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| Michelle Bachelet asumirá el martes en un país exigente. |
Chile – El martes próximo, asumirá por segunda vez
la Presidencia de Chile en un país que se le presentará más exigente por la
desaceleración económica que viene experimentando y los problemas sociales que
se han expresado en numerosas manifestaciones por las calles chilenas. Bachelet
cuenta con una cómoda mayoría parlamentaria pero deberá enfrentar los notables
problemas sociales y los planteos que se le harán para que cumpla sus promesas
electorales.
Cuando el martes que viene Michelle Bachelet asuma de nuevo
la presidencia de Chile se encontrará con un país que experimenta una
desaceleración económica y en el que los ciudadanos, más conscientes de sus
derechos, le exigirán que cumpla su ambicioso programa de gobierno.
En los últimos años Chile ha experimentado un notable
despegue económico, pero también ha sido escenario de numerosas movilizaciones
a causa de problemas sociales que Bachelet aspira ahora resolver en este
segundo mandato.
Porque junto al auge económico -con tasas de crecimiento
superiores al 5 %, una baja inflación y un desempleo que ronda el 6 %-, la
pobreza y la desigualdad siguen siendo asignaturas pendientes en este país
sudamericano.
Además de su cercanía con la gente, la también exdirectora
de ONU Mujeres cuenta a su favor con una cómoda mayoría parlamentaria en ambas
cámaras y con la experiencia de haber lidiado anteriormente con conflictos
sociales como la revuelta estudiantil y las protestas por la implementación del
sistema de transportes de la capital.
En comparación con su primer mandato (2006-2010), Bachelet
dispone ahora de un respaldo político mucho más amplio, la Nueva Mayoría, una
alianza de partidos de centro e izquierda en la que conviven formaciones con
planteamientos ideológicos muy distantes, como la Democracia Cristiana y el
Partido Comunista.
Por primera vez en la historia moderna del país, Chile tiene
un gobierno dispuesto a introducir cambios sustanciales en el modelo neoliberal
que puso en marcha el régimen militar (1973-1990) y que se asentó durante las
administraciones de la Concertación (1990-2010) y de Sebastián Piñera
(2010-2014).
La principal promesa electoral de Michelle Bachelet fue
“terminar con la desigualdad” en una sociedad que goza de un sano crecimiento y
una envidiable estabilidad pero con enormes brechas en la distribución del
ingreso.
La Nueva Mayoría tiene los votos suficientes para aprobar
iniciativas legislativas que le permitan cumplir con sus compromisos
electorales, entre los que figuran la subida de los impuestos a las empresas,
otorgar educación universal gratuita y mejorar el sistema de pensiones y los
servicios públicos de salud.
Pero para aprobar una nueva Constitución necesita el apoyo
de la oposición de derechas, muy diezmada y dividida tras su fracaso en las
últimas elecciones presidencial y parlamentarias.
La holgada representación parlamentaria no significa, sin
embargo, que todo lo que proponga vaya a ser aprobado, dado la heterogeneidad
política de los partidos que integran la Nueva Mayoría y la necesidad de
alcanzar primero acuerdos internos, puntualiza Jorge Rodríguez, economista de
Corporación de Estudios para Latinoamérica.
Si el ritmo de expansión de la economía chilena se
desacelera considerablemente, el segundo mandato de Michelle Bachelet no tendrá
luna de miel.
Las protestas sociales que estallaron en 2011 con las
acuciantes demandas estudiantiles se han extendido por todo el tejido social.
El reto que Bachelet tiene ante sí es cómo hacer frente a
los nuevos movimientos sociales que han alzado la voz en estos cuatro años,
desde los estudiantes hasta los ecologistas, pasando por los ciudadanos de las
regiones aisladas y, desde hace mucho más tiempo, por los pueblos originarios.
Las altas expectativas de mejoras económicas y sociales para
los sectores más desfavorecidos generadas con su triunfo electoral, podrían
traducirse en una mayor expansión fiscal y ahondar el déficit en las cuentas
públicas, advierte el economista Alejandro Micco, próximo al equipo de la
mandataria.
En materia de relaciones exteriores, Bachelet tendrá que
afrontar la demanda interpuesta por Bolivia ante la Corte Internacional de
Justicia de La Haya en la que exige que Chile se avenga a negociar el
otorgamiento de una salida soberana para el país altiplánico que compense la
pérdida que sufrió en la Guerra del Pacífico, a fines del siglo XIX.
Además, bajo su administración se implementará el fallo del
alto tribunal de las Naciones Unidas que el pasado 27 de enero asignó a Perú el
dominio económico exclusivo de la zona marítima comprendida entre las 80 y las
200 millas siguiendo la línea equidistante a las costas de ambos países.
Y también tendrá que hacerse cargo de la controversia que
Chile y Perú mantienen respecto a la frontera terrestre, que según las
autoridades de Santiago está determinada por el llamado Hito 1, y según la de
Lima, por la Línea de la Concordia, situada un poco más al sur.
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