccone arrancó en febrero de 2012 cuando Laura
Muñoz reveló en radio Mitre que su ex esposo, Alejandro Vandenbroele, no le
pasaba los alimentos de su hija y que era el testaferro de Boudou.
El vicepresidente de la Nación fue procesado por Lijo hace
exactamente un año por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones
incompatibles con la función pública.
En febrero de este año, la Sala I de la Cámara Federal, la
más cercana a la Casa Rosada, ratificó los procesamientos y dictó la falta de
mérito de Guillermo Reinwick. Luego un hombre de Justicia Legítima, el fiscal
ante la Casación, Javier De Luca, rechazó las apelaciones con sustento en que
no existía una “sentencia definitiva” ni “una situación de gravedad
institucional”.
En la causa también están procesados Nicolás Ciccone, ex
propietario de la imprenta.
El oficialismo lo dejó fuera de las listas y según fuentes
judiciales, habría sido entregado a cambio de impunidad para la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner.
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