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| Ordenaron reabrir una causa contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. |
La Cámara Federal porteña ordenó este martes reabrir una
causa contra Alejandra Gils Carbó por nombramientos irregulares de fiscales ad
hoc o subrogantes, en tanto que un fiscal pidió investigar a la Procuradora
General de la Nación y al juez federal Sebastián Casanello por el supuesto
encubrimiento del empresario Lázaro Báez en la investigación por lavado de
dinero.
La decisión de reabrir la causa contra Gils Carbó fue
resuelta por la Sala I de la Cámara Federal al revocar una decisión del juez
federal Casanello, quien había considerado que los nombramientos de la
Procuradora no constituían delito, y es en el marco de una denuncia realizada
por el senador de la UCR Mario Cimadevilla.
Casanello había archivado la denuncia pese a que el fiscal
federal Guillermo Marijuan había impulsado una investigación, en la que a Gils
Carbó se le achacaba el nombramiento irregular de varios subrogantes o ad hoc.
El más cuestionado es el de Carlos Gonella, titular de la
Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz
de que en una primera intervención en la causa por lavado de dinero decidió no
imputar al empresario Lázaro Báez.
Al mantener la apelación de Marijuan, el fiscal de Cámara
Germán Moldes consideró que se debían llevar a cabo una investigación y criticó
que Casanello la haya archivado sin antes practicar ninguna medida.
Por otra parte, el fiscal federal Gerardo Di Massi imputó a
Gils Carbó y al juez Casanello en el marco de una denuncia que hizo la diputada
Elisa Carrió, quien acusó a la jefa de los fiscales y al magistrado de encubrir
a Báez en la investigación por lavado de dinero.
La denuncia de Carrió contra Casanello sobrevino luego que
éste se negara a practicar un allanamiento pedido por Marijuan de una baulera
en la localidad bonaerense del Tigre, en donde se sospecha se ocultó
documentación de "La Rosadita", la financiera de Puerto Madero
vinculada al caso de lavado de dinero.
Además, le reprochó el haberse declarado incompetente en
investigar la denuncia que ella hizo por la existencia de una supuesta bóveda
en la chacra de Báez en Río Gallegos, la que giró en principio a Santa Cruz.
Por otra parte, un pedido de nulidad contra un dictamen
firmado por una fiscal subrogante designada por la Procuradora fue presentado
ante la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si esa decisión es o no
válida en función del nombramiento.
Se trata de un cuestionamiento hacia un dictamen firmado por
la Procuradora Fiscal subrogante Alejandra Cordone Rosello, quien fue designada
por Gils Carbó, y según el accionante esa presentación carece de validez al ser
firmada por alguien que no tiene título.
El 13 de marzo pasado, la subrogante Cordone Rosello firmó
un dictamen en el marco de la causa Automóviles Saavedra S.A. c/ Fiat Argentina
S.A.
Pero el accionante, Antonio Conrado De Martino interpuso una
nulidad contra ese dictamen firmado por Cordone Rosello por tratarse de una
subrogante sin titularidad en el cargo.
Se trata de uno de los nombramientos cuestionados hacia Gils
Carbó, a quien incluso se denunció penalmente por realizar designaciones de
fiscales ad hoc o subrogantes.
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