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| El ministro Julio Alak confirmó que este viernes el Gobierno usará el 'per saltum' para pedir la nulidad del fallo por la Ley de Medios. |
El ministro de Justicia, Julio Alak, aseguró este jueves a
la noche que con el fallo adoptado por la Cámara Civil y Comercial Federal que
benefició al Grupo Clarín "se confirmó lo que veníamos denunciando",
y adelantó que el gobierno, a través de la Jefatura de Gabinete,
"solicitará la nulidad del fallo ante la Corte" a través del recurso
del per saltum.
"Mañana (por este viernes) se presentará el pedido de
nulidad ante la Corte a través del per saltum", porque "este fallo es
absolutamente arbitrario, con groseras autocontradicciones con el fin de
prolongar una medida cautelar absurda", sostuvo Alak en declaraciones al
programa oficialista 678.
La decisión puede constituir un nuevo error en la errática
estrategia que se dio el Gobierno para librar la pelea con Clarín y que después
de más de 4 años no ofrece ningún resultado de importancia.
Es que como anticipó el miércoles LPO, el Per Saltum es un
instituto con muy mala imagen en la Justicia, con el agravante que además es
innecesario. Es que cuando la Corte considera que hay "gravedad
institucional" puede abocarse a causas de otras instancias sin necesidad
de esa ley. Asó lo hizo en los 90 cuando tomó de un juzgado de primera
instancia la causa por la privatización de Aerolíneas Argentinas, que avaló.
Quienes conocen a la actual composición de la Corte
sostienen que difícilmente tome de buen grado el per saltum y no sería extraño
que lo rechace y le diga al gobierno que siga los carriles habituales de
apelación.
El problema -para el Gobierno- en este caso es que es la
propia Cámara Civil y Comercial la que debe conceder o no el recurso extraordinario
para llegar a la Corte y si lo rechaza el Gobierno debería presentarse en
queja. Todo esto son días sin definición en los que obviamente sigue vigente la
cautelar que favorece a Clarín.
El tremendo costo político de esta decisión es en rigor un
castigo autoinflingido por el Gobierno que impuso la fecha bisagra del 7D y
ahora se ve sometido al ridículo de que nada cambiará en ese día que se suponía
definitorio.
De manera que hasta que no se pronuncia el juez de primera
instancia Horacio Alfonso sobre la cuestión de fondo, esto es la
constitucionalidad del artículo 161 que obliga a desinvertir a los medios,
pocas novedades de peso deberían producirse en esta causa.
Alak aseguró que "faltan pocos días para que se dicte
sentencia de fondo, puede ser una semana, dos o tres, pero la aplicación de la
ley es inexorable" y añadió que "se confirmó hoy lo que veníamos
denunciando, donde un sector de la Cámara Civil y Comercial pretendió con
diversas maniobras procesales extender una medida cautelar por Clarín, una
cautelar eterna".
Para el ministro, los jueces "no interpretan el
espíritu de desmonopolización de la ley, al no convalidarla" y reiteró que
"vamos a plantear la nulidad de este fallo de dos jueces, uno de los
cuales, el doctor Francisco de las Carreras, está recusado penalmente por
dádivas y cohecho, tuvo los beneficios de haber viajado a Miami y él mismo lo
admitió ante el Consejo de la Magistratura".
Para Alak, "no se puede prolongar una medida cautelar
en la cual que la Corte dice que fenece mañana (por este viernes)", y
agregó que "encima (el fallo de la Cámara) otorga un plazo de un año y
mantiene la cautelar, algo que tiene una nulidad intrínseca absoluta".
Además el ministro explicó que la Cámara "tuvo la
voluntad de tomar la causa, cuando debe ser del Contencioso Administrativo,
porque es una causa de derecho público, no del derecho privado".
Admitió que "puede aplicarse una medida cautelar con un
decreto o un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) pero no por una ley del
Congreso de la Nación, a pedido de un grupo económico y que ya lleva tres
años".
Por último sostuvo que "no se trata de limitar la
libertad de expresión, sino que es un tema patrimonial de un grupo, pero a
nadie se le va a quitar la palabra" y manifestó que "es un grupo que
tiene una proporción gigantesca en la comunicación argentina que debe reducir
su participación a un 30 y pico por ciento, un porcentaje igualmente importante".
Informe: LPO
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